Un cardenal entre los 10 apuntados por el Vaticano por el escándalo inmobiliario

Ciudad del Vaticano

EFE

En un proceso inédito, impulsado por las reformas del papa Francisco, el Vaticano juzgará a diez personas por delitos vinculados a las inversiones inmobiliarias de la Secretaria de Estado en Londres, incluido el otrora poderoso cardenal Angelo Becciu, y además lo hará por primera vez con las nuevas normas aprobadas por el pontífice para acabar con el aforamiento de los altos cargos de la Iglesia.

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El cardenal Becciu y las otras nueve personas, incluidos trabajadores laicos y religiosos del Vaticano y figuras de las finanzas internacionales, además de cuatro sociedades, comparecerán el próximo 27 de julio en la primera audiencia del juicio acusados de delitos financieros como malversación de fondos, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

Francisco obligó a Becciu a renunciar a su cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a los derechos del cardenalato por su implicación en varios escándalos financieros.

Becciu, de 73 años y quien siempre ha mantenido su inocencia en el escándalo multimillonario que involucra la compra por parte del Vaticano de un edificio en uno de los barrios más ricos de Londres, se convierte en el más alto funcionario vaticano acusado de delitos financieros.

El cardenal, acusado de malversación y abuso de oficio también en concurso, así como de soborno, es sospechoso de ordenar pagos por valor de 575.000 euros a otra de las acusadas, Cecilia Marogna, y la investigación permitió comprobar que esas sumas “fueron utilizadas, en su casi totalidad, para realizar compras”, según el portal Vaticanews.

Además, se le achaca la financiación con fondos vaticanos de empresas de su hermano.

Sin embargo, el lo niega todo y asegura ser “víctima de una maquinación deliberada” que le ha expuesto “durante estos largos meses”, en los que “se ha inventado de todo” sobre él, “a una picota mediática sin igual (...), sufriendo en silencio, incluso por el respeto y la tutela de la Iglesia, a la que he dedicado toda mi vida”.

La investigación, iniciada en julio de 2019 a raíz de una denuncia del Instituto para las Obras de Religión y de la Oficina del Auditor General, ha contando con la colaboración de Fiscalía y el Núcleo de Policía Económico-Financiera de la Guardia de Finanzas de Roma, así como de las fiscalías de Milán, Bari, Trento, Cagliari y Sassari y sus secciones de Policía Judicial.

La instrucción del caso, para la que se emitieron comisiones rogatorias en Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Jersey, Luxemburgo, Eslovenia y Suiza, “ha permitido establecer una amplia red de relaciones con los participantes en los mercados financieros que han generado pérdidas considerables para las finanzas vaticanas, habiendo utilizado también los recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre”.

En total, la Secretaría de Estado invirtió más de 350 millones de euros en el inmueble londinense, según medios vaticanos, sin que se conozca al monto total de las pérdidas, aunque todos estos datos podrían salir a la luz durante el juicio, que se convertirá, sin duda, en un foco de interés mediático mundial.

La Secretaría de Estado ya ha anunciado que se presentará como parte civil en el proceso y que será representada por la exministra italiana de Justicia Paola Severino.

LAS NUEVAS REGLAS

Otras de las novedades del juicio es que se regirá por las nuevas normas emitidas el pasado 30 de abril en un “motu proprio” (documento pontificio) que asigna a la Justicia ordinaria del Vaticano los eventuales juicios penales a cardenales y obispos, hasta ahora competencia del Tribunal de Casación (Supremo).