Actitudes agresivas que empañan la convivencia en la campaña electoral

Es habitual y lamentable, por cierto, que algunas de las campañas electorales en nuestro país se vean condicionadas por la aparición de actitudes agresivas que, en muchas ocasiones, se reflejan no sólo en expresiones injuriosas sino, también, en ataques y en destrucciones a las cartelerías o, inclusive, a los locales pertenecientes a ocasionales adversarios. Frente a ellas es preciso discernir de otras expresiones de menor entidad, que podrían formar parte del folklore político y que no merecerían eventuales reparos.

Como se sabe, ahora una de las listas de la agrupación Juntos en la provincia de Buenos Aires, que se presenta para las próximas PASO, acaba de denunciar ante la Justicia Federal la destrucción de algo más de 100 carteles de campaña de su espacio en diversos puntos de nuestra ciudad, por considerar que esos hechos constituyen “violencia política”.

“Se le solicitó al juez que determine si hay delito electoral, ya que no podemos permitir estos hechos de violencia política”, dijeron referentes de una de las listas, quienes detallaron que a los carteles en los que aparecía la foto del principal candidato de ese sector le cortaron la cabeza.

Esto se suma, añadieron, “a los más de 100 pasacalles que destruyeron días atrás y a las amenazas que sufrieron jóvenes militantes que estaban en una mesa de debate en Los Hornos”, relató el dirigente. A pocos días de una elección primaria, genera lógica preocupación el nivel de tensión que reflejan estos episodios que, por lo pronto, no debieran repetirse ni propagarse.

La iniciación de un nuevo proceso electoral en la Argentina -circunscripto en esta instancia a la elección interna de candidatos de cada agrupación política- en una situación que es connatural al sistema democrático, no debe ser excusa para explicar ni justificar actos lesivos a la convivencia institucional. Tampoco nuestra ciudad, nacida justamente como prenda de concordia nacional, puede permitir verse convertida en escenario de discordias que a nada conducen y que significan, por lo pronto, una grave transgresión a los más sanos principios del civismo.

Si bien es verdad que el país vive desde 1983 en un sistema democrático y republicano, entre cuyas características principales figura la del respeto a los derechos y garantías elementales que la Constitución resguarda como bienes supremos, también es cierto que aparecen, en forma intermitente y aislada, episodios que sólo pueden inscribirse en los capítulos más negativos de nuestra historia.

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Está claro que quienes concretan estos ataques no se muestran predispuestos a crear un clima político de respeto hacia quienes no piensan como ellos. De allí que deba esperarse que la Justicia actúe con prontitud para individualizar a los responsables y aplicarles las sanciones que correspondan. Frente a situaciones como estas, el Estado no sólo tiene la obligación de investigar, sino además de garantizar la integridad y tranquilidad del proceso electoral en curso.

Este tipo de actos merece el más enérgico repudio de toda la sociedad. El país vivió una profusa y lamentable experiencia en épocas anteriores y, por consiguiente, resulta primordial que desde todos los sectores se alcen voces para condenar el accionar de quienes buscan por esta vía atentar contra pautas básicas de la convivencia civilizada.