El Presidente, imputado; junto a Fabiola y los invitados

La Justicia finalmente imputó al presidente Alberto Fernández en la causa en la que se lo investiga por haber violado la cuarentena que había establecido con su propio DNU, en julio de 2020, al participar del cumpleaños de Fabiola Yáñez junto a nueve invitados en la Residencia de Olivos.

El inicio del proceso criminal tuvo lugar luego que el jefe de Estado se presentara “por derecho propio” en la fiscalía y propusiera como “reparación” de lo que considera una falta, la donación de la mitad de su sueldo durante cuatro meses seguidos (ver aparte).

Empero, el fiscal federal Ramiro González, con asiento en Comodoro Py, decidió ayer al anochecer imputar al Presidente y al resto de los participantes en los festejos que tuvieron lugar aquel 14 de julio en el comedor de la quinta de Olivos - Fabiola Yáñez, Carolina Marafioti, Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Fernando Daniel Consagra, Rocío Fernández Peruilh, Federico Abraham y Stefanía Domínguez-, por la presunta violación de articulo 205 del Código Penal incluido en el citado decreto.

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En efecto, la medida dispuesta por el fiscal implica que el mandatario, y el resto, será objeto de una investigación penal por violar el decreto que él mismo había firmado y establecía el aislamiento social y prohibición de reuniones sociales, entre otras medidas, para impedir la introducción o propagación del virus.

Es decir, en principio no investiga al jefe de Estado por un “error” sino por un presunto delito. De todos modos, en caso de que se lo declare culpable, Alberto Fernández no corre riesgo de ir a prisión ya que el delito contempla penas menores que requiere el Código Penal para confinar al sentenciado. No obstante, el mandatario no ha podido eludir el impacto negativo del escándalo que estalló en plena campaña para las elecciones legislativas de noviembre, un examen para su gestión, que aún tendrá otros dos años por delante.

Antes de esta decisión del funcionario judicial se conoció la comunicación de Presidencia en la que se notificaba que “el presidente Alberto Fernández se presentó esta tarde a la Justicia por derecho propio y sin abogado patrocinante a los efectos de plantear la reparación del daño potencial que se hubiere causado ofreciendo depositar durante cuatro (4) meses consecutivos la mitad de su salario al Instituto Malbrán”.

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Lo hizo sin Gregorio Dalbón, que el lunes se había presentado como su letrado y con quién había diagramado la estrategia judicial en una reunión celebrada el sábado por la tarde en la Residencia presidencial.

Ayer por la mañana el mediático abogado había cuestionado duramente al fiscal González –a quien trato de “coimero”- y al juez Sebastián Casanello, en lo que pareció un prematuro descargo. Al anochecer, conocida la decisión del primer mandatario, comunicó a través de su cuenta a de Twitter, que “el Presidente se presenta como un ciudadano común. Donará al Malbrán y siego siendo su abogado para causa que sean delito. Fin de la estrategia”.

En verdad, Dalbón de alguna forma confirmó la estrategia defensiva adelantada por este diario en su edición del martes pasado: presionar al fiscal para que acepte una instancia de conciliación en la que Fernández ofrece donar parte de su salario al centro de investigaciones médicas. Hoy el primer mandatario cobra una suma mensual de $315.200. Anoche fuentes oficiales reiteraban que la propuesta se originaba en la creencia que su participación del festejo de la primera dama “técnicamente no es un delito”.

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La tesis oficial considera que el jefe de Estado no infringió el Código Penal y que la Justicia debería investigar un “delito de peligro abstracto” por no haberse producido contagios de coronavirus entre los participantes del festejo.

Lo cierto es que la fiscalía no investiga una inconducta o un “error” sino el presunto incumplimiento del artículo 205 que incluía el mencionado DNU, que sanciones que van de los 6 meses a 2 años” de prisión para que “el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

En principio no se investiga al jefe de Estado por un “error” sino por un presunto delito

Lo cierto es que la causa judicial ha generado preocupación en el oficialismo al igual que su eventual impacto electoral.

Una de las funcionarias que desde que estalló el escándalo ha guardado un sugerente perfil bajo es Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, y custodia de la “firma del Presidente”. Hace tiempo no hace manifestaciones públicas, tampoco se la ve por los pasillos de la Casa Rosada y se desconoce si ha asesorado al jefe de Estado en su defensa legal.

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