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Lucio Garay Méndez
Analista de EcoGo Consultores
Entrados en la última parte del año, el gasto fiscal pisa el acelerador en medio de la carrera electoral, presionando sobre un déficit del que estimamos que queda financiar $950.000 millones (2,2 por ciento del PIB, en línea con nuestra estimación de 3,1 por ciento para todo el 2021) y que se suma a los $830.000 millones de vencimientos de deuda en pesos con privados, entre septiembre y diciembre.
Estas necesidades se enfrentan con una Secretaría de Finanzas que, con el correr de las licitaciones, tiene más dificultades para conseguir pesos y el margen para pedir asistencias al Banco Central se vuelve más chico.
Luego de 14 meses de conseguir financiamiento neto positivo, en agosto se cortó la racha y las colocaciones no alcanzaron para cubrir la totalidad de los vencimientos, el ratio de rollover fue del 96 por ciento. Si observamos lo sucedido exclusivamente con el mercado, las colocaciones con acreedores privados cayeron en el mes, dando como resultado en agosto un ratio de rollover con privados de solo 86 por ciento, lo que equivale a una cancelación neta de deuda en pesos de alrededor de $40.000 millones.
Este bache de menor participación privada fue cubierta por un mayor aporte de organismos públicos, en los que se incluye la ANSES y el Banco Nación, entre otros, en una marcada tendencia de aumento de la deuda intra-sector público.
Luego de una primera licitación fallida donde la estrategia consistió en ofrecer instrumentos de largo plazo indexados y una segunda licitación aceptable en la que volvieron a aparecer los instrumentos cortos y con la novedad de establecer un piso en la tasa, Finanzas optó por repetir esta última estrategia. Sin embargo, la demanda privada por estos instrumentos estuvo lejos de cumplir con las expectativas del Gobierno, que empieza a perder margen de maniobra.
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Agosto deja a la vista que el problema no estaría en los instrumentos, ya que ninguno recibió mucho interés (salvo los instrumentos que vencen antes de las elecciones de noviembre, pero que el plazo remanente se agota), sino en el “riesgo Tesoro”, en un contexto preelectoral donde la cuenta de pesos se pone fina.
Con respecto a las asistencias del Banco Central, a menos que el Gobierno convalide un salto en el tipo de cambio de manera tal que crezca por encima de la inflación, las utilidades disponibles para transferir al Tesoro serían nulas, sumado a que seguramente completen el uso del remanente en el año. Entonces, dejando las utilidades fuera de la ecuación, el otro límite a tener en cuenta son los Adelantos Transitorios (AT). El margen del año próximo son solo $0,7 billones, 1,1 por ciento del PIB, que podría estirarse hasta $1,4 billones, o 2,2 por ciento, si en lo que resta de este año no se utilizan más AT.
Para 2022 queda un límite potencial de financiamiento monetario de $1,1 billones (1,7 por ciento del PIB), si el Gobierno sigue rolleando en torno al 120 por ciento promedio que acumula en lo que va del año. Es por esto que el menor margen de la cuenta de pesos en 2021 también complica la cuenta de pesos en 2022, donde nuestra primera proyección de déficit primario para el próximo año se ubica en 2,7 por ciento del PIB.
Frente a este escenario, la necesidad de presentar un plan de consolidación fiscal, que genere confianza y dé mayor previsibilidad, se vuelve imperioso. El mix entre gastos en términos reales (excluyendo las erogaciones especiales por la pandemia) estables desde el comienzo de gestión, sumado a los ingresos extraordinarios (Derechos de Exportación más altos por el alza en los precios internacionales de los commodities y Aporte Solidario) hacen posible una fuerte reducción del déficit que no es acompañada por un discurso que lo avale.
La connotación negativa que tiene “reducir el déficit” aleja un escenario de mayor estabilidad y de menor dependencia al resultado de cada una de las licitaciones o al margen de financiamiento monetario del Banco Central.
Este punto seguramente sea uno de los que trate el demorado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dado el escaso margen que tienen, no debería posponerse más allá de 2021.
“La necesidad de presentar un plan de consolidación fiscal, que genere confianza y dé mayor previsibilidad, se vuelve imperioso”
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