Fiscal pidió suspender los planes sociales bajo la lupa

El fiscal federal Guillermo Marijuán presentó ayer una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py a los fines de investigar si (como surgió de un informe de la AFIP encargado por el ministerio de Desarrollo Social) se cometió una millonaria defraudación al Estado Nacional a través de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Según trascendió, se calcula que más de 250 mil inscriptos cobraron esa contraprestación sin deber cobrarla y que ese universo va desde personas fallecidas a otras que recibían los 29.850 pesos mensuales del plan pese a ser dueños de aeronaves o autos cero kilómetro, haber comprado dólares en los últimos seis meses o ser dueños de más de una propiedad.

Tras tomar conocimiento de esas irregularidades, y luego de un análisis preliminar previo, el fiscal pidió que una vez que sea impulsada la investigación penal se suspendan todos los planes cuestionados y que además se ordene un reempadronamiento de los beneficiarios para evitar la comisión de nuevas defraudaciones al Estado. Algo que, llegado el caso, deberá decidir el juez Daniel Rafecas, en quien recayó la denuncia.

En detalle

Marijuán, como se dijo, basó su denuncia en el informe que la AFIP remitió al ministerio a cargo de Victoria Tolosa Paz. De donde surge que, de un total de 1.383.279 beneficiarios de planes sociales analizados surge, 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil. También que 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales, de los cuales 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave y 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad. Además, que 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación; en tanto que 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros. Otros 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera; 209 poseen medicina prepaga o cobertura social; e incluso, 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.

Esas y otras inconsistencias aparecen en el documento que leyó Marijuán antes de ir a Comodoro Py, donde advirtió que “la acción delictual defraudatoria al Estado Nacional se vería perpetrada por cada beneficiario que habría engañado a la Administración Pública presentándose como un sujeto en condiciones de carencia económica para recibir una ayuda”.

El fiscal Marijuán reclamó, a su vez, que se ordene al Ministerio de Desarrollo que informe qué medidas adoptó desde el momento en que recibió el documento de la AFIP, como así también que se llame a declaración testimonial a sus funcionarios y se requiera al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que detalle cómo evita –o debería evitar- que beneficiarios de planes sociales compren dólares.

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