Confirman una pena de 13 años de cárcel a la jujeña Milagro Sala

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a 13 años de prisión impuesta a comienzos de 2019 a la dirigente social Milagro Sala, como autora, entre 2003 y 2015, de delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, confirmaron fuentes jurídicas.

El alto tribunal rechazó un recurso extraordinario que había presentado la defensa de la también referente de la comunidad indígena: “No se ha demostrado mínimamente la configuración de alguno de los supuestos habilitantes de la competencia extraordinaria de esta Corte”, expresa la resolución.

Al finalizar el juicio “Pibes Villeros”, contra la dirigente social -afín al peronismo kirchnerista- y otros 29 imputados, el 14 de enero de 2019 un tribunal de la provincia de Jujuy (norte) condenó a 13 años a Sala por el presunto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas.

La dirigente de la organización política Tupac Amaru fue considerada “jefa de una asociación ilícita” y coautora de “fraude a la administración pública” y “extorsión en concurso real”.

En junio pasado, el presidente argentino, Alberto Fernández, denunció un sistema de “clara persecución” en contra de Sala, desde 2016 detenida “de manera arbitraria”, dijo. Ayer lo reiteró tras conocerse el fallo.

El mandatario, que viajó hasta Jujuy para visitar a Sala, que en ese momento estaba ingresada en un hospital por una trombosis en la pierna, reclamó que la activista sea juzgada “respetando las leyes argentinas” y sin “presiones políticas” o “finalidades persecutorias”.

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“Milagro ha soportado alrededor de cinco o seis juicios orales, tiene elevación de juicio de otros cinco procesos y tiene algunas causas más que, si no me equivoco, suman 17. Todo esto lo que da cuenta es de un sistema que se ha instaurado en torno a Milagro Sala de una clara persecución”, lamentó Fernández.

La marcha de las causas

La activista fue detenida en enero de 2016 en Jujuy, poco más de un mes después de la asunción presidencial de Mauricio Macri (2015-2019), cuando fue acusada de instigación al tumulto durante una protesta contra el gobernador provincial, Gerardo Morales, aliado del entonces mandatario nacional y opositor al peronista Fernández.

En 2019, Sala fue condenada en primera instancia por el presunto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas, pero ese fallo fue apelado. Aunque llegó a estar internada en penales comunes, actualmente aguarda en prisión domiciliaria la evolución de esa causa y el resto de procesos en su contra.

El fallo está firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Para los cuatro miembros de la máxima instancia judicial del país, la defensa de Sala “elude rebatir los argumentos que convalidaron esos hechos, suficientemente determinados por los jueces de la causa”.

Sala, desde su domicilio en el barrio de Cuyaya de la capital jujeña, donde se encuentra detenida por motivos de salud, llamó a “tomar consciencia” de lo que consideró una ofensiva contra las mayorías populares. “Me hago eco de lo que dijo Cristina (Kirchner): que no solo venían por nosotros, sino que vienen por el pueblo”.