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Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Graciela Ocaña son algunas de las dirigentes de la oposición que se presentan ante la Justicia por la desobediencia al fallo de la Corte
La líder del pro, patricia Bullrich, denunciará al gobierno / web
“Tienen que ir presos”, definió ayer Patricia Bullrich, al anunciar la denuncia que presentará hoy contra el Gobierno por “sedición y traición a la Patria”, luego de la decisión de desobedecer el fallo de la Corte sobre la devolución de fondos a la Ciudad de Buenos Aires.
La presidenta del PRO difundió oficialmente, a través de su cuenta de Twitter, la presentación judicial que radicará junto a los diputados de su espacio Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.
El texto apunta contra el presidente, Alberto Fernández, Axel Kicillof y otros 17 gobernadores que acompañaron la postura de desobedecer el fallo judicial, a quienes acusa por los delitos de “sedición y traición a la Patria”.
“Desobedecer a la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional”, definió Bullrich sobre la medida que anunció el gobierno de no acatar el fallo del máximo tribunal para restituir a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fondos de coparticipación que había redireccionado a la provincia de Buenos Aires en 2020, en medio de la crisis con la Policía Bonaerense.
La denuncia que presentará esta mañana la exministra de Seguridad y aspirante a la presidencia en 2023 es de carácter penal. Según consignó en el texto de la presentación que difundió ayer, la decisión de Fernández de desobedecer a la Corte es pasible de ser penada por el artículo 230 inciso 2 del Código Penal, que indica: “Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código”.
Para los denunciantes, el incumplimiento del fallo implica “una disminución en los fondos coparticipados que le corresponden a la Ciudad, lo cual, además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma y resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo”.
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El escrito prosigue: “La actuación del Estado Nacional es una transgresión a la Constitución Nacional, artículos 122, 123 y 129 (autonomía de la Ciudad); artículo 75, inciso 2°, párrafo 5 (carácter bilateral de las transferencias de competencias y recursos); y artículo 5° (garantía federal sobre competencias naturales de la Ciudad Autónoma)”.
Según Bullrich, “para que sea posible vivir en paz en sociedad”, hay que someterse al “dulce yugo de la ley” y nuestra ley fundamental, la Constitución Nacional, establece un sistema por el cual la resolución de conflictos, particulares o públicos, está en manos del Poder Judicial. “Que las más altas autoridades nacionales y provinciales se pronuncien de manera descomedida y agresiva contra un fallo de la Corte, incitando y justificando su desobediencia, importa una grave ruptura del orden institucional y la puesta en crisis del sistema que garantiza la vida en paz en la sociedad”, advirtió.
Como ya publicó este diario, la dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió también anunció la semana pasada la presentación de una denuncia contra Fernández, el ministro de Economía, Sergio Massa, el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, Los acusa de desobediencia, alzamiento, e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La denuncia también apunta al ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, el jefe de Gabinete Juan Manzur, y el ministro de Economía Sergio Massa.
El escrito lleva las firmas del presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, el jefe de diputados nacionales del partido, Juan Manuel López, y las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad, Paula Oliveto y Mariana Zuvic. A su vez, firmaron los legisladores porteños de la CC Facundo del Gaiso; Hernán Reyes; Cecilia Ferrero y Lucia Romano, como así también el presidente del partido por el distrito, Claudio Cingolani.
“Resulta absurdo y contradictorio que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el Tribunal a cuya jurisdicción se sometieron, aceptando así su competencia e integración”, dice la denuncia. Y agrega: “Entonces, resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehuse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el solo hecho de resultar adverso a sus pretensiones”.
En tanto, la diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña también presentó una denuncia penal contra el Presidente y varios de sus funcionarios, por los delitos de sedición, incumplimiento de funcionario público y desobediencia tras el desacato del Gobierno al envío a la Ciudad de los fondos de coparticipaciónordenado por la Corte.
En particular, la opositora puso el foco sobre el rol del ministro de Economía, Sergio Massa, y la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, la principal responsable de girar el monto indicado por el máximo tribunal.
En declaraciones radiales, la legisladora sostuvo: “Incluimos en la denuncia a Batakis, a Massa y al secretario de Hacienda, todos ellos funcionarios responsables de ejecutar el fallo. Principalmente Batakis y todo su directorio. La resolución de la Corte contiene la manda de que el Banco Nación deposite diariamente a favor de la Ciudad”, explicó.
Y añadió: “Por ello pedimos sanciones económicas para la presidenta, el directorio y el gerente general del banco y la detención de ellos en caso de que incumplan con la Justicia”.
Según Ocaña, el delito es de “sedición”, porque se configura cuando un poder del Estado se levanta contra, desconociendo su potestad. “El kirchnerismo llevó al Presidente a esta situación que va a tener graves consecuencias”, aseguró y advirtió por hoy: “El lunes, si los fondos no están depositados, vamos a ir contra todos, porque no solo están involucrados el Presidente y el jefe de Gabinete, sino los ministros y los gobernadores”.
“Desobedecer a la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional”
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