Sin reacción frente a los menores armados que delinquen en la Ciudad

Sin considerar los alcances particulares del caso, el violento ataque “piraña” realizado en una heladería de 13 y 57 -por diez menores que ingresaron al local, hirieron en la cabeza al único empleado que entonces atendía y lo despojaron de la recaudación y de su teléfono celular-, puso otra vez sobre el tapete el tema de la participación de menores de edad en robos, asaltos a mano armada y en otros graves delitos, en una situación que se viene presentando en forma creciente en los últimos años, tanto en nuestra ciudad como en diversos distritos del país.

Como es sabido, se conoce en la jerga urbana como banda de pirañas a los ataques que cometen grupos de menores contra distintos locales comerciales o en otros tipos de asalto, que se perpetran asaltos con rapidez y con la participación, en su mayoría, de muchos chicos. Se trata de una más de las diversas modalidades delictivas que hoy acosan a la población, condicionada, claro está, por la inimputabilidad legal de sus protagonistas.

En el caso mencionado, frente a la violencia desplegada por los asaltantes –uno de ellos esgrimía un arma de fuego con la que le dio varios culatazos al comerciante- la situación no de desembocó por milagro en un desenlace más grave. Según se informó después, la víctima del asalto de 27 años de edad estaría decidida a renunciar a su trabajo por temor a enfrentar un episodio similar.

Conviene primeramente insistir en que se advierte por parte del Estado una suerte de desinterés –reflejado en una ostensible inacción- sobre la existencia de menores que se ocupan de delinquir y, a partir de allí, en la sociedad, a un acostumbramiento de no pocos sectores frente a este fenómeno. Por ejemplo, no sorprende ya que chicos o chicas que apenas frisan los 10 años de edad o un poco más, esgriman armas blancas o de fuego para concretar los robos. O que conformen bandas para asaltar, utilizando para ello la modalidad “piraña” que suele presentarse en la zona céntrica platense.

Se han reiterado también fundamentos acerca de la necesidad de que existan en la Provincia y en el país políticas preventivas y de inclusión integral para alejar a los menores del delito. Se sabe que existen condicionamientos que ejercen una indudable y creciente influencia –desde luego que negativa- sobre los menores de edad. Se habla aquí de la incidencia que alcanza hoy el narcotráfico y, como derivación, el mayor y temprano consumo de drogas, entre otros factores que gravitan, relacionados fundamentalmente al crecimiento de los índices de pobreza.

A ese universo juvenil, si se quiere desorbitado y privado de rumbos certeros, se le puede sumar la actitud aviesa de muchos mayores que se aprovechan del estado de inimputabilidad penal de los menores, instándolos a delinquir. La cuestión está lejos de agotarse en el país mediante debates por la imputabilidad de los menores, ya que la diversidad de factores que inciden es previa a cualquier definición en ese sentido.

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El silencio de la política

En la década del ‘90 la Provincia decidió evolucionar del viejo sistema de la Minoridad, que preveía una política de tipo correccional que disponía no sólo la privación de libertad por la comisión de un delito sino también por razones de peligro moral, trocándola por una que apuntara a una mayor prevención y reconocimiento de los derechos de los menores. Sin embargo, este cambio no se ha podido plasmar hasta ahora y persisten muchas graves situaciones de total abandono para la infancia y adolescencia.

Se ha dicho muchas veces aquí que el hecho de que la solución de fondo no pase por el despliegue de una intensificación de las acciones policial y judicial no exime al Estado -ni a la sociedad misma- de la obligación de atender a la niñez y adolescencia con mucho mayor presencia preventiva, profundamente educativa y, cuando sea necesario, con esmerados planes de asistencia. Algunas experiencias de tipo social y deportivas resultaron notablemente exitosas en este sentido en los últimos años.

Una mayor inclusión de esos niños y jóvenes en actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas o recreativas, podría apartarlos del delito y de la incidencia de la droga, abriéndoles, además, perspectivas concretas de un futuro mejor.