La “foto política” y las dudas que alcancen los votos para el objetivo

Pese a la imposibilidad de poder aprobarlo en Diputados, Alberto Fernández igualmente convocó hoy a un grupo de gobernadores peronistas para impulsar el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rossatti. Para la oposición se trata de una avanzada más del oficialismo contra la Justicia en la búsqueda de la “impunidad” que lo aleja de la agenda que importa a los argentinos, como la lucha contra la inflación y la inseguridad.

Se trata de una nueva “foto política” que intentará exhibir el Presidente en su nuevo embate contra el máximo tribunal luego de conocerse la resolución que beneficiaba a CABA en el reparto de la Coparticipación y los chats, filtrados ilegalmente, que presuntamente mostraban a un colaborador de Rosatti suministrando información sensible de la Magistratura al ministro porteño Marcelo D`Alessandro (Seguridad). Pero sería una presentación “en abstracto” en la comisión de juicio político de la cámara baja, órgano acusatorio previsto por la Constitución, ya que hoy el oficialismo no cuenta con los votos de las dos terceras partes del cuerpo para iniciar el proceso.

Al cierre de esta edición, en Casa Rosada trabajaban para reunir hoy a las 10 al menos a los catorce mandatarios provinciales, algunos vías teleconferencia, que firmaron hace dos semanas el rechazo al fallo que reintegraba los recursos a la capital federal. Es sabido que varios de esos mandatarios peronistas, como el sanjuanino Sergio Uñac, tienen un buen vínculo con los integrantes del alto tribunal. Pero el Presidente adelantó que intentarán abrir un expediente contra el ex ministro de Justicia por “mal desempeño en sus funciones”.

Para ello hoy intentará consensuar un texto con el objetivo de enviarlo a la comisión de juicio político de Diputados, que preside la oficialista Carolina Gaillard. La legisladora entrerriana explicó ayer que la decisión de Alberto Fernández “es una de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo para investigar” el posible mal desempeño de los magistrados y afirmó que “el bloque del Frente de Todos tiene mayoría” en la comisión para tramitar “la apertura” del sumario”.

diálogo quebrado

Sin embargo, en Juntos por el Cambio ponen en duda que haya intención de avanzar con el trámite puesto que, como se dijo, no tienen número para votarlo en el recinto. En verdad, hoy continúa quebrado “el diálogo institucional” con la oposición y ello impide por ejemplo que sea ratificada como presidenta de la Cámara la massista Cecilia Moreau (una moción que se aprueba con mayoría simple).

Producto de esta situación, el jefe de Estado ha postergado el envío del temario anunciado para tratar en sesiones extraordinarias del Congreso.

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“Es una jugada arriesgada para el oficialismo abrir la comisión porque hay varios pedidos de juicio político contra el Presidente. No vaya a ser cosa que les salga en contra”, ironizó ante este diario el diputado Alvaro González (PRO), secretario de dicha comisión, que se mostró escéptico respecto a un pronto funcionamiento del cuerpo legislativo y arriesgó que recién podría haber actividad en febrero próximo.

“Me parece un disparate iniciar este proceso porque no gusta un fallo o se excusan en una maniobra ilegal, como estos chats que han trascendido. Es legitimar a un grupo de tareas que `chupó` las comunicaciones de D`Alessandro y del diputado Diego Santilli”, abundó.

El otro secretario de la comisión por la oposición, Omar De Marchi (PRO), coincidió en que el Frente de Todos “no tiene una mayoría para iniciar el juicio en Diputados. Esto lo único que provoca es sumar violencia política de parte de un Gobierno desorientado”.

El diputado mendocino, también armador en el interior de la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, consideró que muchos gobernadores peronistas “están viendo cómo le escapan al bulto” de la intentona de Alberto Fernández contra el titular del máximo tribunal. “No creo quieran firmar un juicio político contra la Corte salvo (Axel) Kicillof, que está más ideologizado”, apuntó a este medio.

Durante la víspera JxC sentó posición como coalición, a través de un comunicado, en el que indicó que la estrategia del jefe de Estado “es un nuevo ataque que pretende amedrentar y socavar a los poderes del estado” y recordó que “así como no pudieron (avanzar) con la reforma judicial, la Procuración general y la ampliación de la Corte a 25 miembros, tampoco podrán” con esta medida.

En este sentido, el conglomerado opositor remarcó que el único objetivo del proceso es “la búsqueda de impunidad” y que va en contra de la necesidades urgentes de la población como lo son la lucha contra la inflación y la pobreza.