Puntos clave del proyecto contra los jueces

El Presidente y 1os gobernadores advirtieron que existe el peligro de avanzar hacia un “gobierno de los jueces” y acusaron a los integrantes de la Corte Suprema de “invadir arbitrariamente las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes” del Estado, afectando “seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional”.

En el documento que girarán a la Cámara de Diputados para impulsar el juicio político a los miembros de la Corte, pidieron que se disponga lo pertinente para impulsar la apertura del proceso contra los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

El escrito de 36 páginas fue difundido por la Presidencia tras la reunión. Reivindica la división de poderes y advierte que “si se traspasan los límites” que debe haber “existirá un muy corto camino hacia el denominado ‘gobierno de los jueces’, violatorio del sistema de distribución de competencias y de contrapesos diseñado por los constituyentes”.

En la nota dirigida a la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, Ana Carolina Gaillard, piden a la “Honorable Cámara de Diputados de la Nación que, en cumplimiento de su rol acusador ante la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, disponga las medidas necesarias para llevar adelante el proceso de juicio político contra los magistrados mencionados por los motivos y hechos que se expondrán a continuación”.

En ese sentido, l oficialismo aseguró que pide investigar a los jueces del tribunal porque “en tiempos recientes hemos sido testigos de una inadmisible degradación del sistema institucional de nuestro país, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes”.

El pedido de enjuiciamiento recién se podrá tratar cuando el Gobierno envíe la convocatoria a sesiones extraordinarias, lo cual sucederá en los próximos días, adelantaron funcionarios del Ejecutivo.

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Tras su habilitación, la comisión de Juicio Político deberá definir por mayoría simple la apertura del periodo a prueba, en la cual reunirá la documentación y citará a testigos para determinar si corresponde o no promover la acusación ante el Senado.

El oficialismo cuenta con los votos necesarios en la comisión, pero no en el recinto.