Presidente al ataque: los jueces, “únicos privilegiados”

Tras el anuncio oficial de su gobierno de que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias para avanzar con el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, el presidente Alberto Fernández redobló ayer su ofensiva verbal contra el Poder Judicial: afirmó que en la Argentina “los únicos privilegiados son los jueces”.

Nada tenía que ver el ámbito en el que habló con el tema. Fernández aprovechó una incursión en Mar del Plata a propósito de la ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a niños y niñas sin cuidados parentales. La frase textual fue: “Evita vivió en un país donde los únicos privilegiados eran los niños y hoy estamos en un país donde los únicos privilegiados son los jueces”. Un rulo rarísimo. Antes había dicho: “Desde chiquitos escuchamos y aprendimos que donde hay una necesidad hay un derecho, a pesar de lo que dice algún juez”.

Fernández se ha puesto al frente de la ofensiva para esmerilar a la Corte Suprema, una batalla impulsada por el kirchnerismo duro desde hace mucho tiempo. Vale recordar el proyecto del año pasado impulsado por la vicepresidenta Cristina Kirchner para que los magistrados paguen Ganancias. No pasó el filtro de Diputados.

¿otros objetivos?

Es casi imposible que el juicio político a los ministros de la Corte prospere en el Congreso porque el oficialismo no tiene los números necesarios en las cámaras, pero la estrategia sería avanzar todo lo que se puede en la comisión de Juicio Político de Diputados para exponer a los magistrados allí y, por otro lado, descerrajar este tipo de ofensivas verbales que repite todo el tiempo la tropa militante. Sembrar dudas, plantear supuestas preferencias. Como aquella pulseada finalmente perdida para que los jueces paguen Ganancias, donde también se habló de privilegios.

El Presidente, que antes de asumir había prometido “dejar trabajar a la Corte”, se pintó la cara en este tema luego del fallo del máximo Tribunal que ordenó a su Gobierno restituir a la Ciudad de Buenos Aires un porcentaje de los fondos que le había quitado durante la pandemia, en forma unilateral, para dárselo a la Provincia de Buenos Aires. Eran tiempos en que Axel Kicillof afrontaba una suerte de levantamiento policial por cuestiones salariales y no tenía dinero para afrontar el reclamo.

Alberto primero amenazó con no acatar el fallo, generando rechazo dentro de su propio gabinete, y luego propuso pagar en bonos la diferencia de esos recursos. Algo rechazado de plano por el damnificado de aquel guadañazo: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Así, Fernández juntó a ciertos gobernadores afines a la Casa Rosada y consiguió emitir un documento -lo firmaron 14 mandatarios- cuestionando la resolución de la Justicia.

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Sin embargo, la embestida contra la Corte siguió: primero pidiendo el juicio político contra el presidente del Tribunal, Horacio Rosatti, y luego haciéndolo extensivo al resto de los magistrados. Ese paso, sin embargo, contó con el apoyo de 11 gobernadores peronistas, algunos menos de lo que habían formado aquel comunicado crítico.

Lo que le han criticado mucho a Fernández es que haya usado como uno de los motores de sus cuestionamientos a Rosatti unos chats obtenidos en forma ilegal del teléfono de un secretario del juez, que no tendrían ninguna validez jurídica en un tribunal por estar viciados en su origen. O sea, escuchas que no fueron ordenadas por ningún magistrado sino provistas por algún turbio sistema de espionaje vinculado al Estado.

En su desesperación por iniciar el trámite en el Congreso el Gobierno consiguió que un juez federal acepte esas escuchas ilegales en forma de denuncia para pedir el secuestro del teléfono del colaborador de Rosatti. Es el juez de Santiago del Estero Guillermo Molinari.

No sorprende: el mandamás de esa provincia, Gerardo Zamora, que tiene un parentesco con ese juez a través de su esposa, la senadora Claudia Ledesma Abdala, es uno de los más enconados gobernadores contra el fallo de la Corte que benefició a la CABA y es quien hizo la denuncia por lo del celular. Que, por cierto, no se pudo efectivizar porque el colaborador de Rosatti está en el exterior. Zamora es, además, gran alfil de Cristina Kirchner, de quien nadie duda que está atrás de toda la movida o por lo menos la avala. Molinari, al final, debió declararse incompetente ayer y dejó el caso en manos de su colega porteño, Ariel Lijo, que maneja un expediente con un tema similar.

El silencio del tribunal

La Corte Suprema no se ha expresado hasta el momento haciendo gala de su estilo: mucha paciencia y hablar a través de sus fallos.