Tarjetas de la Legislatura: vuelco en la causa “Chocolate” Rigau, que podría volver a la cárcel

A poco más de una semana para las elecciones presidenciales del 22 de octubre, la causa contra Julio “Chocolate” Rigau dio ayer un sorpresivo vuelco cuando la Cámara de Casación Penal bonaerense dejó sin efecto el fallo que había anulado la investigación sobre el puntero del PJ detenido (y luego liberado) en un cajero automático de La Plata con casi 50 tarjetas de débito ajenas en su poder y más de un millón de pesos que pertenecerían a contratos de la Legislatura provincial. Ahora, el único acusado en este caso podría volver a la cárcel y la Fiscalía quedaría en condiciones de avanzar con varias medidas de prueba. Entre ellas, una que para los investigadores resulta clave a la hora de intentar desenredar la trama política que se ocultaría tras el denunciado: el peritaje de su teléfono celular, algo que la defensa cuestiona.

Esto es porque los jueces de Casación, María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, revocaron, en muy duros términos, la decisión de la Sala de la Cámara de Apelaciones que, con los votos de Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, días atrás admitió un habeas corpus de la defensa y anuló toda la causa. Para Casación, con aquel polémico fallo los magistrados se excedieron en su competencia y actuaron basados en una interpretación de las normas vigentes reñida con la ley, la jurisprudencia de la Corte e, incluso, la lógica.

Por caso Budiño y Mancini advirtieron que los camaristas actuaron “excediendo los límites normativos que determinaban su capacidad material de conocimiento y, por tanto, sin tener habilitada su jurisdicción” y reforzaron: “En definitiva, al resolver el habeas corpus presentado por la defensa, la Cámara Departamental actuó por fuera de la competencia que tiene atribuida legalmente y, por tanto, sin jurisdicción”.

Concretamente, para la Casación Penal -el máximo tribunal penal de la provincia, sólo por debajo de la Suprema Corte bonaerense-, los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo resolvieron “por fuera de su jurisdicción”, por lo que beneficiaron a Rigau excediéndose en sus atribuciones, lo que quedó evidenciado en un análisis legal y jurisprudencial.

Tras este fallo, que admitió la apelación del fiscal general Héctor Vogliolo y de la querella, “Chocolate” Rigau quedó a un paso de volver a prisión. Aunque eso dependerá de lo que resuelvan la fiscal Bettina Lacki y el juez de Garantías Guillermo Atencio, quien en las últimas horas hizo lugar a un planteo de la defensa y suspendió el peritaje al celular del puntero peronista.

En tanto, la fiscal Lacki quedó en condiciones de darle un nuevo impulso a la investigación y podría avanzar con la batería de medidas de prueba que solicitó la semana pasada. Entre ellas, el peritaje de los mensajes y llamadas de Rigau, algo que hace temblar a la política bonaerense que, sin distinción de espacios políticos, ha guardado un largo silencio sobre el caso.

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La apertura del celular de “Chocolate”, sin embargo, no sería inmediata, ya que el juez Atencio tiene que resolver un planteo de nulidad que recibió de la defensa.

En tanto, los abogados que defienden a Rigau insistieron en que el teléfono del puntero sigue siendo intocable. Aseguraron que pese al rechazo de la nulidad dictada por la Cámara, el fallo “no dice nada respecto del celular y su apertura, ordenada por el juez Atencio, está objetada y no se puede hacer”. Agregaron que la pericia queda supeditada a lo que ahora resuelva la Cámara y, enventualmente, Casación, si se sigue la vía recursiva. Además, anticiparon que interpondrán recurso ante la Suprema Corte bonaerense contra la resolución de Casación.

Mientras, la fiscal buscará avanzar también con la investigación de la cadena de responsabilidades detrás del puntero y averiguar cómo se movieron los fondos millonarios en efectivo que pasaron por las manos de Rigau. Lo que busca la representante del Ministerio Público es determinar posibles complicidades de las autoridades, ya sean de un espacio político o administrativas de la Cámara de Diputados de la provincia. A la par que pretende determinar de qué trabajan los supuestos empleados que percibían 580.000 pesos mensuales y le habrían dado sus tarjetas de débito a Rigau para que les cobrara el sueldo.

Sólo a través de “Chocolate”, la fiscalía calcula un desvío de fondos públicos que podría trepar a los 27 millones de pesos por mes.