La causa "Chocolate" y una decisión judicial que pone en alerta a la política

La decisión de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de dejar sin efecto el fallo que había anulado la investigación sobre el presunto desfalco a la Cámara de Diputados bonaerense protagonizado por Julio Rigau, vuelve a poner en alerta a la política bonaerense en general y al peronismo en particular, partido en el que milita “Chocolate” con categoría de puntero jerarquizado.

El mundillo político apostaba a cierta dilación de la decisión del máximo tribunal penal -por encima sólo está la Suprema Corte- hasta después de las elecciones. Pero la Cámara, aseguran fuentes del tribunal, prefirió despegarse de cualquier especulación: si fallaba la semana próxima, tan cerca del comicio presidencial, podría ser sospechada de tratar de influir en el resultado del domingo 22; si lo hacía después, podría ser sindicada como funcional a un sector que siente que el “Chocolate-gate” afloró como una incomodidad en plena campaña y por eso había que dormirlo.

Así, los magistrados de Casación María Florencia Budiño y Fernando Mancini (Sala III) revocaron la decisión de una sala de la Cámara de Apelaciones que había admitido un hábeas corpus de la defensa de “Chocolate” admitiendo el argumento de que la detención del puntero había sido ilegal y por eso debía anularse toda la causa. Budiño y Mancini consideraron, en duros términos, que el tribunal inferior se excedió en su competencia y actuó sin respaldo legal.

La fiscal Bettina Lacki quedó así en condiciones de re-impulsar la investigación sobre Rigau, pescado in fraganti con 49 tarjetas de débito de empleados de la Cámara baja bonaerense.

Se sospecha que lo de “Chocolate” es sólo una muestra de un mecanismo sistémico de financiamiento de la política provincial, que atraviesa a todas las fuerzas políticas: contratados que, a cambio de una futura buena jubilación y la cobertura médica de IOMA mientras dura el contrato, entregan su sueldo a los que le facilitan la entrada a la Legislatura y ese dinero sube hacia distintas terminales. Rigau sería sólo un gestor que extraía el cash mensualmente, desde hace años, de determinada cantidad de contratos.

Por eso es crucial el peritaje sobre su celular, que la fiscal Lacki podría conseguir en el marco de una serie de pedidos de prueba una vez que la autorice el juez inicial de la causa, Guillermo Atencio.

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Ese es el primer dato que pone al borde del infarto al peronismo. ¿A quién reportaba Rigau? ¿Sólo al actual concejal de Unión por la Patria y candidato a la reelección Facundo Albini, del Frente Renovador massista, como ya se dijo infinidad de veces? ¿Qué contactos tendrá en su agenda? ¿Habrá chats con personajes locales que, a su vez, responden a pesos pesados del oficialismo a nivel nacional y provincial? ¿Se podría develar desde ese teléfono cierta ruta del dinero espurio?

El segundo dato que inquieta al oficialismo es que con la decisión de Casación, la fiscal Lacki estaría en condiciones de pedir la imputación y posterior detención de “Chocolate”. Nadie de la política quiere a Rigau otra vez preso. Sencillo: sintiéndose el perejil que trabajaba para una lógica más grande, millonaria, podría desmoronarse y hablar. La familia de Rigau, empleados como él de la Cámara baja, llegaron a apersonarse en el Palacio de la Avenida 7 para pedir explicaciones. Según fuentes del caso, para ellos Chocolate, el “pater familias”, no estaba cometiendo ningún delito cuando lo atraparon en los cajeros del Banco Provincia: sólo esta cumpliendo órdenes.

Aquel temor a un Chocolate sólo y quebrado en una celda, habría sido el motivo por el que, días después de su detención inicial el 9 de setiembre pasado, irrumpiera en escena uno de los estudios jurídicos más cotizados de La Plata para hacerse cargo de su defensa. Solventado, dicen las malas lenguas, por un pool de políticos asustados. Habladurías. Hay que reconocer que fueron eficaces: lograron su excarcelación a través de aquel fallo de la Cámara de Apelaciones, que ahora fue cuestionado y volteado por Casación luego de la apelación del fiscal general Héctor Vogliolo.

La fiscalía estima que el desvío de fondos públicos -los sueldos de unos 550 mil pesos no iban a los bolsillos de los empleados sino a un esquema político- podría rondar los $27 millones por mes sólo a través de “Chocolate”, un electricista que, a punto de jubilarse, habría revelado involuntariamente un chanchullo histórico. El problema para el sistema político, claro, es si la investigación termina revelando que hay muchos más “Chocolates”.