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Jorge Colina
eleconomista.com.ar
Si hay algo que destaca al candidato Javier Milei es la seguridad con la que expone y defiende sus argumentos. Más allá de que uno esté o no de acuerdo con ellos, es innegable que sus razonamientos muestran estrecha consistencia con su pensamiento. En el primer debate presidencial, en el único momento en que titubeó ante una pregunta técnica (puede que haya titubeado en otros momentos, pero fueron ante chicanas de la politiquería, no preguntas técnicas) fue cuando el gobernador Juan Schiaretti le preguntó cómo haría para implementar su idea de educación cuando la educación básica (inicial, primaria y secundaria) es una función provincial.
El titubeo es justificado porque en Argentina, por ser un país federal, el financiamiento de la educación inicial, primaria y secundaria es en 90% de las provincias; la definición de los contenidos educativos es de las provincias (luego hay una instancia de homogeneización nacional para homologación de títulos, pero los contenidos los definen las provincias); las escuelas son propiedad provincial y los docentes son empleados públicos provinciales.
El Ministro de Educación nacional -que lo pone el Presidente - es una figura simbólica porque el que manda en cada provincia es el Ministro de Economía provincial.
El Ministro de Educación nacional tiene algunos recursos que los canaliza en ayuda a las provincias por los programas nacionales.
El más importante es el Fondo de Incentivo Docente que contribuye a pagar (sólo) el 7% de los salarios docentes de las provincias (además “en negro” bajo el eufemismo de que es “no remunerativo”). Luego hay 7 programas más que reparten discrecionalmente libros, algunos arreglos menores en algunas escuelas, en salas de primera infancia que para tener una idea de su intrascendencia el ministro Sergio Massa en el debate prometió 710 centros de primera infancia cuando en la Argentina hay 3,7 millones de niños menores de 4 años; o sea que el programa nacional financiaría apenas una cobertura de 1% de los niños en edad inicial.
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En suma, no hay política nacional de educación desde arriba (como sería en un país unitario donde el Ministro de Educación nacional es el empleador de todos los docentes del país). La política nacional de educación es la suma -no necesariamente coordinada- de cada una las políticas provinciales de educación.
Sigue siendo una invitación al yerro de los candidatos. Los temas son: a) seguridad; b) trabajo y producción; c) desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente.
Seguridad. Esta es una responsabilidad compartida entre la Nación y las provincias. La Nación es la responsable de combatir los delitos federales, donde el que más incidencia en la calidad de vida de la gente es el narcotráfico.
Los delitos comunes, como las entraderas y los motochorros, son responsabilidad de las provincias. Los candidatos a presidente tienen que concentrarse en el narcotráfico (donde la candidata Patricia Bullrich debería moverse como el candidato Milei en la economía). Ahora, si los candidatos a presidente se ponen a perseguir a los motochorros la pifiaron, porque a los motochorros los tiene que perseguir el comisario de la provincia con orden de un juez provincial.
Trabajo y producción. Esta también es una responsabilidad compartida. En el tema laboral, la Nación define las leyes laborales, las provincias su aplicación ya que los juzgados laborales son provinciales pero aplican las leyes nacionales. En el tema producción, también se puede entender como compartida. Aunque está bien delimitada. La Nación tiene que concentrarse en dar una macroeconomía sana y una moneda fuerte y una estructura tributaria nacional de nivel razonable y no distorsiva. Las provincias son las que deben aplicar las medidas de promoción regional (no la Nación, porque son las provincias las responsables de la producción en su región) y una estructura tributaria provincial y municipal de nivel razonable y no distorsiva. En estas dos áreas hay responsabilidades compartidas.
Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Aquí las pifias van a ser monumentales. Porque las políticas de vivienda son provinciales y municipales porque estos niveles de gobierno son los que manejan el dominio territorial y el desarrollo de infraestructura urbana. La Nación tenía políticas de viviendas cuando tenía dominio territorial de los territorios nacionales.
Provincializados los territorios nacionales, las políticas nacionales de vivienda son más voluntarismo que soluciones (ejemplo: el Procrear). Desarrollo humano, entendido como educación, salud y asistencia social, son funciones exclusivamente provinciales (como se mostró en el tema de educación básica). El cuidado del ambiente también es provincial. Los bomberos forestales son empleados públicos provinciales, no nacionales.
Alguien puede decir: “Ojo! Porque este último tema fue pedido por la ciudadanía”.
Hay que instruir al soberano (la ciudadanía) que en un país federal hay temas que deben ser debatidos por candidatos a presidente y otros por candidatos a gobernadores e intendentes. Pero no se deben mezclar.
Es en los países unitarios donde los presidentes pueden debatir sobre todos los temas. Argentina, “lamentablemente”, es federal.
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