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Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com
Axel Kicillof tendrá que encontrar la manera de conseguir los fondos necesarios para cumplir con el fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que ordenó que, a partir del 1º de junio, se suspenda la aplicación del régimen de movilidad jubilatoria para los trabajadores del Banco Provincia que se estipuló en la Ley 15.008, sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal en 2017.
Es que la decisión implica además un recupero progresivo de la pérdida que hubiesen sufrido los jubilados respecto al sistema anterior. Es mucho dinero para las arcas del Tesoro provincial, que debería hacerse cargo porque la caja de jubilaciones correspondiente es deficitaria.
Con la amenaza de una recesión en puerta, el fallo sería una pésima noticia para cualquier mandatario que abordara el tema sólo desde una visión contable. Pero Kicillof lo ha festejado casi como si fuera un dirigente sindical de la Asociación Bancaria, que fue la que impulsó la acción colectiva junto a entidades de jubilados del banco, tomada por la Suprema Corte como ejemplo para expedirse sobre los miles de recursos que entraron en tribunales.
Es que el Gobernador conceptualmente está de acuerdo con el reclamo de los empleados bancarios, que apunta a un recorte de derechos. Aún cuando signifique un agujero de entre 20 mil y 30 mil millones de pesos por año. Estas convicciones marcan el obvio océano de distancia ideológica con su predecesora, que había impulsado la ley 15.008 para que, entre otras cosas, la Provincia no se hiciera más cargo de ese déficit de la caja con el argumento de que se trataba de un sistema sólo para “privilegiados”.
Muy resumidamente, la norma ahora cuestionada por el máximo tribunal subió a 65 años la edad para que los empleados del banco público pudieran acceder a la jubilación y estableció el haber del pasivo en un 75% de lo que cobra el personal activo, en lugar del 82% que regía antes. Y estipuló que la movilidad del mismo se rija por las pautas del Anses. ¿Por qué? Explicación del ex vidalismo: la caja del banco es deficitaria porque tiene más jubilados que empleados aportantes y una movilidad en línea con el activo.
No fue todo éxito para la Bancaria, de todos modos. La Corte no declaró la inconstitucionalidad de la norma, como pidió el gremio. Sólo suspendió -hasta que se dirima la cuestión de fondo- la aplicación de los artículos 39º, 41º y 42º, que son los que hablan del cálculo de los montos de jubilaciones y pensiones, y los efectos del 57º, que al caerse le saca al Banco la obligatoriedad de solventar su caja de jubilaciones. No se metió, por ejemplo, con la edad de retiro de hombres y mujeres (65 años ambos).
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Este diario consultó al ministerio de Economía provincial para saber cómo encarará el gobierno la nueva realidad que impone el fallo: básicamente cómo se pagará el recupero de los porcentajes de jubilaciones no cobradas. Al cierre de esta edición, no había respuesta a la consulta. Especulación que sobrevolaba en el mundillo político: la plata la enviará el gobierno nacional.
En la Legislatura perdió estado parlamentario un proyecto de ley de Kicillof que buscaba una reformulación de la 15.008, siempre apuntando a que el jubilado volviera a una realidad similar a la anterior normativa. Se había negociado bastante pero explotaron todas las conversaciones con Juntos por el Cambio porque el propio Mauricio Macri se metió de prepo en el tema y desautorizó a los negociadores cambiemistas con el argumento de que la oposición no podía permitir que se vuelvan a implementar “privilegios” para pocos y que un régimen especial deficitario iba en contra de los intereses del resto de los bonaerenses.
¿Qué hará ahora la oposición? ¿Accederá, como exhortó la Corte en su fallo, a sentarse a negociar de nuevo otra ley? Ninguna decisión se tomará allí hasta que no esté terminado un detallado análisis de la cuestión que prepara el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, con la asistencia informativa de ciertos legisladores que integran las comisiones de Economía y Previsión Social de la Cámara de Diputados. No asoma posible un acuerdo, sin el cual no puede salir ninguna nueva ley: en Juntos, en especial en el PRO, no piensan ceder con la cuestión de que las arcas provinciales no deben cubrir el déficit de la caja de jubilaciones de la entidad bancaria oficial.
Es probable, además, que el Poder Ejecutivo vuelva a presentar en la Legislatura el proyecto caído sobre el Bapro. Porque Kicillof, admiten fuentes provinciales, usará el tema en la campaña por su reelección.
El Gobernador aparece muy activo en el impulso a la gran movida táctica que despliega el cristinismo por estos días: el operativo clamor para que la Vicepresidenta se presente como candidata a algo en las próximas elecciones. Que incluirá una suerte de federalización de la metodología del plenario que se vio el pasado sábado 11 en Avellaneda. Habrá que ver cómo les va fuera del área de influencia natural de Cristina, como en el centro del país o la Patagonia, porque el cristi-camporismo se ha convertido básicamente en una expresión del segundo y tercer cordón del Conurbano y del NEA.
Axel quiere tener a Cristina en la boleta. Según su entorno el escenario ideal sería que ella vaya por la primera magistratura, algo improbable. El razonamiento se basa en que Kicillof necesitaría un candidato presidencial fuerte para la primera vuelta de octubre, que es cuando queda definida la pelea por el sillón de Dardo Rocha. Según esa tesis, Alberto Fernández no le sirve: por ahora, el Presidente destila debilidad electoral.
Pero los operadores del Kicillofismo se ponen ansiosos por la falta de definiciones en el Frente de Todos. Es que esa dilación es tiempo que aprovechan los que, dentro del PJ, quieren al Gobernador afuera de la Provincia en los próximos cuatro años para tirar versiones sobre los supuestos “beneficios” que tendría para el espacio K que él fuera el candidato a Presidente. “Sería más competitivo en el ballotage que Cristina”, aventuran lenguas insidiosas.
Una brecha de desconfianza se ha abierto, otra vez, entre Kicillof y Máximo Kirchner, el titular del PJ bonaerense, desde que éste lo cruzó en el acto de Avellaneda, delante de la militancia. Hacia allí apuntan las miradas de desconfianza de la gobernación por las versiones (”Operaciones”, las definen) sobre un futuro destino de Axel fuera de Buenos Aires.
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