Delincuentes que conocen datos sobre operaciones económicas de sus víctimas

En las últimas jornadas se registró en nuestra región una sucesión de robos millonarios, cuya característica dominante fue la de que los delincuentes disponían de datos precisos acerca de que sus víctimas contaban con dinero guardado en sus cajas fuertes o en sus casas, por la reciente venta de un auto, un lote o algún otro bien de alto valor patrimonial.

En algunos de esos casos los ladrones amenazaron y golpearon a sus víctimas y lograron hacerse de fuertes sumas de dinero, una de ellas de 15 mil dólares y otras también importantes.

En todos los hechos se encargaron de avisarles a sus víctimas que tenían conocimiento de las operaciones que habían realizado.

Al margen de la eventual imprudencia con que pudieron haber actuado algunas personas, dejando claras señales de sus operaciones de venta, convendría por lo pronto señalar que estas situaciones se vienen presentando cada vez más, a pesar de que rige en el país la institución del habeas data, incorporada a la Constitución por la reforma de 1994 que apunta, justamente, a proteger la confidencialidad y la protección de datos personales.

Ese principio fue refrendado por la ley nacional 25.326 que protege los datos personales que se encuentren asentados en archivos, registros y bancos de datos, “sean estos públicos o privados”.

En realidad, ocurre cada día más todo lo contrario de lo que dice la letra de la ley, ya que, sobre todo a partir del auge de la digitalidad, los datos personales, profesionales y comerciales de las personas se encuentran a disposición de cualquiera, en la medida en que son reclamados aquí y allá, para realizar distintos tipos de trámites, por organismos públicos o personas privadas.

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Se estaría entonces ante la necesidad de que las autoridades realicen intensas campañas de naturaleza preventiva, para que las personas extremen cuidados y adopten medidas destinadas a no exponerse, en especial cuando realizan operaciones que se traducen en el manejo de importantes sumas de dinero.

Se ha dicho lo mismo ante la recurrencia de robos domiciliarios en los hogares de personas mayores, recomendándose en esos casos a las víctimas, dada su vulnerabilidad, a tomar un mayor cuidado cuando perciben sus haberes jubilatorios o realizan alguna operación económica.

Alternativas como, por caso, la de revisar los mecanismos y trámites de pago de haberes a jubilados, de modo que no queden tan expuestos a los delincuentes, debieran ser analizadas entre otras acciones que podrían encararse para evitar que las personas de mayor edad se encuentren, como ocurre ahora, desamparadas frente a delincuentes que no reparan en nada.

También las campañas oficiales que puedan realizarse debieran inducir a muchas personas a no transitar en la vía pública con sumas de dinero importantes.

Tanto en los casos de las bandas que se sirven de información previa para asaltar “sobre seguro”, como en los robos a personas mayores, la Policía debiera investigar a fondo si está ante la presencia de una o más bandas especializadas en cometer esta modalidad de delitos, sin perjuicio del impulso que hace falta dar a campañas destinadas a inculcar advertencia, con el objetivo de prevenir sobre los peligros que se corren y acerca de algunas de las fórmulas a las que se podría apelar para minimizar los riesgos.