Más allá del dólar, un ordenamiento del Estado

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El salto del dólar paralelo genera zozobra y da la sensación de estar entrando a una fase de descontrol. De todas formas, $500 no es el nivel más alto, en términos reales, que el dólar tomó en los últimos 2 años.

En marzo del 2021, el dólar paralelo estaba en $145 que representan $500 en términos reales a precio de hoy. De hecho en diciembre del 2021 llegó a $200 y durante el período marzo - diciembre del 2021 estuvo por encima de los $500 a precios actuales.

El salto que pega ahora es, de nuevo, una recomposición del dólar paralelo en términos reales a consecuencia de la aceleración inflacionaria. Desde la salida del ministro Martín Guzmán, el precio del informal se mantuvo estable en alrededor de $300 y a comienzo de este año se mantuvo alrededor de los $370. Esto vendría a ser unos $430 a precios actuales.

En suma, el dólar paralelo no dejó de acompañar por detrás a la inflación.

Obviamente que esto puede cambiar. Cuando se miran los agregados monetarios aparece que la demanda de dinero (efectivo, cuentas corrientes y cajas de ahorro) aumenta por debajo de la inflación, mientras que los plazos fijos lo hacen por encima de la inflación lo cual señala que lo que está sosteniendo la monetización es la tasa de interés.

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Si el Gobierno quiere seguir estirando el desenlace (que sería una devaluación fuerte del tipo de cambio oficial), tiene que pasar a tasas de interés por encima de la inflación en un marco donde ya hay recesión. Pero, si el plan es llegar, esto puede llegar a funcionar.

El tema es qué pasa con el próximo Gobierno

Para el nuevo Gobierno, el mayor problema no es el costo social de la devaluación del tipo de cambio oficial. El mayor problema es qué se hace después. Muchos economistas ya advierten esto también.

A diferencia de la gran devaluación del 2002, pasada la mega-devaluación de aquel año, había energía, infraestructura, muchos trabajadores calificados desempleados, el salario real formal licuado, y con la incorporación de China al mercado mundial, los precios internacionales pasaron a volar y la recuperación económica se dio casi por espontaneidad gracias al “viento de cola” de China.

Hoy, los precios internacionales siguen volando por la guerra en Ucrania. Sin embargo, el país está postrado porque ya no hay energía, no hay infraestructura, no hay suficientes trabajadores calificados.

Por esta razón, esperar que una Niña (que vuelva a llover), que el gasoducto Néstor Kirchner o el litio sean los nuevos “vientos de cola” de la próxima gestión puede llevar a un nuevo fracaso y frustración.

Lo más importante y urgente que la próxima gestión debe abordar con disrupción y valentía política es un nuevo ordenamiento del Estado.

La presión impositiva en Argentina es alta, pero esto no es lo más dañoso. Lo destructivo es la desorganización de los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios) cobrando los mismos impuestos de manera superpuesta (IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, en el caso de las ventas; Bienes Personales, Inmuebles y Automotor, en el caso del patrimonio).

También los malos incentivos de la coparticipación que hace que gobernadores e intendentes pongan toda su atención en recibir la plata desde arriba (el nivel nacional) en lugar de trabajar para la generación de valor en sus territorios.

Destructiva es la superposición de ministerio, secretarías, direcciones y reparticiones a nivel nacional, provincial y municipal que se estorban haciendo lo mismo en materia de salud, educación, asistencia social, medio ambiente, seguridad.

Por esta razón, los ciudadanos están agobiados por los malos impuestos superpuestos y desprotegidos porque no reciben servicios y, si los reciben, son de pésima calidad por parte de un Estado totalmente disfuncional en sus tres niveles de gobierno.

Esto requiere un nuevo ordenamiento del Estado.

Este nuevo ordenamiento consiste en unificar impuestos de los tres niveles de gobierno, eliminar la coparticipación y en su reemplazo distribuir las fuentes tributarias (la Nación se financia con impuestos al comercio exterior y a los ingresos; las provincias con el impuesto a las ventas y al patrimonio que se genere en sus territorios) y eliminar los programas nacionales que invaden funciones provinciales y municipales para que quede claro que las funciones sociales son exclusiva responsabilidad de las provincia y los municipios.

Los ministerios nacionales de Salud, Educación, Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda deberían ser reconvertidos en agencias nacionales de medición de resultados de las provincias y los municipios.

Si no se ordena el Estado, el próximo Gobierno fracasa por más “vientos de cola” que tenga la suerte de tener.