Revisar el sistema penal para evitar los casos de justicia por mano propia

Las situaciones que en las últimas semanas se manifestaron en distintos barrios a raíz de que los vecinos montaban guardia para evitar la ocupación de una propiedad, o con intención de desalojar por la fuerza a los intrusos, pudo determinar violentos incidentes que afortunadamente no se produjeron. En la periferia de la ciudad el fenómeno del despojo de casas o lotes se repite una y otra vez, ante la inacción policial que suele justificarse en la necesidad de contar con una orden judicial que generalmente nunca llega. Generalmente luego de cometido el atropello las víctimas deben esperar años para recuperar su propiedad.

Importa menos detallar las características de ambos casos, reflejados ya en este diario, que advertir la mayor frecuencia con que se están presentando estos episodios, reveladores en primer lugar de fallas de fondo en una legislación penal que ha demostrado, antes que nada, ser ineficaz, según lo señalan distintos especialistas.

Al mismo tiempo se presentan deficiencias en las tareas de prevención policial, que se extienden a la etapa de los procesos judiciales, con fallos teñidos por un supuesto “garantismo” que, en realidad, resultan no sólo injustos, sino muchas veces tardíos, lesivos para las víctimas y carentes de sensatez.

Se presentan casos que pueden servir como “modelos” negativos. Así ocurrió con el de una persona que tenía 39 causas penales abiertas, que logró salir hace poco de una cárcel provincial y que a poco de ser liberado mató de una puñalada a un joven de 22 años, en un episodio que ocurrió en la ciudad bonaerense de General Pinto.

El presunto autor del homicidio pudo ser detenido por la policía, evitándose de esa manera que un grupo numeroso de vecinos lograra lincharlo, aunque sin haber podido impedir que incendiaran por completo la casa donde vivía, además de haber rechazado en forma violenta la acción de los bomberos.

La virtual deserción del Estado en todas las instancias arriba señaladas no hace sino abonar el terreno para que muchos supongan -frente a la virtual ley de la selva impuesta por una delincuencia desatada- que la solución pasa por la acción directa de los vecinos.

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La inseguridad es un problema que viene desde hace varias décadas, intensificada a partir de una suma de desaciertos institucionales, que debieran ser corregidos lo antes posible.

Hasta ha ocurrido que una persona, sobre la que pesaba una orden de restricción de acercamiento a una propiedad, la usurpara y la denuncia del afectado con reclamo de hacer valer su derecho, fuera considerada por la justicia penal como una cuestión a ser dirimida en el fuero civil. Eso llevaría años y así es como pueden producirse reacciones que pueden adquirir contornos violentos.

Numerosos juristas insisten en que el problema, que por cierto golpea dramática y cotidianamente sobre la población, merece una profunda revisión, que abarque tanto a la legislación, la prevención e investigación policía -enfatizándose asimismo en que resulta imperativo contar con una policía mejor formada y dotada de recursos, que recobre el principio de autoridad en la calle- y Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires debería modificar una acordada que si se aplicara cotidianamente tendría como consecuencia inmediata que los propietarios no pudieran gozar de su bien durante prolongados periodos.

De no ser así, los especialistas advierten que los casos de justicia por mano propia podrán seguir sucediendo, en una situación que sólo podrá traducirse en un agravamiento de la actual inseguridad existente.