Horas extras en el Estado: quieren hacer una fuerte reducción

Tras una auditoría realizada por la Jefatura de Gabinete, el gobierno nacional se propone reducir el gasto en horas extras de los empleados públicos nacionales ya que han detectado “algunas irregularidades”. Entre otras, la falta de control. Esto hace que en muchos de los recibos de sueldo este ítem represente hasta la mitad del salario mensual. Es decir, un “sobresueldo encubierto”.

El plan oficial pretende recortar o poner topes al pago de horas extras y otros suplementos con el objetivo de achicar el gasto.

El equipo que está revisando las contrataciones de la administración central tiene su base en el área de Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, con la coordinación de Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado y el subsecretario de Modernización, Martín Bocacci.

Según el Indec, el gobierno nacional tenía 342.678 empleados en junio del año pasado sumando la administración central y las empresas y sociedades del estado. Esto representa solo un tercio del empleo público total, que a nivel nacional registra casi 3,9 millones de personas.

Para el Cippec esto es así porque se produjo en el país un largo proceso de descentralización de las funciones estatales comenzado en los años setenta y continuado luego a lo largo de los noventa. Según la consultora la cantidad de empleados públicos creció entre el 2001 y el 2014 casi un 70%. El motor de esta expansión fue el empleo público provincial que explica el 51% de este aumento, seguido por los gobiernos locales (32%), y finalmente, el gobierno nacional (17%).

“No obstante, desde 2008 el crecimiento económico argentino es muy bajo, y eso tiene un correlato en el estancamiento del empleo registrado: el crecimiento del empleo privado formal ha sido prácticamente nulo en la última década, manteniéndose en alrededor de 6,2 millones de trabajadores”, continúa el informe.

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Toda esta situación provocó un distorsión de los indicadores laborales del país, ya que aunque no aumentó de manera importante la desocupación crecieron el empleo informal y la ocupación pública aunque con bajos salarios. En cambi, el empleo privado se estancó.

Para UPCN la medida “es una venta de humo” ya que aducen que el gasto en horas extras no es importante en el total del presupuesto nacional. Y desde ATE expresaron que “el problema es que hoy la mitad de los salarios del sector no superan la línea de pobreza”.

Además cuestionaron el decreto 84 del presidente Javier Milei, que dispuso la baja de los contratos firmados en 2023 y que, según las primeras previsiones, no alcanzaría los 7 mil notificados oficialmente porque muchos de estos empleados estaban comprendidos por las excepciones incluidas en el congelamiento dispuesto por la ex ministra de Economía Silvina Batakis en 2022.

Otra preocupación de los sindicalistas es que el recorte de salarios se daría en un contexto de alta inflación, “que va a provocar una fuerte licuación de los ingresos”. Y plantearon que “si no hay una recomposición salarial antes de marzo, la situación del empleado estatal se va a poner muy difícil”.

Pero la verdadera “motosierra” del gobierno de Milei está en el recorte de subsidios al transporte y la electricidad, la reducción de las transferencias a las provincias y la aplicación del DNU y la ley ómnibus, que incluyen la privatización de las 41 empresas públicas entre otras medidas. Si el Congreso frenara este paquete, el gobierno podría avanzar con la licuación de los salarios y el congelamiento del gasto producto de la inflación estimaron fuentes de la oposición.

En los gremios están atentos a la inflación de diciembre último, que el Indec dará a conocer el jueves próximo, para plantear una reapertura de las paritarias. Y evitar que los salarios públicos no continúen licuándose.

Y en el Gobierno están preocupados por la presión sindical. Algo que -recuerdan- ocurrió después del “Rodrigazo”, cuando el ex ministro de Economía peronista Celestino Rodrigo lanzó (en junio de 1975) un durísimo plan de ajuste y días después los gremios lanzaron un plan de lucha que le torció el brazo a la administración de Isabel Perón con aumentos del 150%.