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Fuerte movilización de estudiantes, profesores y no docentes hacia el Congreso, pero que también contó con la presencia de gremios y casi toda la oposición política. El documento que se leyó. Qué dijo el Gobierno nacional
Miles y miles de estudiantes y docentes de las universidades, con apoyo de otros sectores, sobre todo políticos, coparon la plaza ubicada frente al Congreso para pedir que el Gobierno no vete la ley por más fondos / AFP
Estudiantes, profesores y personal de universidades públicas de todo el país -muchos de ellos de La Plata-, respaldados por sindicatos, líderes opositores y organizaciones sociales, se movilizaron hacia el Congreso nacional para rechazar el confirmado veto del presidente, Javier Milei, a un aumento de presupuesto -que ambas cámaras hicieron ley- para los centros de estudio y los salarios de docentes, entre otros.
La multitudinaria manifestación tuvo lugar en medio del tira y afloja que mantiene el mandatario con las universidades públicas por un recorte de presupuesto en el marco del plan de ajuste que lleva adelante desde que asumió el 10 de diciembre y, que según él, es la única alternativa para terminar con el flagelo de la inflación.
Para el gobierno, que mantuvo el mismo presupuesto nacional de 2023, pese a una inflación interanual de casi un 240% en agosto, la movilización fue menor a la primera en cuanto a gente e insistió que tuvo un “carácter político”.
En septiembre, el Senado -controlado por la oposición- sancionó la Ley de Financiamiento Universitario que prevé un incremento de las partidas equivalente al 0,14% del PIB. Por eso ayer bajo la consigna “Un veto a la educación es un veto al futuro”, el Consejo Interuniversitario Nacional y otras organizaciones académicas convocaron a una marcha federal universitaria que tuvo su epicentro frente al Congreso. Los organizadores dijeron que se movilizaron un millón de personas en todo el país. La policía no dio cifras.
“Le pedimos en un grito de auxilio: promulgue la ley de financiamiento universitario”, reclamó al presidente Piera Fernández, titular de la Federación Universitaria Argentina, al leer un documento de los organizadores. “Es una ley que resuelve los problemas responsablemente porque no compromete recursos del Estado”, expresó.
Se trató de la segunda movilización de estas características contra la gestión libertaria, luego de la protagonizada por estudiantes y docentes en abril. Ayer también se sumaron sindicatos, movimientos sociales y organismos de derechos humanos, así como figuras de la oposición, desde la expresidenta y exvicepresidenta de centro-izquierda Cristina Fernández de Kirchner hasta el titular de la centenaria Unión Cívica Radical, Martín Lousteau.
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“La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida es de una gravedad inusitada, con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza”, denunció la líder estudiantil. “Esto pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos y servicios esenciales para su funcionamiento”.
En medio de la disputa, las autoridades de la pública Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las más prestigiosas de Latinoamérica y la de mayor matrícula de estudiantes del país, reportaron que los salarios de docentes y no docentes han sufrido una pérdida del 40% de su poder adquisitivo en lo que va del año y advirtieron que continúan deteriorándose porque las “asignaciones unilaterales” que envía el gobierno a las universidades públicas están desfasadas con respecto a la inflación.
Según datos de la Secretaría de Educación correspondientes al año 2023, de los 2,7 millones de estudiantes universitarios en todo el país, el 80% están en universidades de gestión estatal.
Ante el veto de Milei a la ley, el Congreso podría insistir con el aumento del financiamiento universitario si reúne los dos tercios de los votos en ambas cámaras, tal como pasó con los fondos para la SIDE.
“El gobierno no está en contra del reclamo, está en contra de que el Congreso sancione una ley sin indicar de dónde saca el dinero”, manifestó el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni.
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