El drama de las falsas denuncias, en primera persona

Agustín Muñoz, Lucas Grippo, Herman Krause, Hugo Araudou, Oscar Jégou; son unos pocos nombres sueltos en una lista tan pero tan extensa que demandaría varias páginas para incluirlos a todos. ¿Qué los conecta? Una sola y dramática circunstancia: fueron víctimas de denuncias falsas que les cambiaron para siempre la vida.

Agustín Muñoz tenía 18 años en 2018, cuando sufrió una serie de escraches por la publicación de una joven que lo acusó de abuso sexual. Esto pasó en Bariloche y ella terminó por admitir que había mentido porque estaba “enojada” con su amigo, pero Agustín se suicidó.

A Lucas Grippo, de La Plata, su ex pareja lo denunció más de 40 veces por cargos gravísimos, estuvo preso y perdió todo contacto con su hija, hasta que la justicia le dio la razón. A ella la condenó, pero con una pena excarcelable. Herman Krause también fue blanco de varias denuncias de parte de su ex mujer, que hasta llegó a sindicarlo de abuso de menores, lo que lo mantuvo alejado de sus dos hijos de 7 y 9 años. Cuando el camino parecía despejado para retomar la relación, ella los sacó del país. Hace más de un año que Herman no los ve.

La historia de Araudou y Jegou fue bastante mediática: son los rugbiers franceses que estuvieron un mes retenidos con prisión domiciliaria porque una joven mendocina los acusó de violarla y pegarle. Unos audios de WhatsApp, los videos de cámaras del hotel y los análisis de la pericia psicológica desacreditaron el relato de la supuesta víctima, pero hasta que todo eso salió a la luz ambos tuvieron que permanecer en Argentina y los separaron de la selección de su país.

“Una denuncia de género falsa destruye la vida de una persona”, dijo el martes pasado el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, al darle un rotundo aval en el senado a un proyecto de la legisladora Carolina Losada (UCR). La iniciativa se unificó con otra que había presentado meses atrás el abogado platense Marcelo Peña, con el mismo espíritu: elevar hasta seis años de prisión las penas para las falsas denuncias, si estas fueran “por delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes”.

“Se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente, ‘hermana tenés que denunciar y te vamos a acompañar’ y eso no es siempre así”, reflexionó Cúneo Libarona, apuntando al corazón de un paradigma que empezó a crujir. Un aumento de las penas no impedirá que una persona denuncie falsamente a otra, pero es difícil que le salga gratis como hasta ahora. Actualmente, la falsa denuncia (artículo 245 del Código Penal) tiene una sanción “casi insignificante” de dos meses a 1 año, no tiene agravantes, y una multa no actualizada, que arranca desde los 750 pesos. Mientras que para el falso testimonio -que también se agrava según el proyecto de Losada y Peña- va de 1 mes a cuatro años de prisión.

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“Mi proyecto lo presenté en la Cámara de Diputados hace más de un año”, confirma Peña a este diario, impulsado por la impresionante “estadística de falsas denuncias radicadas en los distintos fueros de todo el país”, de abusos sexuales, violencia de género y delitos en contexto de familia, con un propósito claro: “Denostar o dañar la imagen o el patrimonio de la persona denunciada”, dice.

Considera el abogado que una suerte de “mecánica automatizada” en los tribunales de familia, abonó el terreno para esta práctica. “Apenas a una persona la denuncian por abuso, lesiones, etcétera, le cortan el vínculo con los hijos y derivan el caso al ámbito penal. Ante la duda, algunas fiscalías ordenan la detención de forma inmediata, sin prueba alguna”, describe, no sin aclarar que una situación verosímil claramente justifica la privación de la libertad. Pero no en todos los casos.

En este punto, Peña cuestiona fuertemente el accionar de “profesionales del derecho y de algunas ciencias forenses, que acompañan esa tesitura y asesoran a sus clientes” para que radiquen tales denuncias, incluso sabiendo que son falsas.

Cita como ejemplo el caso Krause, en el que Peña intervino como abogado defensor: “Sabemos por testigos que ciertos profesionales asesoraron a la mamá de los chicos” para que los sacara del país. Por eso insiste en que debe haber una sanción para ellos: “Suspensión de matrícula y una causa penal”.

“ME DESTROZÓ”

El drama de Herman comenzó en octubre de 2022, cuando, “como cualquier matrimonio en el que las cosas no van bien”, dice, “me separé, sin imaginar que iba a vivir este infierno”. De inmediato, cuenta, fue denunciado por violencia de género y tuvo que abandonar su casa, “aunque era yo el que la sufría”. Asegura que su ex estuvo “a punto de partirme una botella en la cabeza, frente a mi hijo menor”. A esa presentación le siguió una “catarata” de denuncias que, en principio, se tramitaron en un tribunal de familia. En ese fuero, cuenta Krause que la jueza se fue interiorizando de la situación y le otorgó una tenencia compartida, lo que habría impulsado a su ex mujer a recurrir al asesoramiento de un abogado penalista. En septiembre de 2023 denunció que en el contexto de pareja había sido abusada sexualmente dos años antes y reclamó a la jueza de familia que le impusiera a su ex una medida de restricción perimetral, por “temor a que le hiciera algo a ellos”.

“Como la jueza no hizo lugar al pedido, a los seis días presentó otra, diciendo que había ‘manoseado’ a mis hijos”, recuerda Herman. El recurso funcionó: desde entonces no volvió a verlos.

Tuvo suerte de que la demanda no impactara en su entorno, ni en su trabajo, ni en el club de rugby donde juega desde hace años y ella intentó una suerte de escrache. Pero le pegó de lleno en su salud mental: “Me destrozó”, admite, “no dormía, me despertaba con ataques de pánico y estoy medicado por un psiquiatra”. También tuvo que contratar abogados y así, en octubre, la justicia penal archivó su causa. Cuando parecía que todo se encaminaría a una revinculación, el viernes 25 de ese mes “la madre los retiró antes de tiempo del colegio y al día siguiente se los llevó ilegalmente a Brasil (de donde es oriunda ella), cruzando por Misiones”, revela Krause. Interpol los está buscando.

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO

Para fundamentar su proyecto, Peña pidió que se tome en cuenta el valor supralegal y constitucional de la Convención del Niño, ya que la sanción o pena actual para una falsa denuncia “es irrisoria en relación al daño consecuente que ello genera en el desarrollo cognitivo” de los menores. “A sabiendas de que esto es armado, con el efecto de dañar a una persona, meten a los niños en un sistema perverso de tutores, asesores de menores, tironeo de peritos y cámara Gesell, que los va afectando, sin olvidarnos de que también terminan borrando al papá”, lamentó el abogado.

El otro propósito de ampliar las penas es evitar la prescripción del delito: “Mientras archivás una causa, desestimás una denuncia, sobresees a una persona o incluso la absolvés en un juicio, pasaron cuatro años. Ya está prescripta la acción”, analiza Peña, a quien su exposición del caso Krause y tantos otros lo puso en contacto, a través de las redes, con cientos de historias más.

“Son casos terribles, tanto, que en un punto ya ni les interesa si fueron escrachados en su ambiente laboral, en las redes o en un medio de comunicación. Lo único que quieren es ver a los hijos”.

“PARECE UNA TORMENTA QUE NO PASA”

Lucas Grippo conoció a Melina Cruz en 2011, por redes sociales. Tuvieron una relación de 5 meses y una hija, con la que, ya desde el embarazo, mantuvo un contacto “casi nulo”, asegura. De cualquier modo, los problemas graves arrancaron con la primera denuncia, en 2012, a la que le siguieron unas 20 más a lo largo de una década. En agosto de 2019 Grippo fue detenido luego de que su ex pareja lo acusó de un supuesto ataque por el que le imputaron una tentativa de femicidio. Estuvo dos meses preso en la alcaidía de Melchor Romero, aunque no hubo testigos presenciales del hecho, ni registros fílmicos y sí un informe del SAME que descartó los cortes en el cuello de la denunciante. Había también planillas de trabajo y el GPS de Grippo que lo ubicaban muy lejos de la escena, además de peritajes psicológicos y psiquiátricos oficiales que describieron a la denunciante con un “trastorno borderline de la personalidad”.

“Fue un laberinto sin salida”, resume hoy Lucas, y celebra como un “logro, que se empiece a pensar en penas mayores” para las falsas denuncias. Él pudo conservar su trabajo y un fuerte entorno de amigos y familiares que lo defendieron a capa y espada de los escraches. Cuando empezó a aflojar el tsunami, pudo enamorarse, formar una pareja y tener un hijo.

“Hay cierta facilidad para ir a denunciar y que después todo quede en la nada, porque la justicia tiene pocas herramientas para resolver las situaciones en lo inmediato”, reflexiona Grippo. Aclara, “no podemos desconocer que hay situaciones de violencia de género, pero también oportunistas que quedan impunes”.

En 2020, un juzgado correccional condenó a Cruz a la pena de dos años de prisión en suspenso por impedimento de contacto y en abril de 2023 la Cámara de Apelaciones confirmó la absolución de Grippo. “Ella se fue a otra provincia, con lo cual, terminó cumpliendo con su objetivo primordial: me dificultó la revinculación con mi hija”, lamentó Lucas, quien no volvió a ver a la niña, hoy de 12 años.

Cuenta que, a partir de la difusión de su caso, “un montón de gente me ha dicho que le pasó o conoce a alguien que atraviesa por lo mismo y hasta me pedían consejos. El mejor que les puedo dar es que busquen un buen abogado, pero no es fácil. Yo pude probar dónde estaba porque andaba con un gps activado, pero no todo el mundo anda con un rastreador”, completa. E insiste: “Hay que ser fuerte mentalmente, porque muchas veces parece una tormenta que no termina de pasar; pero llega un punto en que se termina y la verdad se sobrepone”.