Armarse y hacer justicia por mano propia no es la vía para enfrentar al delito

Con una ola delictiva en la Región que se muestra descontrolada y cada día más violenta, a la que se opone un sistema policial disminuido en su eficacia, son cada día más los vecinos que deciden armarse, en situaciones que están llegando al límite de una suerte de vigencia de la llamada “justicia por mano propia”, con casos cercanos al linchamiento de los delincuentes que son detenidos por ellos y que, por fortuna, no derivaron en desenlaces más graves.

Esta posibilidad dejo verse en forma expresa en las últimas jornadas en la reunión sostenida por vecinos de Ringuelet, que se autoconvocaron en una esquina ante la seguidilla de asaltos violentos en viviendas, habitadas principalmente por adultos mayores.

Tal como se detalló en EL DIA, una de las varias víctimas de la inseguridad en ese sector de la Ciudad, sin identificarse por temor a una eventual represalia, intervino para revelar que “la pasé muy mal por un asalto en mi casa y, como la Policía no frena a estos tipos, ya tengo un revólver para defenderme por si se quieren meter de nuevo. Inclusive, voy a practicar tiro”. Cabe destacar que esta alternativa extrema, estaría más difundida de lo que muchos suponen.

Por cierto que proliferan las armas en manos de delincuentes, muchos de ellos menores de muy baja edad, que las utilizan para amenazar o disparar a sus víctimas en los actos delictivos que cometen. Existe también un mayor uso de armas de fuego en los delitos perpetrados por malvivientes de poca o mucha monta; armas con las que se dispara a adultos mayores que ni siquiera atinan a ofrecer resistencia; armas también para dirimir litigios menores de naturaleza familiar o para resolver conflictos callejeros. Debieran inquietar, ciertamente, tanto la profusión de armas como la facilidad con que se accede a ellas.

Un mero repaso de las crónicas policiales de los últimos años permite comprobar la alarmante y profusa presencia de armas en manos de la población, que deja el penoso saldo de personas muertas o heridas, en una situación que pone en evidencia la necesidad de que las autoridades y la población definan si pretenden encaminarse hacia una superior calidad de vida o si, por el contrario, permitirán que impere una regresiva ley de la selva.

En el caso de la reunión vecinal en Ringuelet, algunos frentistas aseguraron que “en la comisaría Sexta, que nos corresponde por jurisdicción, denunciamos quiénes son los delincuentes, dónde viven y hasta se aportaron videos”, para añadir que “nos responden siempre lo mismo, que esperan una orden del fiscal para hacer los allanamientos”. Se trata de una situación que también fue denunciada muchas veces por grupos vecinales de otros barrios.

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También es verdad que al estado de desamparo que sufre la gente se suma, asimismo, el sentimiento generalizado de que la impunidad será, finalmente, el destino que le espera a algunos malvivientes detenidos, con un variado menú de beneficios procesales y otra nutrida lista de beneficios penitenciarios, entre ellos el otorgamiento de salidas transitorias que usan para seguir delinquiendo. Ni hablar de los menores que cometen delitos, a quienes les aguarda la puerta giratoria.

Armarse o mudarse de barrio no debieran ser alternativas válidas para nadie. La población necesita una Policía que prevenga, que esté en las calles y que llegue a tiempo para intervenir. Pero, asimismo, corresponde oponerse a la tesis de la justicia por mano propia, acaso explicable y nunca justificable. Lo que la población necesita es el pleno imperio de la Constitución y de las leyes, para que sean ellas las que hagan valer su imperio sobre la sociedad. Es erróneo y puede agravar las cosas suponer que los vecindarios pueden combatir la delincuencia a tiro limpio.