Tasas sin servicios: el peso municipal ahoga a las pymes

La industria bonaerense enfrenta una carga tributaria que supera el 45% de los ingresos formales. Las tasas municipales, calculadas sobre facturación y sin contraprestación real, se convirtieron en el nuevo frente de batalla judicial del sector privado.

El hartazgo ya tiene nombre y apellido judicial. Las industrias radicadas en la provincia de Buenos Aires preparan una ofensiva legal contra tasas municipales que consideran arbitrarias, desproporcionadas y, en muchos casos, directamente inconstitucionales. “Vamos a ir municipio por municipio”, advirtió un referente del cordón productivo bonaerense, en un contexto donde la política de ajuste nacional no hizo más que multiplicar la creatividad fiscal de los estados subnacionales.

El caso de Pilar resulta ilustrativo. En ese distrito, los empresarios contabilizan hasta siete tasas municipales activas. Una de ellas, la de seguridad e higiene, alcanza el 4,5% sobre la actividad, a la que se suma una tasa ambiental del 2%, lo que arroja una carga total del 6,5% solo por esos conceptos. El resultado fue concreto: empresas de la escala de Kimberly-Clark y Procter & Gamble ya abandonaron el parque industrial del municipio. La situación no es exclusiva de ese distrito: Quilmes aplica una tasa de seguridad e higiene del 3,74%, Hurlingham del 3,5%, y fuera de la provincia, San Fernando del Valle de Catamarca llega al 3,3%, Río Cuarto al 3,4% y Villa Carlos Paz al 4,8%, solo por citar algunos ejemplos del resto del país.

El abogado Diego Fraga, socio de Expansión Business Argentina, explicó con precisión el nudo jurídico del problema. Una tasa, por definición, requiere la prestación de un servicio estatal concreto, efectivo e individualizado. “Para calcular la tasa, lo lógico sería ver cuánto cuesta prestar ese servicio de manera directa, con algunos costos indirectos incluidos”, señala. El problema es que la Corte Suprema abrió una suerte de caja de Pandora al permitir que los municipios calculen esas tasas sobre los ingresos brutos del contribuyente. El resultado práctico es un “Ingresos Brutos dos”: cargas que no tienen ninguna relación con el servicio supuestamente prestado ni con su costo real.

En la Provincia de Buenos Aires, el inventario de abusos es variado. Tasas de seguridad e higiene calculadas sobre facturación total, cargos por inspecciones que nunca se realizan, ABL aplicado a barrios cerrados que no reciben alumbrado, barrido ni limpieza, y contribuciones generales rebautizadas con distintos nombres para disimular su naturaleza impositiva. A eso se suma la Tasa Vial, cuya recaudación debería destinarse exclusivamente a la reparación de caminos rurales pero termina financiando cualquier otro gasto, sin transparencia alguna.

DISTORSIÓN ESTRUCTURAL

El problema no se agota en las tasas municipales. Un trabajo reciente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), entidad presidida por Alejandro Gentile -director en el Grupo Techint- pone números a una distorsión estructural: la alícuota legal de Ingresos Brutos sobre el sector industrial es del 1,5%, pero la presión tributaria efectiva sobre el valor agregado del sector asciende al 4,7%. Eso ubica a Buenos Aires un punto por encima de provincias comparables como Santa Fe y Córdoba.

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La explicación está en la mecánica del tributo. Ingresos Brutos se aplica en cada eslabón de la cadena productiva sobre el valor bruto de producción, no sobre el valor agregado real en cada etapa. Esa acumulación en cascada golpea con más fuerza a la industria, que tiene procesos de elaboración más extensos y un menor peso relativo de exportaciones. Las ventas externas suelen aliviar parcialmente la carga porque no tributan IIBB. Buenos Aires, además, presenta una mayor cantidad de eslabones productivos que otras provincias, lo que amplifica el efecto.

En términos globales, la Provincia se ubica entre las jurisdicciones con mayor presión tributaria teórica sobre la actividad productiva del país: el 10,1% del valor agregado bruto de las cadenas, junto a Santa Fe y Córdoba. En 2024, la recaudación teórica atribuible a la industria fue de $1,67 billones, equivalente al 13,4% del total recaudado. Sin embargo, la cifra efectivamente informada por el Ministerio de Economía bonaerense fue de $7,45 billones, lo que sugiere un nivel de evasión y gasto tributario estimado en torno al 40%.

El último monitor de la UIPBA, con datos hasta octubre de 2025, registra cinco meses consecutivos de caída en el empleo industrial. Solo en octubre se perdieron 8.075 puestos de trabajo formales. En la comparación del primer trimestre de 2025 con igual período de 2023, el descenso acumulado alcanza los 13.419 puestos. La tendencia se acelera con mayor impacto sobre las micropymes proveedoras de insumos.

El cuadro es más grave si se amplía el foco. Desde noviembre de 2023, cerraron 21.938 empresas a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires, la caída fue de 5.832 unidades productivas en el mismo período, un promedio de siete cierres por día. El stock provincial de empresas cayó hasta aproximadamente 147.665 unidades, con dos años consecutivos de descenso. A nivel nacional, el número total retrocedió desde un pico cercano a las 520.000 unidades pospandemia hasta las 490.000 actuales.

En el mercado laboral, los datos del SIPA muestran la eliminación de más de 270.000 puestos de trabajo registrados desde diciembre de 2023: 170.976 en 2024 y otros 106.232 en 2025.

Frente a ese panorama, los industriales bonaerenses articulan una respuesta en dos ejes. El primero es la judicialización de tasas municipales consideradas excesivas y sin contraprestación real. La iniciativa no es generalizada sino caso por caso, distrito por distrito y empresa por empresa, según precisaron a este diario fuentes al tanto de la estrategia.

El segundo frente apunta al corazón del sistema: la eliminación del Impuesto a los Ingresos Brutos aplicado a la industria. La propuesta ya llegó a oídos del gobernador Axel Kicillof, pero las fuentes consultadas admiten que la decisión implica un agujero fiscal que la Provincia no está en condiciones de absorber de manera inmediata. Por eso, la UIPBA trabaja en una propuesta de reducción gradual de alícuotas que no comprometa la recaudación provincial, con presentación prevista para las próximas semanas.

Mientras tanto, el sector celebra pequeñas victorias. En la Ley Impositiva 2026 (Ley 15.558), la Provincia redujo la alícuota de Ingresos Brutos para la fabricación de cartón y papel -del 3% al 2,5%- y para la elaboración de cervezas -del 4% al 3,5%-. Dos concesiones acotadas que los industriales reconocen como resultado de presentaciones técnicas ante el gobierno provincial. Un primer paso, dicen, en una negociación que recién empieza.