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El Congreso de la Nación se prepara para una semana intensa, marcada por la discusión y eventual votación de la versión acotada de la Ley Bases. Este lunes será crucial, ya que se someterán a votación tanto la reforma laboral como el paquete fiscal incluido en esta versión del proyecto.
El texto principal consta de 232 artículos, mientras que las medidas fiscales suman 112 artículos adicionales. A continuación, repasamos los puntos principales de ambas iniciativas.
Uno de los puntos más destacados es la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año.
El Ejecutivo decidió eliminar del listado de privatizaciones al Banco Nación, luego de generar amplio rechazo. No obstante, quedan sujetas a privatización total empresas como Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U.
Por otro lado, algunas empresas quedaron sujetas a privatización o concesión, como AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales. La Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT) solo podrán volverse mixtas, con control del Estado.
La Auditoría General de la Nación deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, y la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones del Congreso deberá controlar dicho proceso.
Se deroga la moratoria previsional aprobada durante el Gobierno de Alberto Fernández, por la cual personas que no alcanzaban los años jubilatorios podían entrar a un esquema de pago y poder jubilarse. Sin embargo, a pedido de la UCR se crea la Prestación de Retiro Proporcional. Este nuevo esquema permite que las personas que no alcancen a cumplir los 30 años de aporte, al llegar a los 65 años (edad en la que comienza a cobrarse la Pensión Universal para el Adulto Mayor - PUAM), también puedan cobrar un proporcional por los años que aportaron.
El impuesto a las Ganancias comenzará a pagarse a partir de un sueldo de $1.800.000 en el caso de solteros y de $2,2 millones para casados. Después de una ardua discusión, se acordó que la actualización sea trimestral (en septiembre) y después cada seis meses.
En cuanto al Monotributo, se actualizarán los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300% y 330%. El ingreso tope anual sería de $ 68 millones, siendo aplicable tanto para actividades de comercio como de servicios.
Se establece un régimen de incentivo para inversiones iguales o superiores a u$s 200 millones. Estas inversiones obtendrán beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, incluyendo una alícuota única del Impuesto a las Ganancias del 25% y la contabilización del 100% del Impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta de Ganancias.
Los cambios contemplan una reducción del piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto y una disminución en las alícuotas. Según el proyecto, el mínimo no imponible subirá de $ 11 a $ 100 millones, y la deducción por la vivienda familiar pasará de $ 56 a $ 350 millones.
Se incluye un programa de pago adelantado de 5 años con una tasa reducida, que posteriormente habilitará el "equilibrio fiscal", con el pago de un porcentaje muy bajo para el contribuyente hasta 2038.
El blanqueo permite regularizar activos no declarados hasta US$ 100.000 sin pagar el impuesto especial, contemplando alícuotas progresivas hasta el 15 % para montos superiores a US$ 100.000.
La moratoria permitirá pagar las obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas, con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo de la modalidad de pago.
El proyecto faculta al Ejecutivo a disponer la disolución total o parcial, fusión, escisión, modificación o transferencia de organismos de la administración central o descentralizada del Estado. Sin embargo, a pedido de la oposición, se escribió un listado con los órganos que el Estado no podrá intervenir.
Entre los organismos que quedan protegidos de estas medidas se encuentran el CONICET, el Laboratorio Malbrán, la ANMAT, el INCAA, el ENACOM, el INCUCAI, el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Se faculta al Ejecutivo a intervenir por el plazo de un año, organismos descentralizados, con exclusión de las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan; la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Unidad de Información Financiera (UIF) y las instituciones de la seguridad social.
Se autoriza al Poder Ejecutivo a unificar, modificar o liquidar los fondos fiduciarios públicos. En caso de disolución de un fondo financiado por una asignación específica, se coparticipará. Si se disuelve un fondo financiado por una asignación específica de un tributo no coparticipable, el tributo volverá a ser destinado al Tesoro Nacional. Cabe destacar que queda excluido el Fondo de Subsidios "zonas frías", que beneficia a los consumos residenciales de gas de las provincias del sur.
Uno de los aspectos más controvertidos de esta versión de la Ley Bases es la reforma laboral. Entre los puntos principales se encuentra la extensión del periodo de prueba de 3 a 6 meses, con la posibilidad de que las convenciones colectivas de trabajo puedan ampliarlo hasta 8 meses en el caso de empresas de 6 a 100 trabajadores.
Se eliminan las multas por trabajo no registrado, siempre y cuando el empresario blanquee a aquellos trabajadores que tenía en negro, como medida para incentivar el empleo registrado. Se incluye también la creación de un fondo de cese laboral, similar al de UOCRA, para las indemnizaciones, siendo opcional por convenio colectivo. Además, se contempla la posibilidad de contratar un seguro.
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