Las amenazas de escraches a legisladores en los aviones de Aerolíneas

En el vértigo con que se suceden algunos episodios en la política argentina, que suelen transgredir principios básicos de una normalidad constitucional y, antes que ello, de una básica convivencia entre personas civilizadas -al punto de que en ese encadenamiento, el incidente ocurrido hoy hace olvidar al de ayer- no debieran pasarse por alto las amenazas vertidas por un dirigente sindical aeronáutico a legisladores de la Nación, en el sentido de que serían escrachados ante los pasajeros de Aerolíneas Argentinas si votaran la Ley Bases, actualmente en tratamiento en el Senado.

Como se sabe, el titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) había advertido la semana pasada que cada uno de los senadores que votaran a favor de la Ley Bases sería escrachado cuando viajara en un avión de Aerolíneas Argentinas. “Vamos a explicarles a los pasajeros cada vez que viaje un senador de estos que están traicionando los mandatos populares”, aseguró, en el contexto de una protesta que realizaban los trabajadores del Aeroparque Jorge Newbery, como rechazo a la eventual privatización de la empresa. ¿Los senadores, entonces, votarían en contra para poder viajar tranquilos? ¿Eso es lo que pretende una persona no elegida por nadie para legislar en el país?

Si bien arreciaron varias críticas a esas expresiones, ninguna reacción provino de sectores institucionales. La única que se conoció fue la decisión de 23 diputados del PRO, que presentaron una denuncia penal contra el sindicalista por amenazas, instigación a cometer delitos e intimidación a funcionarios. En el escrito consideraron que las palabras del gremialista tuvieron “el expreso propósito de amedrentamiento” contra los legisladores.

Con posterioridad a esa presentación, el denunciado admitió en declaraciones a la prensa que durante las asambleas “a veces se dice lo que no se tiene que decir”, aunque lo que añadió fue ratificar que el personal aeronáutico de su sector buscará identificar a los legisladores para que la gente los conozca. Asimismo, intentó justificar esa decisión de escrachar a senadores, basándose en que el presidente Javier Milei “hace lo mismo”, pero que se lo mide con distinta vara.

Sea como sea, nuestro país se encuentra en una situación crítica, de la que no podrá salirse en modo alguno si los principales operadores de la política -entre quienes están, claro está y en un lugar preferente, los gremialistas- no ajustan su accionar a los mandatos de la ley. Si lo que se pretendiera es instalar la ley de la selva, se cometerían entonces no sólo delitos institucionales, sino que se erraría el camino que los argentinos debemos seguir para resolver nuestros graves problemas económicos, sociales, educativos y de seguridad jurídica.

Existen sobrados organismos y funcionarios públicos cuya finalidad estriba en garantizar –y hacerlo también de oficio- que todos los argentinos cumplan con la Constitución. Y si hubiera que definir cuáles pueden ser las anomalías institucionales más grandes, no debiera existir dudas en que presionar nada menos que a los legisladores nacionales, que son quienes expresan, quiérase o no, la soberanía popular, puede convertirse en una desubicación muy grave y en una afrenta que merecería, en forma inmediata, el peso de las sanciones previstas por las leyes.

LE PUEDE INTERESAR

Una disputa que no cede, el sugestivo acto con el aval de Karina y las movidas en la UCR

LE PUEDE INTERESAR

Los proyectos del Ejecutivo contienen decisiones sobre temas que determinarán discusiones prolongadas

Se ha dicho ya en muchas ocasiones en esta columna, cuando se presentaron amenazas, escraches u otras situaciones poco felices en perjuicio de funcionarios o legisladores de todo color político, que recuperar el sistema democrático le costó mucho al pueblo argentino. De allí deriva la necesidad de cuidar entre todos que la democracia permanezca a salvo y que las críticas a las autoridades no se excedan y conviertan en actos intimidatorios.