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El número de barrios populares creció de los 1300 que había en 2001 a los más de 6.400 que se registran hoy, según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que también indican que la provincia de Buenos Aires es la que tiene la mayor cantidad de estas urbanizaciones.
Los 6.467 barrios populares, villas y asentamientos que se levantan en todo el país, ocupan en total una superficie tres veces más grande que la Ciudad de Buenos Aires y en ellos habita el 12% de la población: unos 5 millones de personas.
Así consta en el último inventario efectuado por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), con el decisivo aporte logístico de la ONG Techo Argentina y otras de la sociedad civil, presentado unos días antes de que asumiera el presidente Javier Milei.
Según indica el mismo informe, un tercio de esos asentamientos (2065) está en la provincia de Buenos Aires.
De la acumulación de datos de barrios populares que centraliza el Renabap desde 2017 e iniciara la ONG Techo en 2009, al que denominan Relevamiento de Asentamientos Informales (RAI), surgen carencias sociales que dejan al descubierto una fuerte desigualdad.
Por caso, el 66% de los residentes en esas urbanizaciones no accede a un suministro formal de energía eléctrica, el 92% no cuenta con agua potable, el 97% no está conectado a la red cloacal y el 99% recibe al suministro de gas domiciliario, por lo que debe comprar onerosas garrafas o usar los peligrosos braseros.
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Además, el 87% de las mujeres que viven en esos barrios son responsables de hogar, y sólo un 31%, que incluye a las travestis-trans, tiene trabajo con ingresos.
“Más del 70% de la conformación de los barrios populares de la Argentina se dio de una manera que se conoce como ‘ocupación de tipo hormiga’: una familia o un grupo de familias se asientan en un lugar que estaba abandonado, donde nadie está haciendo uso de la tierra, y después van convocando a otras”, reflexiona Juan Maquieyra, director de la organización social Techo Argentina.
A medida que aumenta la cantidad de carencias en materia de derechos para la inclusión social, también sube el riesgo de la presencia de actividades de venta y tráfico de drogas.
Se estima que ese indicador alcanza al 45,2% en hogares con tres o más carencias, y llega solamente al 10,5% de hogares sin carencias.
La percepción de venta de drogas en asentamientos sube al 49,2%, así como al 41,2% en los barrios populares de clase baja, dice el estudio. Comparativamente, en los barrios de clase media, este riesgo cae al 20,3% y en los de clase media-alta al 3,9%.
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