Polémica por concesión del puerto de Quequén

Una fuerte polémica se desató el fin de semana entre la Provincia y entidades rurales del sur bonaerense, que cuestionaron una presunta intervención del Estado en la comercialización de granos en el puerto de Quequén. Sin embargo, la medida fue desmentida por el propio gobernador, Axel Kicillof, quien explicó que, vencida la concesión de ese puerto, lo que se está discutiendo son los términos del nuevo contrato.

El gobierno bonaerense apunta a una “reserva de carga” que garantice el derecho de uso a los pequeños productores, generalmente los más perjudicados, dijeron.

La concesión de la terminal de Quequén, con un plazo establecido de treinta años, venció en 2021. Sin embargo, el mismo contrato establecía una prórroga semiautomática de tres años, que se cumple en el próximo noviembre.

Desde hace algún tiempo, las partes negocian los términos del nuevo contrato. Ese dato, la puja por las nuevas condiciones, es un elemento central a la hora de comprender la ola de rumores y versiones que circularon recientemente, que incluyeron tanto la no renovación (que algunos directamente denominaron “estatización”) y la creación de una junta de granos, al estilo de las que se crearon en la década del treinta del siglo pasado.

En ese marco fue que la Mesa de Enlace bonaerense emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a “cualquier intención de intervención con el objetivo recaudador, sin atender las necesidades del sector productivo”, señalaron las entidades. En el mismo texto, aseguraron que el gobierno provincial tiene el “propósito de conformar una renovada ‘Junta Provincial de Granos’”.

Según trascendió, la Provincia y los ruralistas deben acordar posiciones en torno a dos puntos del nuevo pliego. Por un lado, el monto que la Provincia percibirá en concepto de multas por obras comprometidas y no realizadas, que fuentes del sector estiman entre 10 y 12 millones de dólares. El otro es la denominada “reserva de carga” que explicó el gobernador y puso en alerta a todo el complejo agroexportador y los empujó a, en términos del propio mandatario, “estar agitando fantasmas”.

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Esto es, que el Estado provincial tenga acceso a una cuota de uso del elevador de granos, al igual que lo hacen las empresas privadas, pagando por el servicio, para ponerla a disposición de los pequeños productores, algo que las condiciones actuales excluyen, a pesar de que la gestión es público-privada.

“Generalmente ése es el sector más castigado con el precio, el eslabón más débil de la cadena, ya que los intermediarios se quedan con la mayor parte de la rentabilidad”, explicó Kicillof para defender la decisión.

Días atrás el presidente de la Sociedad Rural de Necochea, Eugenio Cardenau, se manifestó en contra de la propuesta del gobierno provincial de intervenir en la comercialización de granos en Puerto Quequén. “El comercio de granos ha funcionado correctamente hasta ahora sin la intervención estatal”, señaló en declaraciones a la prensa.