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El caso de los hermanos Kiczka, en Misiones, volvió a revelar el horror de un negocio que se nutre y circula por medios digitales. En junio, detuvieron en La Plata a un empresario acusado de vender imágenes de niños en situación de abuso a cambio de criptomonedas. Las últimas estadísticas oficiales son de 2022
En La Plata. En junio allanaron la casa de un financista acusado de comercializar imágenes para pedófilos
Alejandra Castillo
acastillo@eldia.com
Cada caso mediático que saca a la superficie el drama de la pedofilia nos recuerda que los chicos están en riesgo permanente: si no es por el grooming que acecha en las redes, es por las apuestas en línea y el riesgo cierto de la ludopatía, como por el uso de inteligencia artificial capaz de viralizar imágenes suyas de desnudos que nunca hicieron.
En las últimas horas se confirmó que el diputado provincial misionero Germán Kiczka y su hermano Sebastián, ambos detenidos acusados de traficar imágenes de niños en situación de abuso, no eran los únicos integrantes de esta red de pedofilia que, se sospecha, actuaba desde hace rato. Su actividad fue alertada por la ONG norteamericana ICMEC (International Centre for Missing & Exploited Children); investigada por una fiscalía de Cibercrimen porteña y derivada a un juzgado de la localidad de Apóstoles.
Es que del análisis de los 603 archivos con fotos y videos de menores explotados sexualmente surgió que fueron compartidos con otros cómplices, uno de los cuales sería integrante del poder político de Misiones. La causa que tiene, por ahora, como protagonista principal al desaforado legislador del partido Activar, es encabezada por el juez de instrucción N°4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faría.
Más allá de los nombres y circunstancias aberrantes que rodean a este caso en particular, el dato inquietante es que la industria del abuso de menores en formato digital crece de manera fenomenal, muchas veces ligada al negocio de la trata, y a manos de ejecutores que ya ni siquiera se esconden en la dark web. El intercambio de enlaces suele circular por redes sociales, con códigos secretos que los mantienen en el anonimato.
Quienes estudian de cerca al problema no dudan en calificarlo como “el negocio de mayor crecimiento de los últimos años y la segunda industria criminal más grande del planeta: genera más de 150 mil millones de dólares anuales”, según apuntó recientemente Paula Wachter, directora de la ONG “Red de Infancia”. Y sumó: “Lo que ocurrió con el diputado y parte de su familia, es más común de lo que parece. Es moneda corriente en el mundo”.
En junio de este año, un empresario de 37 años fue detenido en nuestra Ciudad, acusado de publicar y distribuir imágenes de abuso sexual infantil en la dark web, a cambio de criptomonedas. Registrado en la AFIP como financista y dueño de una empresa dedicada al negocio de la computación, fue descubierto a partir de un trabajo conjunto entre Argentina y Estados Unidos, desde donde alertaron que “desde un sitio web se estaban promocionado páginas dedicadas a promover, facilitar, explotar y distribuir material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes”.
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Así arrancó una investigación por parte de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 17 y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño.
Un agente realizó una transacción virtual encubierta con la página investigada y detectó que el imputado publicitaba diversos archivos de abuso sexual infantil, disponibles para descargas gratis o pagas con moneda virtual. “Tenía cuentas activas en Fiverr, Reddit, Twitch, VK, Wikipedia, Wordpress, Coinvote”, se supo entonces. El Juzgado de Garantías Nº3 de La Plata autorizó el allanamiento, que terminó con el secuestro de material importante y financista preso. Pero se sabe que el negocio no se detiene nunca.
Una investigadora platense que trabaja en casos de delitos informáticos en la Región -y pidió mantener su identidad en reserva-, considera que los depredadores sexuales sacan provecho del “desconocimiento de los padres y el acceso de los chicos a las redes, sin ningún tipo de control. Están en riesgo todo el tiempo”, advierte. Por eso recomienda “estar muy pendientes” del uso que de ellas hacen los menores, “sobre todo en juegos que tienen chats individuales”.
“Groomers (ciberacosadores) y pedófilos aprovechan mucho esa situación –agrega-, sobre todo los juegos en línea para pequeños, como Roblox. Hay padres que ni saben que tiene un chat propio”. Lo mismo pasa con Instagram o TikTok, que son las redes más utilizadas por adolescentes.
Tan fuera de sintonía pueden estar los padres o adultos responsables, que las alertas primarias suelen provenir de las escuelas. Es que en ese ámbito, explica la investigadora, el niño o la niña que ha sido víctima de un delito sexual o de acoso puede revelarlo en la interacción con sus compañeros o manifestarlo con conductas detectables para profesionales con mirada entrenada.
“El grooming, la captación de menores con fines sexuales, la pedofilia, son delitos que están conectados y la mayoría de las veces no llegan al contacto personal. Hay grupos cerrados de Facebook, Whatsapp y ni hablar de Telegram”, dice la investigadora, “ahí se comercializa de todo”. De hecho, hace una semana el CEO de Telegram, Pavel Durov, fue detenido en las afueras de Paris, acusado de “complicidad en la distribución de material de explotación sexual de menores, contenido relacionado a drogas ilegales y software de piratería” a través de la aplicación que dirige. Ya lo liberaron. En La Plata hay dos fiscalías con competencia en los delitos de grooming y tráfico de imágenes de niños en situación de abuso: la UFIyJ 15, a cargo de Cecilia Corfield, y la 18, encabezada por Hugo Tesón. Las últimas estadísticas que difundió el ministerio Público de la Provincia son de 2022, con la sistematización de casos que se centralizan en el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de Procuración y datos del sistema informático creado y puesto en marcha ese mismo año.
En abril cayó el mayor distribuidor de material de abuso sexual infantil del país
Una de las conclusiones que figuran en el informe es que, “a partir del año 2020, y como consecuencia de las medidas de aislamientos decretadas, la conectividad de los niños y niñas a internet ha aumentado exponencialmente, extremo que ha sido utilizado por los agresores sexuales infantiles para perpetrar sus abusos. Y si bien durante el año 2022, la mayoría de los gobiernos han levantado dichas medidas, el tiempo que permanecen los niños en línea y las prácticas delictivas instaladas en consecuencia, no han disminuido”.
Sin embargo, los números oficiales marcan una baja. En 2022 se iniciaron 2.030 actuaciones, contra las 3.770 del 2021 y las 4.050 de 2020. Y exponen una reducción del predominio del delito previsto en el artículo 128 del Código Penal, que representó en el año 2022 el 66,4% de las IPP iniciadas, contra el 74,7% del año 2021. A contramano, se dispararon las denuncias de grooming. Otro dato interesante: la mayoría de las causas iniciadas en el año 2022 fueron por reportes NCMEC CyberTipline, que son recibidos por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía de la Ciudad (CIJ). En el departamento Judicial La Plata se abrieron 124 actuaciones en 2022, contra las 216 del 2021 y las 245 del 2020. Números oficiales.
Mientras tanto, advierte Interpol que “los delitos de abuso sexual infantil continúan posicionándose a nivel mundial entre las primeras actividades delictivas”.
“Hay varias figuras que protegen a los niños, niñas y adolescentes”, advierte el abogado especializado en derecho penal de La Plata, Darío Saldaño, y aclara que “la pedofilia no es una figura jurídica, sino una condición subjetiva del agresor. Es decir, la sexualidad con menores de edad, ya sea representada o en acto. La concepción más común de pedofilia es la relacionada con la pornografía infantil”.
El artículo 128 del CP, ya mencionado, sanciona las imágenes o representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas, toda representación de partes genitales con fines predominantemente sexuales, y la tenencia y distribución de ese material. Se agrava si la víctima es menor de 13 años.
El artículo 125 del CP aborda la corrupción de menores de 18 años, “aunque mediare el consentimiento de la víctima”; el 126 y el 127 penaliza la promoción, facilitación y explotación económica de la prostitución (figuras que se agravan con víctimas menores de 18 años); el 120 penaliza el estupro, es decir, la sexualidad consentida con un menor de 16 años pero mayor de 13; y el 119 castiga el abuso hacia una persona menor de 13 años, “sin posibilidad de consentimiento ni error”.
El artículo 130 impone penas a quien sustrajere o retuviere a un menor con fines sexuales y, el 131, al grooming o interacción tecnológica con un menor de edad con propósitos sexuales.
“Las penas dependen de varios factores”, define Saldaño, “pero, en promedio, son de entre 6 y 10 años. Casi ninguno de estos delitos tiene derecho a libertad condicional”.
Como abogada de la Ciudad de Buenos Aires especializada en derechos de Infancia, Laura Bonhote pone el foco en el abordaje o tratamiento mediático de este tipo de casos. “Más allá del interés público que puede generar una noticia, hay que tener en cuenta que del otro lado están las víctimas, su integridad sexual y su derecho a no ser revictimizadas”, sobre todo si se trata de menores que “no tienen autonomía para decidir si quieren que esto se divulgue”.
Cita como ejemplo el caso de Loan Peña en Corrientes, en el que se expusieron, entre tantas otras cosas, lo que contaron los otros chicos que estaban con él cuando “desapareció” en el naranjal. “A 35 años de la convención sobre los derechos del niño no podemos permitir que eso siga pasando. La libertad de expresión y el derecho a informar son pilares de la democracia, pero los niños merecen un trato diferenciado como sujetos de protección especial, resalta Bonhote.
Laura Bonhote
La abogada coincide en que es necesario reforzar el cuidado sobre el uso que los chicos hacen de los medios digitales, pero también atender lo que hacemos los adultos, por ejemplo, cuando compartimos a nuestras redes imágenes de los menores de la familia.
“Muchas veces suben fotos sin el consentimiento de las niñas, niños y adolescentes, sin tomar consciencia de que el pedófilo está en todos lados, pero sobre todo donde hay chicos”, insiste la abogada. Habla de las “redes, los clubes, los actos escolares”. De hecho, cuando ICMEC alertó a las autoridades argentinas sobre los hermanos Kiczka, remarcó que tenían en Yotube un canal de magia que apuntaba directamente al público infantil y los captaba online.
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