Ley previsional: ¿quién gana?

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Siempre es bueno hacer un poco de historia para entender los hechos presentes. Desde la década del ‘50 hasta la década del ‘80, la Argentina se convirtió en el reino de la litigiosidad previsional por falta o incorrecta movilidad de los haberes previsionales. En la década del ‘90 se erradica la inflación y se terminan los juicios por movilidad. Como no había inflación, tampoco se previó o no fue necesario pensar en una regla de movilidad. Pero vino 2002 y el renacimiento de la inflación.

Tanto el presidente Duhalde como su sucesor Néstor Kirchner deciden entonces otorgar ajustes discrecionales, con la particularidad que sólo ajustaban el haber mínimo y no los haberes superiores al mínimo. Los jubilados entablaron juicios por movilidad hasta que en 2008 la Corte se cansa y sentencia en el caso Badaro un ajuste del haber de este señor en un porcentaje alto. El caso funciona como testigo y se larga una ola de litigiosidad.

Cuestión es que a finales del 2008 el Congreso sanciona una regla de movilidad. Lo normal hubiera sido que la regla tenga componentes de ajuste por salario y/o inflación, como es en todos los países normales.

Pero como en Argentina se pusieron a manipular las estadísticas oficiales del Indec, hubo que inventar esa fórmula que ajustaba 50% por salario y 50% por recursos tributarios de la Anses la cual tenía un tope en función de los recursos del organismo.

En el 2017, ya con Macri como presidente, hay una reforma tributaria grande que modifica los impuestos que iban a la Anses y, además, el Indec se había normalizado, por lo que se cambia la regla movilidad a 70% por inflación y 30% salario a aplicarse cada 3 meses. Claro, pero en 2018 y 2019 se produce una fuerte aceleración inflacionaria que hizo que el ajuste de las jubilaciones vaya con retraso.

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A finales de 2019 vino Alberto Fernández, suspende la fórmula de movilidad para restaurar la fórmula que había con Cristina Kirchner de 50% por salario y 50% recursos tributarios de la Anses, con tope, y a ser aplicada cada 3 meses. La inflación se vuelve a acelerar a tasas más altas que las que había con Macri, el rezago de 3 meses y el tope de la fórmula funcionaron de maravillas así que las jubilaciones se licuaron aún más todavía.

Tan fuerte fue la licuación de jubilaciones que en el promedio 2023 habían perdido un 35% de su valor real respecto al promedio 2017. En el caso del haber mínimo -que recibe un bono- la pérdida fue de 15%.

El mayor gasto

Este es un enorme “ahorro” fiscal porque el pago de jubilaciones es el principal gasto del Estado nacional. La forma de congelar este “ahorro”, para siempre, es pasar a ajustar las jubilaciones -de aquí en adelante- por inflación.

Y vino el presidente Milei. Con la bandera del superávit fiscal, el nuevo presidente hizo lo que dice la “técnica”. Por Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), cambió la fórmula de movilidad y estableció que, de aquí en adelante, las jubilaciones se ajustarán por inflación. O sea, congeló el “ahorro” fiscal logrado por la licuación de las jubilaciones entre 2017 y 2023.

Un pequeño detalle es que, cuando cambió la fórmula de movilidad, dijo que en enero 2024 el ajuste sería del 12%, cuando la tasa de inflación mensual había sido del 20%. Esta fue una “trampita” para ganar unos puntos más de licuación a las ya licuadas jubilaciones de 2023.

Aparece el Congreso

Se junta la oposición con los partidos aliados al Gobierno y hacen tres cosas. Primero, colocan en una ley la regla de movilidad del presidente Milei. ¡Bingo! Le convalidaron por ley el “ahorro” fiscal de 35% del gasto previsional generado entre el 2017 y 2023.

Segundo, dice que todas las jubilaciones se deben ajustar en lo que le falta al 12% para llegar al 20% de enero 2024, o sea, le quitan la “trampita” de unos puntos más de licuación.

Tercero, ponen una garantía de la línea de pobreza para los jubilados que tengan como única prestación el haber mínimo.

¿Quién gana con el cambio? ¡El presidente Milei! ¡Por lejos!

Porque si bien el ajuste de enero y la garantía de la línea de pobreza implican un aumento de gasto (que es lo que encoleriza al Presidente), lo que gana de “ahorro” fiscal por convalidar con una ley (encima votada por la oposición) la licuación del 35% entre 2017 y 2023 es mucho mayor.

Está bien. Algunos economistas preguntan cómo financiar el aumento del gasto por el segundo y tercer punto de la ley del Congreso.

Fácil. El Gobierno está gastando unos 0,7% del PIB en el bono de $70.000 que lo reparte indiscriminadamente entre los que reciben un haber mínimo, independientemente de si la persona tiene otros ingresos (previsionales, laborales o de rentas de la propiedad) o si está en situación de vulnerabilidad. Lo que debería hacer el Gobierno es dejar de pagar este bono a personas que tienen otra fuente de ingresos o no está en situación de vulnerabilidad, para financiar el aumento de gasto de la ley previsional, que se estima en 0,4% del PIB. Listo.

Los libertarios se enojan por el “gol” que les hizo la oposición en el Congreso. Pero no están viendo que ganaron el partido: con una ley, votada por la oposición, se consolida el superávit fiscal estructural producido por la licuación del gasto previsional. Es un golazo.

El segundo gol del Gobierno es que se consolida la posibilidad de no manosear nunca más la regla de movilidad, como se hizo en los últimos 25 años, ya que a esta ley la sancionó la oposición. Sería muy indigno que la oposición vuelva a cambiar la regla de movilidad.

Hay un viejo dicho que dice: en política, como en el fútbol, no hay que hacer declaraciones ni actuar “en caliente”: hay que dejar que la “cabeza se enfríe” y recién actuar en consecuencia.