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En dos zonas densamente pobladas de la Ciudad –las de Los Hornos y la circundante al Parque San Martín- por cuerda separada sus vecinos coincidieron en advertir que muchos frentistas están armados y dispuestos a todo, frente a la intensa ola delictiva que los aflige y que se ha convertido en un martirio social. Y esas advertencias fueron reflejadas en sendos artículos en la edición de ayer de este diario.
“Los Hornos no está para bollos...” dijeron en la víspera quienes el martes pasado y también en este diario había avisado que actuarían en forma directa frente a la seguidilla de delitos que los acosa. Allí dijeron que como no hubo respuestas oficiales “la seguridad la vamos a poner nosotros. El que avisa no traiciona”.
Ese artículo periodístico terminó impulsando la reunión que sostuvieron en la víspera con funcionarios municipales y del ministerio de Seguridad.
Por su parte, los pobladores de la zona del Parque San Martín plantearon una alternativa similar. “Tenemos el arma cargada”, advirtieron después de que se conociera el dramático y cruento asalto padecido por una pareja de jubilados.
Se está llegando –no sólo en esos barrios, sino en caso toda la Región- al negativo límite que plantea la “justicia por mano propia”, al imperio de la ley de Lynch, a una suerte de insólito resurgimiento de los usos y costumbres del Lejano Oeste, en donde las balas pueden valer más que la ley. Esta alternativa debe ser evitada a todo trance por la fuerza policial, que es la que tiene que mantener en forma excluyente el monopolio de la fuerza pública.
Y cabe agregar que estas situaciones que agravian al orden institucional no son novedosas, sino que vienen de lejos. La profusión en todas las zonas de rejas en las casas, cadenas con candados, de alarmas individuales o compartidas con decenas de vecinos, la colocación de cámaras de seguridad aquí y allá, algunos episodios ya registrados de justicia por mano propia, todo demuestra en forma incontrastable la indefensión que sienten centenares de miles de vecinos. La oscuridad de algunas calles es otro factor contrario a la seguridad.
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La delincuencia sigue campeando en la Región, sin nada que la prevenga y detenga. Motochorros por doquier, ladrones que caminan “revisando” cada barrio –que los vecinos espantan como pueden, sin que la policía atine a pedirles documentos y revisar el contenido de las mochilas-, lugares donde los vecinos denuncian que viven los malvivientes y que la Policía no fiscaliza. Falta de patrullas, falta de rondas, falta de personal en las calles, falta de comunicación entre la policía y la población
Así, el delito camina con absoluta tranquilidad por la Región y va eligiendo a sus víctimas.
Es verdad que al estado de desamparo que sufren muchos vecindarios se suma, asimismo, el sentimiento generalizado de que la impunidad será, finalmente, el destino que le espera a algunos malvivientes detenidos, con un variado menú de beneficios procesales.
En este penoso contexto, sin embargo, corresponde igualmente oponerse de plano a la justicia por mano propia. De lo que se trata, en definitiva, es de defender el pleno imperio de la Constitución y de contar con leyes equilibradas, sensatas y eficaces.
Asimismo, tanto la Policía como la administración de Justicia deben contar con recursos y apoyos suficientes, para hacer valer su imperio sobre la delincuencia. Sin dejar de oponerse a quienes, sin contar con incumbencia, creen creer que la solución es combatir al delito a tiro limpio.
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