El Gobierno espera otra marcha y está en guardia

“Ni un paso atrás”, sería la firme decisión del Gobierno nacional a la espera de una nueva movilización el próximo miércoles acompañando la protesta de los jubilados. Así habrían coincidido el presidente, Javier Milei, y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante el viaje a San Nicolás para participar de la muestra del agro, donde el jefe de Estado le dio un fuerte respaldo a la dirigente del PRO el día después de los incidnentes en cercanías del Congreso.

De esta manera, el Gobierno no revisaría el accionar policial pese a que la represión terminó con al menos 20 personas hospitalizadas, entre ellos el fotógrafo, Pablo Grillo, que aún sigue internado en estado crítico. En la Casa Rosada siguen pensando que en la marcha hubo una cantida importante de “infiltrados” y esperan para este miércoles y los próximos apoyo “logístico” para el reclamo de los jubilados.

Milei apunta a mantener activo en su gestión el orden en la vía pública. De hecho ya dijo que “los de azules son los buenos, y los de caras tapadas son los hijos de p...”.

Bullrich ya habría mantenido una reunión con las cúpulas de las fuerzas de seguridad, con la SIDE y con el ministerio de seguridad porteño para prever un nuevo operativo en caso de que a la marcha del próximo miércoles se plieguen eventuales grupos violentos, que el Gobierno ya caracterizó como barrasbravas.

Contra la jueza

El Ministerio de Seguridad de la Nación adelantó ayer que mañana presentará una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, que liberó a las pocas horas a los 114 manifestantes detenidos, por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “prevaricato” y por haber sido “deliberadamente funcional al delito de sedición y atentado al orden público”.

Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también reveló ayer que se presentará como querellante en la causa y recusará a la jueza Karina Andrade por su decisión de liberar a los detenidos tras los incidentes ocurridos el miércoles.

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El viernes, el gobierno de Javier Milei pidió el apartamiento de la jueza de la causa además de presentar una denuncia penal contra “grupos organizados de barrabravas” de más de una veintena de clubes de fútbol por los delitos de sedición, atentado al orden público y asociación ilícita agravada.

El director de Legales del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, afirmó ayer que Andrade “fue deliberadamente funcional para que se sostengan todos los hechos ocurridos. Es una juez que no miró la Ley”, explicó.

“No solo es negligente, sino deliberadamente funcional a la sedición y al delito del atentado al orden constitucional”, sentenció el funcionario del Ministerio de Seguridad, quien presentará este lunes la denuncia en la justicia federal.

“A medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa”, argumentó la jueza en la resolución. “Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”, remarcó Soto.

“A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”, agregó.

Andrade no es la única señalada por el Gobierno por los incidentes producidos en el Congreso, que culminaron con más de 50 heridos, entre ellos, el caso del fotógrafo de 35 años Pablo Grillo, herido de gravedad por el lanzamiento de una cápsula de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza mientras sacaba una foto en plena manifestación. Ayer, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia en el juzgado 11 subrogado por el juez Sebastián Casanello, que está de licencia y es reemplazado por Sebastián Ramos, a cargo del fiscal Franco Picardi, en la que también apuntó contra los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, a quienes les adjudica haber promovido y financiado la protesta con el fin de generar caos.

Ambos intendentes negaron la acusación y le imputaron al Gobierno no haber presentado ninguna prueba al respecto.

Querella de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras, también se presentará mañana como querellante en la causa por los violentos incidentes que provocaron destrozos millonarios, y recusará a la jueza Andrade por su decisión de liberar a los detenidos tras los incidentes ocurridos el miércoles en las inmediaciones del Congreso durante la marcha.

El ministro de Justicia porteño Gabino Tapia, expresó ayer que la magistrada “tiene una tendencia que va más acorde a lo que se conoce como el garantismo o estar a favor de aquel que comete una infracción o un ilícito y no de aquellos que cumplen la ley”.

También describió los hechos como “una locura, un ataque a las instituciones y en particular también nosotros lo consideramos en la ciudad un ataque a los porteños”. Estimó que los daños ocasionados en los incidentes “le costaron a la ciudad y a todos los porteños más de 400 millones de pesos”.

El ministro detalló que los destrozos incluyen “89 contenedores, 2 patrulleros y 4 motos”.

Se rompió la vía pública, el mobiliario urbano, locales comerciales de particulares”. Y agregó: “No fue una manifestación, sino un ataque no solo a las instituciones federales, sino también a todos los porteño”.

El ministro criticó el argumento de la jueza de garantizar el derecho constitucional a manifestarse, señalando que “eso no fue una manifestación, lo que ocurrió el otro día se trató de un acto de violencia coordinado obviamente por organizaciones que estaban detrás de esto”.