

García Mansilla (izquierda), ya incorporado a la corte, y los otros miembros, en la asamblea legislativa / na
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García Mansilla (izquierda), ya incorporado a la corte, y los otros miembros, en la asamblea legislativa / na
Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com
La intensidad de la confrontación que planteó Javier Milei con Axel Kicillof el último viernes no pareció casual. El Presidente tiró la idea de la renuncia del Gobernador y de la intervención federal de la Provincia, ante los hechos de inseguridad “in crescendo” que tuvieron un pico dramático con el crimen de la pequeña Kim.
La intervención federal es un mecanismo previsto en el artículo 6º de la Constitución nacional, que permite al Poder Ejecutivo tomar el control de una provincia en situaciones excepcionales. Existen tres causas para decidir eso: 1) “Garantir la forma republicana de gobierno”; 2) “Repeler invasiones exteriores”; 3) El pedido de sus “autoridades constituidas para sostenerlas o reestablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia”. Claramente nada de eso pasa.
El procedimiento para decretar una intervención es una atribución del Congreso Nacional, desde la reforma constitucional de 1994. El Presidente puede decretarla de manera excepcional si el Congreso está en receso, pero siempre el Poder Legislativo debe posteriormente aprobarla. Con los números actuales en las dos cámaras, es obvio que eso nunca sucedería.
En criollo: el Presidente siempre supo que la intervención es absolutamente improbable.
Pero con su intento de ultimátum a Axel, Milei copó coyunturalmente la agenda pública. Un ejercicio que el Gobierno adicto a las redes suele hacer muy bien, pero en el que venía fracasando desde el escándalo cripto. Al punto que todos los días se destapa algún coletazo de ese caso que se inició cuando el Presidente recomendó la memecoin $Libra, que terminaría defraudando a muchos ahorristas.
El último bombazo: la investigación del New York Times publicada precisamente el viernes respecto a cierta ruta de pedidos de dinero que existiría para entrevistarse con el libertario.
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El Gobierno, como todos sus antecesores, hace todo el tiempo encuestas cualitativas de opinión pública, diagnósticos sobre lo que piensa la gente en relación a varios temas. Sean decisiones gubernamentales o problemas cotidianos. Está claro que la gestión de seguridad de Kicillof es de lo más criticado en esos sondeos. No es un tema ideológico: es simplemente la percepción de la gente de a pie. Especialmente del Conurbano (se incluye aquí a La Plata), donde la vida ya no tiene valor para la delincuencia y los vecinos no saben si vuelven vivos cuando salen de sus casas.
La pátina ideológica, en todo caso, la introduce la discusión política. Porque es verdad que el Gobernador es un claro exponente de ese garantismo abolicionista que siempre ha caracterizado al kirchnerismo, pero también es cierto que el perfil de la construcción discursiva en este sentido de La Libertad Avanza (LLA) es la llamada “mano dura”. Durísima. Con picos de declaraciones bruscas y acaso irresponsables como las del diputado José Luis Espert, probable pollo presidencial para la contienda electoral de este año en el distrito, que directamente habla de matar a los malos.
Lo que no aparece en agenda en aquellos sondeos es el tema de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto a la cual Milei acaba de hacer una osada jugada al nombrar por decreto (esto es, sin acuerdo del Senado nacional) a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. “Es una cuestión que no mueve la aguja”, explica a este diario un reconocido consultor. Se diría que es un tema para un micro mundo muy metido en la cuestión. Es la contracara de la problemática de la inseguridad, en términos de opinión pública.
Así, Milei avanzó sin ese riesgo del rechazo social mayoritario, como le pasó con otros temas. Por ejemplo, los recortes a las universidades públicas que merecieron marchas multitudinarias el año pasado. Mansilla ya juró como cortesano; Lijo, polémico por donde se lo mire pero dueño de una notable red de influencia en el mundo político, empresario, sindical, judicial y varios etcéteras, espera que le aprueben la licencia como juez federal de Comodoro Py. Porque, obviamente, no renunció. Es que la designación puede ser volteada por el Senado cuando, más tarde o más temprano, los pliegos se traten en esa cámara.
Con el decretazo, Milei no hizo algo ilegal. La Carta Magna lo habilita mientras el Congreso está en receso de sesiones ordinarias, como ocurrió hasta el viernes. En todo caso, no parece saludable para la institucionalidad, que es lo que le reprochan constitucionalistas, opositores duros y opositores dialoguistas. Entre estos últimos destaca Mauricio Macri, líder del PRO, a pesar de que él quiso hacer lo mismo apenas asumió como presidente con los actuales jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, finalmente votados por el Senado. Se ve que el hombre ha reflexionado.
Macri viene diferenciándose de Milei al punto que ha insinuado la posibilidad de presentarse con espacio propio en las próximas elecciones. El tema de los jueces puede llegar a actuar como el argumento central para una eventual ruptura política con el Presidente, presentada como la búsqueda de la preservación institucional y el apego al republicanismo.
Para el peronismo, con muy fuerte presencia en el Senado, es otra cosa. En principio aseguró que no avalará los pliegos de los nuevos cortesanos cuando lleguen a la cámara pero, la verdad, fue decisivo su apoyo para que el dictamen de Lijo -enviado por el Gobierno para ser tratado en las sesiones extraordinarias- obtuviera las firmas favorables en la comisión de Acuerdos. Después se trabaría su tratamiento en el recinto y por eso fue lo del decreto.
Un escenario posible es que se abra un marco de negociación entre LLA y el PJ, tal vez subterráneo al principio, en el que el peronismo podría intentar sumar más temas judiciales a tratar. Como la ampliación de la Corte, nombramiento de funcionarios judiciales nacionales que faltan y otras condiciones, a cambio del eventual apoyo a Lijo y Mansilla.
En fuentes libertarias creen que el posible emparentamiento de libertarios y justicialistas en este tema no es preocupante por aquello de que no es un tema de interés generalizado y porque confían en que, si el gobierno sigue manteniendo a raya la inflación, la ciudadanía tendrá todo tipo de contemplaciones y perdonará esas “desprolijidades”.
Los amarillos, en cambio, creen que resaltar esa incoherencia de Milei podría hacerlos retener esos “votos prestados” que les ofrecieron a los libertarios para ganar en 2023 pero que, en rigor, ya parecerían muy seducidos por el color violeta.
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