Debilidad institucional, ¿fortaleza oficialista?

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Al referirse al decreto con el cual el Gobierno saltó al Congreso para aprobar un nuevo acuerdo con el Fondo, el expresidente Mauricio Macri lo adjudicó a la “debilidad institucional”. Este malabar discursivo para despersonalizar la responsabilidad de un acto de gobierno, posiblemente ilegal, alimenta el debate sobre el rol de las reglas en un régimen republicano.

Hace no mucho, Murillo, Levitsky y Brinks elaboraron una tesis en la que defienden cómo la debilidad institucional no es simplemente un fallo del sistema, sino que puede ser una estrategia deliberada de ciertos actores de poder.

En este sentido, cabe preguntarse si esta debilidad, entendida como la falta habitual de cumplimiento de las reglas (o su constante reinterpretación arbitraria), describe al momento político argentino o, más bien, pinta al régimen político construido en las últimas décadas.

Difícilmente, cuando Macri trae el concepto para describir el contexto nacional, esté pensando en este debate, pero sí deja servida esta ambigüedad para referirse a la causa de la debilidad institucional. Mientras que hace unos meses era claro que su estrategia no le permitía asignar responsabilidades al Gobierno, la seguidilla de eventos hace que hoy pueda hablar de la falta de institucionalidad de algunas de sus decisiones.

La historia recordará al discurso en Davos como el inicio de un proceso donde el llamado “triángulo de hierro” avivó el caos político y comunicacional, acelerando el proceso de reordenamiento de dirigentes y de la oferta partidaria.

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A partir de allí, el escándalo de $Libra, la designación de jueces por decreto, evitar el Congreso con un nuevo endeudamiento, la represión y las mentiras oficiales relacionadas con la manifestación de jubilados dan el marco discursivo necesario a quienes, por voluntad o necesidad, serán opositores en este año electoral.

Puede que esta serie de errores no forzados no afecte la imagen del Gobierno en la opinión pública en el corto plazo, pero el cambio en los incentivos de algunos dirigentes es consecuencia suficiente para hablar de un punto de inflexión.

En esta línea, se comienzan a ver movimientos en el Congreso que estuvieron ausentes en el primer año de gestión, donde la noticia en torno al Poder Legislativo giró siempre en torno a su sumisión al veto presidencial y la resistencia del tercio oficialista.

En los ‘90 y principios de los 2000, la ciencia política profundizó en el estudio de la parlamentarización de la política, dado el creciente número de gobiernos divididos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. En esta primera etapa, los Congresos lograron imponer agenda en contextos de fragmentación y debilidad oficialista.

En un texto ya clásico sobre el análisis causal de los juicios políticos en América Latina, Aníbal Pérez Liñán concluyó que la convergencia de minoría parlamentaria (pérdida de escudo legislativo), crisis económicas y escándalos públicos que afecten la confianza social es la receta perfecta para la eyección de un presidente de su cargo.

Vista la actualidad desde esta perspectiva, se ven con más claridad los factores que cambiaron las dinámicas políticas en las últimas décadas. La evolución del desprecio a la política y la pérdida del consenso mayoritario sobre los beneficios del Estado de bienestar, dadas dentro del nuevo ágora digital, cambiaron el paradigma de los factores de debilidad presidencial.

Debilidad y legitimidad

Con esta última idea, se puede retomar la tesis de Murillo, Levitsky y Brinks. Los elementos que hace unos años eran causas de la debilidad de un Poder Ejecutivo hoy pueden otorgarle mayor legitimidad popular bajo la épica de combatir los poderes establecidos. En el caso argentino, el antagonismo con la casta sigue vigente y útil en términos comunicacionales, aun con todas las contradicciones del Gobierno.

Sumado a esto, la debilidad institucional, que en Argentina es tanto una descripción de la arquitectura política como de la falta de republicanismo práctico de las administraciones centrales, otorga márgenes de acción vitales para un gobierno hiperminoritario parlamentariamente pero que mantiene apoyo social.

El debate en torno a la falta de republicanismo, traducido en el bajo cumplimiento de las reglas que tiene como consecuencia la fortaleza del Poder Ejecutivo, puede defenderse bajo la idea democrática de la voluntad popular. Esta es la idea a la que se amarra el Gobierno contra las acusaciones de atentar contra la institucionalidad, retórica que encaja perfectamente en la épica anti-casta.

La prueba electoral está cerca y el reordenamiento de la oposición se acelera. El Gobierno necesita una victoria real (no solo nominal-parlamentaria) para poder seguir defendiendo la cruzada democrática contra las instituciones de la casta.