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Un descubrimiento sin precedentes sacudió los pasillos del Palacio de Tribunales en Buenos Aires y despertó el interés de historiadores, diplomáticos y organizaciones dedicadas a la memoria del Holocausto. Durante una mudanza vinculada a la creación del futuro Museo de la Corte Suprema, funcionarios judiciales encontraron en un subsuelo del edificio una serie de cajas con material de propaganda nazi que habían llegado a la Argentina en 1941 y que permanecieron ocultas durante más de ocho décadas.
El hallazgo, considerado de enorme valor histórico, podría arrojar luz sobre las redes de influencia nazi en América Latina, sus intentos de diseminación ideológica en Argentina y, potencialmente, sobre el movimiento de fondos del Tercer Reich en el mundo. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, encabezó personalmente la apertura de las primeras cajas, en un acto cargado de simbolismo y memoria, acompañado por representantes de la comunidad judía y especialistas del Museo del Holocausto de Buenos Aires.
Las cajas del pasado
El origen de este material se remonta al 20 de junio de 1941, cuando 83 cajas procedentes de la embajada alemana en Tokio arribaron al puerto de Buenos Aires a bordo del buque japonés Nan-a-Maru. Formalmente, se trataba de envíos diplomáticos dirigidos a la embajada alemana en Argentina, declarados como efectos personales. Sin embargo, la enorme cantidad de bultos —que pesaban casi 700 kilos— y las sospechas sobre su verdadero contenido alertaron a las autoridades aduaneras, que detuvieron el despacho e iniciaron una consulta formal al Ministerio de Relaciones Exteriores.
La situación escaló rápidamente y llegó a la Comisión Especial Investigadora de las Actividades Antiargentinas del Congreso, presidida por el diputado radical Raúl Damonte Taborda, una figura clave en la lucha contra las actividades subversivas extranjeras en el país. La comisión, tras inspeccionar cinco de las 83 cajas, detectó postales, fotografías, libretas y publicaciones del Partido Nacional Socialista y de la Unión Alemana de Gremios. Se trataba, en definitiva, de material de propaganda nazi que apuntaba a consolidar la influencia ideológica de Adolf Hitler en territorio argentino y, desde allí, proyectarse hacia el resto de América Latina.
El conflicto diplomático y judicial
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A pesar del hallazgo, el gobierno argentino de entonces, preocupado por mantener una postura de neutralidad frente al conflicto europeo, evitó medidas que pudieran tensar las relaciones diplomáticas con el Eje. El Ministerio del Interior rechazó la solicitud del Congreso de secuestrar las cajas, y la Cancillería respaldó esa decisión.
Frente a este revés, la Comisión Investigadora acudió al fuero penal: el 13 de septiembre de 1941, presentó una solicitud ante el juez federal Miguel Luciano Jantus para que ordenara el secuestro de las encomiendas. El magistrado solicitó más información, pero dispuso expresamente que el material permaneciera bajo custodia judicial. Apenas tres días después, el expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia, por tratarse de un asunto que involucraba a una representación extranjera y que, por tanto, caía bajo su competencia originaria.
A partir de entonces, se perdió el rastro de las cajas. No existía registro alguno en los archivos de la Corte sobre su destino final. Hasta ahora.
Ocho décadas en el olvido
El redescubrimiento ocurrió en el marco de los trabajos preparatorios para el Museo de la Corte Suprema. El director de la Oficina de Servicios Auxiliares del tribunal, Marcelo Valente, detectó entre los documentos almacenados en el subsuelo de Talcahuano 550 una serie de bultos con señales evidentes de antigüedad. La investigación interna determinó que se trataba de las cajas mencionadas en los informes de la Comisión de 1941. El hallazgo fue elevado al Centro de Asistencia Judicial Federal, que dispuso la inmediata preservación del contenido.
La Corte ordenó trasladar las cajas a una sala especial del cuarto piso, acondicionada con medidas de seguridad y vigilancia. El viernes 2 de mayo, el presidente Rosatti encabezó la apertura oficial de las primeras cajas. Lo acompañaron el Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra; el director del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Jonathan Karszenbaum; la profesora Marcia Ras, especialista en la Shoá; y funcionarios judiciales responsables del resguardo y conservación del material.
Investigación y memoria
Las tareas de inventariado y análisis recién comienzan y demandarán semanas, posiblemente meses. El objetivo principal es determinar si entre los documentos se encuentra información que permita esclarecer aspectos aún desconocidos del Holocausto o de las rutas internacionales del financiamiento nazi. Las primeras revisiones sugieren que podría tratarse de uno de los hallazgos más significativos vinculados al Tercer Reich en América Latina.
La Corte Suprema, en línea con los compromisos asumidos en materia de derechos humanos y memoria histórica, firmó el pasado 25 de marzo un convenio de cooperación con la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina y la Fundación Memoria del Holocausto. La resolución 3703, que autorizó esta alianza institucional, fue suscrita por los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. En ese marco, el Museo del Holocausto participará de manera activa en la catalogación e investigación del contenido hallado.
Una puerta abierta al pasado
La aparición de estas cajas reaviva interrogantes profundos sobre el rol de Argentina durante la Segunda Guerra Mundial, las redes nazis en la región y la forma en que el aparato judicial argentino procesó —o evitó procesar— episodios de alcance global. También plantea nuevas oportunidades para la justicia histórica y la verdad, justo cuando el tiempo parece borrar los últimos vestigios materiales de uno de los capítulos más oscuros del siglo XX.
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