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Shabana Mahmood
El gobierno británico implementará el uso de medicamentos para suprimir el impulso sexual de los delincuentes sexuales como parte de un paquete de medidas para reducir el riesgo de reincidencia y aliviar las presiones sobre el sistema penitenciario, que se está quedando sin espacio. La secretaria de Justicia, Shabana Mahmood, dijo ayer que la llamada castración química se utilizaría en 20 prisiones de dos regiones y que podría convertirse en obligatoria. “Es vital que este enfoque se lleve a cabo junto con intervenciones psicológicas que aborden otras causas del delito, como la afirmación de poder y control”, señaló en una declaración ante el Parlamento tras la publicación de una revisión independiente de sentencias. Aunque en la revisión se destacó que el tratamiento no sería relevante para algunos delincuentes sexuales, como los violadores impulsados por el poder y el control en lugar de la preocupación sexual, Mahmood indicó que según los estudios, la castración química puede llevar a una reducción del 60% en la reincidencia. Se ha utilizado en Alemania y Dinamarca de manera voluntaria, y en Polonia es obligatoria para algunos delincuentes.La recomendación fue parte de una revisión amplia liderada por el exsecretario de Justicia David Gauke. Además de buscar formas de bajar la reincidencia, Gauke recomendó reformas para renovar el sistema carcelario, que está casi a su máxima capacidad. Una de las primeras acciones de Mahmood como ministra de justicia tras el regreso al poder del Partido Laborista en julio pasado después de 14 años fue aprobar un programa de liberación anticipada de presos para abrir espacio.
Dice que heredó un sistema judicial que había sido descuidado durante años por el anterior gobierno conservador y estableció la revisión como un medio para estabilizarlo. “Si nuestras prisiones colapsan, los tribunales se ven obligados a suspender juicios”, expresó. “La policía debe detener sus arrestos, el crimen queda impune, los criminales se descontrolan y reina el caos. Nos enfrentamos al colapso de la ley y el orden en este país.”
En la revisión se recomendó que los criminales pudieran ser excarcelados antes, mientras que los jueces podrían tener más flexibilidad para imponer castigos como prohibiciones de conducir. También se aconsejó la eliminación de las sentencias de menos de 12 meses, salvo en circunstancias excepcionales como casos de abuso doméstico. También se pidió la deportación inmediata de extranjeros condenados a una sentencia de tres años o menos.
En la revisión se pide una mayor inversión en el servicio de libertad condicional para permitir que los funcionarios pasen más tiempo con los delincuentes para su rehabilitación y fondos adicionales para el gran número de personas monitoreadas con etiquetas electrónicas en la comunidad.
Mahmood respondió asignando 700 millones de libras (930 millones de dólares) al año para la libertad condicional en los próximos años.
La población carcelaria en Inglaterra y Gales se ha duplicado en las últimas tres décadas, alcanzando casi 90.000 internos pese a una caída en las tasas de criminalidad. Se debe, en parte, al hecho de que se imponen sentencias más largas ante la presión de mostrar severidad contra el crimen.
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