Dólares del colchón: se demora el debate por falta de apoyo opositor

El proyecto del Gobierno para alentar el uso de dólares no registrados (en el colchón) recién se empezará a debatir la próxima semana en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, debido a que aún necesita consensos con bloques opositores para poder conseguir avanzar con el trámite legislativo que le permita su sanción en el recinto de sesiones.

El principal escollo que tiene La Libertad Avanza para sancionar el proyecto es que aún no tiene los números en la comisión de Presupuesto, para firmar el dictamen que es necesario para permitir su tratamiento en el recinto de sesiones.

haciendo cuentas

La iniciativa fue enviada a las comisiones de Presupuesto, Legislación Penal y Legislación General, pero las dificultades mas grandes la tiene en la primera que es la que preside el libertario José Luis Espert.

En esa comisión de 49 miembros, Unión por la Patria (UxP) tiene 20 y la izquierda uno, con lo cual suman 21, es decir que el oficialismo tiene que tener al menos 21 miembros para permitir el desempate de su presidente Espert.

Pero, además, para que haya dictamen habilitado, se deben juntar 25 firmas entre todos los despachos y la UxP no presenta el propio hasta el que LLA y otros bloques no alcancen ese número.

De este modo, el oficialismo no solo tiene que alcanzar al menos 21 firmas en su propio despacho, sino que debe lograr que otros bloques que no lo acompañen, presenten su propio despacho o firmen en disidencia el del oficialismo.

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LLA tiene 6 diputados, con lo cual tiene que conseguir el respaldo de, por lo menos, los siete legisladores del PRO; dos del MID; tres de la UCR; dos de Innovación Federal y uno de Producción y Trabajo, y asi le alcanza para emparejar a UxP.

Ahora debe lograr que dos de Encuentro Federal, tres de Democracia para Siempre y uno de la Coalición Cívica, presenten al menos sus propios dictámenes.

En cambio, el oficialismo señala que no tendrá dificultades en las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General, donde tiene más facilidades de alcanzar la mayoría en esos organismos, que tienen 31 miembros.

En la comisión de Legislación General, LLA tiene cuatro miembros y puede sumar el respaldo de cinco del PRO; uno del MID; dos de la UCR; uno de los radicales “con peluca”; uno de Innovación Federal y uno de Democracia para Siempre, con lo cual suma 16 voluntades.

Hay dudas sobre la postura que asuman los dos diputados de EF, Mónica Fein -quien votó la mayoría de las leyes en contra de LLA- y Oscar Agost Carreño.

En tanto, en la Comisión de Legislación Penal, que tiene 31 miembros, LLA tiene cinco miembros; el PRO, cinco; la UCR, dos; Liga del Interior, uno; Innovación Federal, uno; Democracia para Siempre, uno, y el cordobés Juan Brugge de EF.

Por ese motivo, esta semana buscarán avanzar en conversaciones con los bloques dialoguistas para asegurarse la mayoría en esas tres comisiones que presiden los libertarios José Luis Espert (Presupuesto); Santiago Santurio (Legislación General) y la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal).

Posteriormente, buscará avanzar también en conversaciones con los gobernadores para asegurarse los votos en el recinto de sesiones, aunque para ese objetivo el oficialismo está mas confiado como sucedió cuando el trató la ratificación del DNU sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El Proyecto oficial

La iniciativa de ley de “Principio de Inocencia Fiscal” que modifica el Régimen Penal Tributario y busca facilitar el uso de dinero no declarado en la economía real, ingresó el jueves pasado y fue girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Legislación Penal.

El proyecto que busca aprobar el Gobierno aumenta el monto mínimo de dinero no declarado por encima del cual el Estado debe investigar la posible comisión del delito de evasión simple, al pasarlo de $1.500.000 a $100.000.000.

En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años, mientras que la iniciativa crea un Régimen simplificado de Ganancias por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.

Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, así como tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo cobrará el Impuesto a las Ganancias por los ingresos que se haya facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.