Avanza la causa: con allanamientos y peritaje de celulares

Con el peritaje de celulares y allanamientos en Nordelta, la Justicia dio ayer otro paso en la búsqueda de pruebas que permitan esclarecer el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el mayor escándalo que sufre el Gobierno desde la supuesta estafa con la criptomoneda $Libra y que involucra a empresarios y funcionarios clave como la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y su asesor, Eduardo “Lule” Menem, según se desprende de los audios (a esta altura virales) atribuidos al desplazado titular de la Andis, Diego Spagnuolo.

Precisamente ayer, los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) de la Procuración General de la Nación lograron extraer datos del celular de Spagnuolo (pese a que el exfuncionario se había negado a proporcionar la clave de acceso cuando se lo secuestraron durante un operativo en su casa de un barrio privado de Pilar). La información del teléfono ahora está en poder del fiscal Franco Picardi, a cargo de la instrucción junto al juez Sebastián Casanello.

La prueba obtenida del dispositivo de Spagnuolo resulta una pieza clave para las investigadores, que buscarán determinar si la veracidad de los audios atribuidos al removido funcionario y en los que alude al supuesto pago de sobornos de proveedores de medicamentos al Estado, además de sugerir que la situación habría llegado a oídos del presidente, Javier Milei. También se analizarán otros datos, mensajes y documentos que podrían ser relevantes para el expediente judicial. En el registro preliminar ya se detectaron chats eliminados.

Por otro lado, también se avanzará con la extracción de datos de los móviles de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer, accionistas de la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios de Spagnuolo.

Otro dispositivo que se someterá a análisis será el del exfuncionario de la Andis Daniel Garbellini, quien en los audios del escándalo es señalado como el “tipo que maneja todo lo que es la caja” en el área de Discapacidad. A su cargo estaba el programa Incluir Salud, que se encarga del pago y la provisión de medicamentos a las personas con discapacidad sin obra social. Garbellini fue el único que facilitó la clave de acceso de su celular.

Más medidas

Por otra parte, el juez federal Casanello quedó en condiciones de definir la situación procesal del jefe de Seguridad del barrio privado Nordelta, Ariel De Vicentis, quien el lunes negó en declaración indagatoria haberle avisado de la llegada de la policía a uno de los Kovalivkrer, quien se retiró del lugar antes del ingreso de los efectivos.

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De Vicentis alegó que estaba de vacaciones pero que, ante lo que sucedía y por responsabilidad profesional, se comunicó y pidió una copia de la orden de presentación y confirmar que se trataba de policías.

Además, al ser indagado por supuesto “encubrimiento” y “obstrucción a la justicia”, negó haber advertido a los residentes de Nordelta de la presencia policial.

Como parte de la investigación, la Justicia le secuestró al encargado de la seguridad de Nordelta dos teléfonos celulares que ya están en poder de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal. En tanto que ayer el juez a cargo de la causa ordenó allanamientos en esa localidad de Tigre.