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Un relevamiento hecho en nueve barrios de seis provincias muestra un panorama crítico: precariedad habitacional, conexiones irregulares y falta de agua segura
Un relevamiento hecho en barrios populares de distintas provincias argentinas expuso su altísimo nivel de precariedad. Nueve de cada diez familias que habitan en ellos están expuestas a riesgos ambientales y edilicios que representan una seria amenaza a su salud.
Impulsado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Observatorio Villero de La Poderosa, el Instituto de Investigaciones Gino Germani y la Fundación Temas, el estudio -que analizó la situación de más 5.000 personas de 1.485 hogares distribuidos en nueve barrios- presenta un panorama desolador. En ellos el déficit habitacional, la falta de acceso formal a servicios y la exposición a contaminación o plagas son la regla y no la excepción.
Como muestra el estudio, el 90% de las familias de barrios populares vive en zonas con riesgos ambientales altos, como basurales cercanos, plagas o cursos de agua contaminados.
Su situación se agrava por la precariedad de los servicios: el 63% de las viviendas está conectada de manera informal a la red eléctrica, lo que multiplica los incendios y el riesgo de electrocución.
El uso de garrafas constituye otra constante: nueve de cada diez hogares cocina con ellas. A esto se suma que seis de cada diez familias compran agua embotellada porque no cuentan con un suministro seguro en sus viviendas.
El relevamiento también deja en evidencia los serios problemas edilicios que presentan la mayoría de las viviendas. Según el índice CALMAT, que mide la calidad de los materiales de construcción, sólo el 15% de las viviendas alcanza un nivel suficiente. El 81% se considera parcialmente insuficiente y un 4% directamente deficiente.
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Por otra parte, la mitad de ellas presenta grietas, filtraciones o goteras en contacto con la instalación eléctrica, una combinación que multiplica los riesgos.
A su vez, el hacinamiento constituye entre los habitantes de barrios populares una situación generalizada. Y es que, como se pudo comprobar, en el 50% de las viviendas conviven entre dos y tres personas por cuarto, mientras que el 10% supera las tres personas por habitación, duplicando los promedios nacionales.
El acceso formal y seguro a los servicios públicos es casi inexistente. Sólo el 15,9% de los hogares relevados cuenta con electricidad formal, agua potable dentro de la vivienda, red de agua regular y baño con inodoro de uso exclusivo. El resto depende de conexiones precarias o directamente carece de estos servicios.
En lo que hace al perfil social, el estudio muestra que la mayoría de los hogares en barrios populares está encabezado por mujeres y que entre un 20% y un 30% de la población tiene menos de 14 años. Más de la mitad de las familias cría al menos a un niño o niña.
El sostén económico de las familias proviene en gran medida del Estado: el 74% recibe asignaciones sociales y el 41% depende de comedores comunitarios para garantizar su alimentación, con picos del 60% en algunos barrios.
La vulnerabilidad se agrava por la falta de cobertura médica: sólo el 18% cuenta con algún tipo de seguro de salud. En torno al 13% de los hogares tiene al menos una persona con discapacidad, y en algunos barrios la proporción supera el 20%.
Al analizar el acceso a medios de transporte público, el trabajo muestra que cerca del 30% de quienes viven en barrios populares tarda más de una hora en llegar a su lugar de trabajo. Y si bien el 75% accede a un centro de salud en menos de una hora, en varios barrios el traslado se vuelve mucho más largo, complicando la atención de urgencias.
Los números dejan en evidencia una problemática que va mucho más allá de la coyuntura. Se trata de desigualdades estructurales que exponen a millones de personas a vivir sin condiciones básicas de seguridad y dignidad.
El informe concluye que, con un tercio de la población compuesto por niños, niñas y adolescentes, la precariedad no sólo afecta al presente, sino que compromete el futuro de estos barrios, perpetuando ciclos de exclusión.
Las organizaciones que realizaron el relevamiento advierten que la magnitud del déficit exige políticas integrales y sostenidas de integración socio-urbana. Señalan que el retroceso de programas comunitarios y el desfinanciamiento estatal profundizan las brechas. Y subrayan que resulta urgente articular políticas de salud, educación, vivienda, ambiente y movilidad que permitan revertir la situación y garantizar derechos básicos para millones de argentinos.
Un escenario de alta vulnerabilidad
* 90% de los hogares convive con plagas, basurales, agua contaminada
* 63% tiene una conexión eléctrica irregular
* 43% no recibe agua potable en cantidad suficiente
* 90% depende de garrafas para cocinar
* 41% depende de comedores comunitarios para subsistir
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