Una tarjeta de la AFA cubría gastos de vehículos de lujo en la mansión de Pilar

La causa por presunto lavado de dinero que tramita en el fuero Penal Económico sumó en las últimas horas un elemento de fuerte impacto: una tarjeta de crédito corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habría sido utilizada para afrontar gastos vinculados a una lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, y a los vehículos de alta gama que se encontraban en el lugar y fueron secuestrados por orden judicial.

Se trata de una tarjeta American Express a nombre de Luciano Pantano, quien es investigado como presunto testaferro del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. De acuerdo con información incorporada al expediente, la tarjeta pertenece a una cuenta corporativa de la entidad y figura registrada en la sede de la calle Viamonte 1366, en la Ciudad de Buenos Aires.

Los registros de consumo muestran un promedio mensual cercano a los 50 millones de pesos entre enero y diciembre de 2025. Entre los pagos detectados se encuentran cargos correspondientes al sistema Telepase de algunos de los 54 vehículos de lujo y de colección que estaban en la vivienda allanada.

Uno de los puntos que refuerza las sospechas es que Pantano no tiene actualmente ningún vínculo contractual o institucional con la AFA que justifique el uso de una tarjeta corporativa. Su último antecedente formal en el ámbito del fútbol data del período comprendido entre mayo de 2021 y marzo de 2022, cuando se desempeñó como presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa.

La comparación con sus consumos personales también fue incorporada como indicio. Mientras la tarjeta corporativa registraba gastos millonarios, los consumos de una tarjeta personal del Banco Galicia a su nombre promediaron apenas 2.500 pesos mensuales durante el mismo período, según registros oficiales analizados en la investigación.

La mansión, los autos y el origen de los fondos

Pantano y su madre, una jubilada, figuran como titulares de la propiedad a través de la empresa Real Central S.R.L. La casaquinta fue adquirida en mayo de 2024 por un valor declarado de 1.800.000 dólares. Sin embargo, peritos oficiales que intervinieron en la causa estimaron que el valor real del inmueble rondaría los 20 millones de dólares.

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Además de la vivienda, el expediente da cuenta del secuestro de 54 vehículos de lujo y de colección, valuados en conjunto en 3.861.100 dólares, y de la existencia de otra propiedad en un country de Pilar. Ninguno de los titulares registraría ingresos declarados compatibles con la magnitud del patrimonio investigado.

Indicios que apuntan a la AFA

Durante los allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina, los investigadores encontraron en la vivienda distintos elementos vinculados al ámbito del fútbol y, en particular, a la AFA. Entre ellos, un bolso institucional de la entidad y una plaqueta del club Barracas Central, presidido por Matías Tapia, hijo del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con menciones al tesorero Toviggino.

Asimismo, varios de los vehículos secuestrados contaban con cédulas azules que habilitan su conducción a nombre de familiares del dirigente, un dato que, según fuentes judiciales, refuerza la hipótesis de que los bienes no eran utilizados por sus titulares formales.

Nuevas medidas de prueba

El juez Marcelo Aguinsky ordenó una serie de medidas para profundizar la investigación. Entre ellas, requirió a la empresa Telepase que informe si los 54 vehículos secuestrados utilizaban ese sistema de pago automático y quiénes figuraban como responsables de las cuentas.

También se solicitó información sobre el pago de servicios del predio, como cable, internet y el mantenimiento del cerco eléctrico, además de avanzar sobre los movimientos en el helipuerto de la propiedad. En ese marco, el magistrado citó a declarar como testigos a los pilotos que realizaban vuelos hacia y desde la finca, con el objetivo de identificar a los pasajeros habituales.

El delito precedente y la competencia judicial

En una resolución reciente, Aguinsky rechazó un planteo para que la causa sea remitida al Juzgado Federal de Campana, que había reclamado la competencia territorial por estar la propiedad ubicada en Pilar. El juez sostuvo que el núcleo de la investigación no está en la ubicación del inmueble, sino en el origen de los fondos utilizados para su adquisición.

“El epicentro del caso es la Asociación del Fútbol Argentino, cuyo domicilio legal se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó el magistrado, al tiempo que señaló que una de las hipótesis bajo análisis es la posible comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la propia AFA, como paso previo al presunto lavado de dinero.

Aguinsky también recordó que esta investigación se vincula con otra causa en trámite en el mismo fuero, en la que se analiza una presunta evasión de aportes e impuestos por parte de la AFA por un monto cercano a los 19.000 millones de pesos.

La causa continuará tramitándose en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, que el juez Aguinsky subroga, con habilitación de la feria judicial de enero. En caso de que el juez federal de Campana insista con el planteo de competencia, el conflicto será resuelto por la Cámara Federal de San Martín.

Mientras tanto, los investigadores avanzan en el análisis de la documentación financiera y patrimonial incorporada al expediente, con el foco puesto en determinar si fondos de la AFA fueron utilizados para la adquisición y el sostenimiento de bienes a nombre de presuntos testaferros.