La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil

El Gobierno logró la sanción definitiva del Régimen Penal Juvenil, una de sus principales iniciativas en materia de seguridad. El proyecto fue aprobado en el Senado por 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, tras haber obtenido media sanción en Diputados con 149 votos a favor y 100 en contra.

La iniciativa contó con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales. El punto central de la norma es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque el oficialismo no logró avanzar con su propuesta original de fijarla en 13 años.

Durante la sesión, familiares de víctimas de delitos cometidos por menores siguieron el debate desde los palcos, en una jornada atravesada por fuertes cruces políticos.

El debate comenzó con una discusión sobre el reglamento, luego de que el senador Gonzalo Guzmán (LLA/Salta), miembro informante del proyecto, leyera buena parte de su exposición. La senadora Juliana Di Tullio cuestionó esa modalidad y reclamó a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, que hiciera cumplir la norma que limita la lectura de discursos.

Las intervenciones posteriores estuvieron marcadas por acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición. La senadora libertaria María Emilia Orozco defendió la iniciativa y apuntó contra el kirchnerismo, mientras que desde el peronismo se advirtió sobre los riesgos de priorizar un enfoque punitivo sin respaldo presupuestario suficiente.

También se registraron intercambios entre Carlos Linares (PJ) y Nadia Márquez (LLA), así como entre Linares y Luis Juez, quien defendió el proyecto y reclamó mayor acompañamiento a las víctimas.

LE PUEDE INTERESAR

El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora

LE PUEDE INTERESAR

Nuevos incidentes, calles bloqueadas y detenidos

Qué establece la nueva ley

La norma crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años, con órganos judiciales y centros de alojamiento diferenciados de los de adultos. Se establece expresamente la prohibición de convivencia entre menores y detenidos mayores.

El régimen incorpora principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, y prioriza la reinserción social. También garantiza el derecho de los adolescentes a ser escuchados, a contar con defensa desde el inicio del proceso y a la participación de sus familias.

En los casos de delitos con penas de hasta 3 años, y de 3 a 10 años sin resultado de muerte o lesiones graves, se prevén sanciones como prisión domiciliaria, tareas comunitarias, reparación económica, restricciones de circulación o prohibición de conducir.

Para delitos graves —como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros— la pena máxima se fija en 15 años de prisión, por debajo del tope anterior de 20 años.

La ley contempla además la creación de institutos especializados, con personal capacitado en infancia y adolescencia, y la implementación de programas educativos, laborales y recreativos.

Presupuesto y cuestionamientos

Para lograr los apoyos necesarios en Diputados, el Gobierno comprometió una partida de $23.700 millones destinada a financiar la implementación del sistema y habilitar convenios con las provincias.

Desde la oposición, distintos senadores pusieron en duda la suficiencia de esos fondos. Jorge Capitanich advirtió que sin presupuesto adecuado la ley podría “quedar en letra muerta”, mientras que Gerardo Zamora sostuvo que la norma podría generar conflictos de constitucionalidad y mayor litigiosidad.

El oficialismo respondió que las provincias deberán administrar de manera eficiente los recursos y asumir su responsabilidad en la aplicación del nuevo régimen.

El rol de las víctimas

Uno de los capítulos destacados del texto es el referido a las víctimas. La ley garantiza asistencia jurídica y psicológica, posibilidad de intervenir en audiencias y participación en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.

Durante el cierre del debate, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la sanción y sostuvo que el Estado “no va a mirar para otro lado” frente a los delitos cometidos por menores. Tras su intervención, solicitó un minuto de silencio por las víctimas.

La ley entrará en vigencia una vez reglamentada y publicada en el Boletín Oficial. Con su sanción, el Gobierno avanza en una de las reformas centrales de su agenda de seguridad, en un debate que expuso diferencias profundas entre oficialismo y oposición respecto del enfoque penal, la protección de las infancias y el rol del Estado en la prevención del delito juvenil.