La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla

El Senado convirtió en ley la Reforma Laboral enviada por el gobierno de Javier Milei, luego de aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones, estas últimas de legisladores santacruceños.

La votación repitió el número alcanzado el 12 de febrero, cuando el cuerpo había aprobado el texto original antes de su revisión en la Cámara Baja. Acompañaron a La Libertad Avanza el PRO, la UCR, Provincias Unidas y legisladores alineados con los gobernadores de Salta, Misiones, Neuquén y Tucumán.

El punto más controvertido que finalmente fue eliminado es el artículo 44, que habilitaba la reducción de hasta el 50% del salario en casos de imposibilidad de trabajar derivada de una actividad voluntaria que implicara riesgo para la salud, y hasta un 75% en determinadas situaciones como enfermedades crónicas.

La judicialización

El interbloque peronista votó en contra y anticipó que la norma será impugnada en los tribunales. Argumentaron que vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales, al afectar el principio de no regresividad en materia de derechos laborales.

El senador Mariano Recalde sostuvo que la ley “pone en jaque la seguridad jurídica” y advirtió que podría generar mayor litigiosidad y dudas en el mercado. También cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que calificó como un mecanismo que “estatiza deuda privada”.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que recurrirá a la Justicia y convocó a una movilización frente al Palacio de Tribunales. La sesión se desarrolló con el Congreso vallado y bajo protestas de organizaciones de izquierda, que protagonizaron incidentes en las inmediaciones.

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Argumentos del oficialismo

Desde el oficialismo defendieron la reforma como una herramienta para dinamizar el empleo formal. El miembro informante Juan Cruz Godoy señaló que el empleo privado registrado “se mantiene estancado desde 2012”, mientras que los juicios laborales crecieron un 135% entre 2010 y 2024.

Según sostuvo, la reforma apunta a reducir la litigiosidad y generar condiciones de mayor previsibilidad para empleadores. En el cierre del debate, la jefa de bancada Patricia Bullrich afirmó que la ley representa un cambio estructural en el sistema laboral argentino.

En la misma línea, la diputada del PRO Andrea Cristina sostuvo que el actual régimen “excluye a casi la mitad de los trabajadores” y subrayó que un 43% se desempeña en la informalidad, sin acceso pleno a derechos laborales.

Los principales cambios

Más allá de la eliminación del artículo 44, el texto sancionado introduce modificaciones sustanciales:

- Indemnizaciones: se reduce la base de cálculo al excluir conceptos como aguinaldo, vacaciones, propinas y premios.

- Actualización en juicios laborales: las indemnizaciones deberán ajustarse por un índice equivalente al IPC más un 3%.

- Pago en cuotas: las sentencias podrán abonarse en hasta 6 cuotas mensuales para grandes empresas y hasta 12 para PyMEs.

- Vacaciones: se habilita el fraccionamiento en períodos no menores a 7 días, previo acuerdo entre empleador y trabajador.

- Jornada laboral: se permite ampliar la jornada diaria hasta 12 horas, siempre que se respeten 12 horas de descanso entre jornadas y 35 horas de descanso semanal.

- Banco de horas: se crea un sistema para compensar horas extras con francos en lugar de pago adicional.

El Fondo de Asistencia Laboral

Uno de los puntos más debatidos fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir futuras indemnizaciones. Cada empresa deberá constituir una cuenta específica en una entidad financiera para ese fin.

El proyecto original establecía una contribución obligatoria del 3% de la masa salarial, descontada de los aportes al SIPA. Tras negociaciones, se fijó un esquema diferenciado: 1% para grandes empresas y 2,5% para PyMEs.

En paralelo, no prosperaron cambios en la llamada “cuota solidaria” sindical, que seguirá siendo obligatoria aunque con un tope del 2%. Tampoco se modificaron los aportes a las obras sociales sindicales.

Durante la negociación también se eliminó el artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias para sociedades, un punto resistido por los gobernadores al tratarse de un tributo coparticipable que impacta en los recursos provinciales.

Con la sanción de la Reforma Laboral, el oficialismo cerró el período de sesiones extraordinarias con uno de sus proyectos centrales convertidos en ley, mientras la oposición y las centrales sindicales preparan el escenario para una nueva disputa en el plano judicial.