Cuando el dinero sigue al alumno: Italia y el cheque escolar

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El financiamiento de la educación y el margen real de elección de las familias suelen discutirse como una cuestión ideológica. Sin embargo, en la práctica, su verdadero contenido es institucional: quién decide la escuela y cómo se financia esa decisión. En ese marco, Italia acaba de ofrecer un ejemplo concreto a través de una herramienta incorporada en su Presupuesto 2026: un cheque escolar focalizado, destinado a familias de menores recursos.

Según información publicada en Italia tras la aprobación de su Ley de Presupuesto 2026, se incorporó el llamado buono scuola, un cheque escolar de hasta 1.500 euros por alumno, destinado a familias con un ISEE inferior a 30.000 euros. El mismo alcanza a alumnos de la scuola secondaria di primo grado —la escuela media italiana, aproximadamente entre los 11 y 14 años— y al primer bienio de la scuola secondaria di secondo grado, es decir, los dos primeros años del nivel secundario superior, aproximadamente entre los 14 y 16 años.

Su magnitud presupuestaria es acotada, con un tope general cercano a 20 millones de euros, lo cual limita su impacto cuantitativo en el corto plazo. Pero esa restricción no disminuye su relevancia institucional: el valor principal de la medida reside en el principio que afirma, esto es, reconocer que la libertad de elección de educativa no debería ser un privilegio reservado a quienes tienen recursos.

La discusión de fondo, por lo tanto, no es contable, sino institucional. ¿Quién decide la escuela? ¿El Estado, desde una lógica centralizada y uniforme? ¿O las familias, como primeras responsables de la educación de sus hijos, asistidas por el Estado cuando el ingreso no alcanza para ejercer una elección real? Este punto es decisivo: cuando no existen instrumentos que permitan elegir, no desaparece la elección; simplemente queda reservada a quienes pueden pagarla. En cambio, las familias de menores recursos quedan encerradas en la oferta educativa disponible, aun cuando esa oferta no responda a sus expectativas o no logre garantizar aprendizajes básicos.

No es casual que un mecanismo de este tipo despierte críticas desde ámbitos que sostienen que cualquier apoyo a la demanda favorece a lo privado o implica desmantelar lo público. Pero esa objeción se sostiene más en un prejuicio que en un razonamiento: supone que el derecho a educarse sólo puede ejercerse legítimamente dentro de una forma institucional única y, en particular, bajo una sola modalidad de gestión. En otras palabras, confunde el fin con el medio.

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Lo decisivo no es quién administra el edificio escolar, sino si el sistema garantiza acceso, calidad y equidad. Y nada obliga a creer —salvo la inercia ideológica— que esos objetivos sólo pueden alcanzarse mediante un monopolio estatal de la oferta educativa. Cuando existen reglas claras, estándares verificables y rendición de cuentas, la diversidad institucional puede ser una aliada, no una amenaza. Presentarla como desmantelamiento de lo público es un recurso retórico eficaz, pero conceptualmente pobre: reemplaza el debate por un eslogan.

Italia no está resolviendo su sistema educativo con un cheque escolar de hasta 1.500 euros. Sería ingenuo afirmarlo. La medida es parcial y de alcance limitado. Pero hay decisiones institucionales que valen más por el camino que abren que por su escala inicial. Para países que discuten reformas educativas —y especialmente para aquellos donde el debate suele quedar atrapado en prejuicios— resulta útil observar estos diseños concretos: no como soluciones mágicas, sino como evidencia de que es posible garantizar el derecho a educarse sin negar la diversidad ni clausurar la elección.

La lección que deja este paso italiano es sencilla: no se fortalece la educación encerrando a las familias en un único camino. Se la fortalece ampliando derechos y construyendo reglas que hagan posible una elección real, particularmente para quienes menos recursos tienen. Porque cuando el dinero sigue al alumno, la elección deja de ser un privilegio y empieza a convertirse en un derecho efectivo.