Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

“Hablan de reinserciones, pero les exijo que me expliquen cómo hago para reinsertar a mi hijo muerto”, lanzó Romina Monzón en un plenario de comisiones que debatía el proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil, que se sancionó el viernes y, entre otras cosas, baja la edad de imputabilidad a 14 años de edad. En diciembre pasado su hijo Jeremías, de 15, fue asesinado de 23 puñaladas por su ex novia de 16 (detenida) y dos chicos de 14 y 15 (inimputables), a un costado del estadio del club Colón, en la ciudad de Santa Fe.

El homicidio, que encima fue filmado, apuró el tratamiento de la ley en el temario de sesiones extraordinarias, después de permanecer más de un año frenada en el Congreso.

Cierto es que el régimen vigente databa de 1980, que en la nueva ley hay escalas y condiciones específicas según la edad de los menores que delinquen y también que aborda muchas otras cuestiones, pero una pregunta atraviesa el tema, más allá del articulado y el ruido político de fondo.

¿Frenará la inseguridad que golpea a los argentinos desde hace décadas?, ¿los menores que terminan en institutos tendrán chances reales de cambiar el curso de sus vidas?, ¿estos centros, tal como están, son parte del problema? ¿Y la solución?

“TRISTE, PERO NECESARIO”

Con dos décadas de trabajo en institutos del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia bonaerense (OPNyA), Pablo Lenz aporta su mirada desde el funcionamiento cotidiano del sistema que deberá absorber los cambios del nuevo régimen penal juvenil. Fue despedido el año pasado, “injustamente”, dice, “denunciar en público” varias irregularidades. Su último destino había sido el centro cerrado de Lomas de Zamora.

Desde una perspectiva general, cree que la baja de la edad de imputabilidad responde a una situación social deteriorada. “Es triste y no está bien desde lo ético, pero en la práctica es necesario. Es la punta del iceberg”, afirma. Según su experiencia, muchos adolescentes que ingresan al sistema presentan una fuerte desvinculación afectiva y social “que los hace todavía más violentos”.

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Lenz advierte que el principal problema no es tanto normativo como operativo. La provincia cuenta con 34 institutos que se dividen entre Centros de Recepción (5); Centros Especializados de Aprehensión (2); Centros Socioeducativos de Contención (12) y Centros de Privación de la Libertad (15). Alrededor de la mitad funcionan en La Plata. Según cifras oficiales, ayer había 673 menores institucionalizados con distintos regímenes, 83 de los cuales son no punibles con medidas de seguridad.

El régimen cotidiano incluye escuela, talleres, actividades recreativas y acompañamiento profesional, pero, según Lenz, “la cantidad de personal es limitada”, sobre todo el que tiene contacto directo con los menores. Administrativos, por lo que cuentan, abundan.

Esa debilidad estructural -asegura- favorece el fracaso del sistema: “Los pibes le tomaron el tiempo”. También describe episodios recurrentes de motines en los que se pierde el control institucional, en parte por la desproporción numérica entre guardias y jóvenes.

El ex trabajador cuestiona además lo que considera una “romantización” de los institutos. Aunque valora el objetivo de reinserción, advierte una distancia entre el discurso y la realidad, porque terminan interpretándolos “como jardines de infantes”. Según su experiencia, los propios jóvenes no perciben el paso por el sistema como una instancia educativa sino como una experiencia de encierro: “No dicen ‘voy a resocializarme’, dicen ‘caí en cana’”.

En ese contexto, sostiene que los centros terminan funcionando como espacios de socialización del delito, donde se normalizan conductas que deberían ser excepcionales.

Para la titular del Juzgado de Garantías del Joven 1 de La Plata, María José Lescano, el número de menores alojados en institutos -con relación a la cantidad poblacional de la Provincia- “es relativamente bajo”, por lo cual no se comprende por qué habría tantas dificultades para cumplir en esos centros con el trabajo de acompañar a los jóvenes en su proceso de responsabilización y de reinserción social, tal como lo establece la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Entiende que las instituciones de encierro en la actualidad requieren de importantes mejoras en la provincia, y, por esta razón, los jueces “estamos obligados a resolver hábeas corpus colectivos de manera permanente, que son interpuestos por la Comisión por la Memoria”.

Si la nueva ley nacional aumenta los niveles de privación de libertad, detalla, “habrá que ver la estructura de recursos humanos y edilicios con que cuenta la provincia,” para poder afrontar dicha demanda.

El OPNyA funciona bajo la órbita del ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia. Para Lescano, lo ideal es que en los centros se fomente la escolaridad, los talleres y espacios de deportes (ver aparte), pues ello “disminuye a futuro la reincidencia”.

RIESGO Y DESGASTE DEL PERSONAL

Lenz, que da por sentado su vuelta al organismo después de que la justicia trate su caso, describe el trabajo de campo en los institutos “entre heroico y dramático”, con asistentes civiles que intervienen sin herramientas de seguridad y con fuerte exposición a situaciones de violencia. El temor, dice, “es un tema tabú que genera un desgaste psicológico acumulativo”.

Menciona guardias integradas por cuatro trabajadores -a veces tres mujeres y un varón- para atender a unos 20 jóvenes. “Si se descontrola, ¿qué pueden hacer?”, plantea, y subraya que los conflictos son parte cotidiana del trabajo. Lenz también denuncia presuntas irregularidades administrativas, desvío de fondos y falta de auditorías. En ese marco, desconfía de la efectividad de las nuevas partidas presupuestarias previstas en la reforma si la gestión institucional no cambia: “No sé qué tan eficaces serán los cambios si quienes hoy gestionan los institutos son los mismos que recibirán esos recursos”.

Entre otras problemáticas, menciona el ingreso de sustancias y objetos prohibidos a través de familiares o terceros y la convivencia de jóvenes de distintas edades en un mismo dispositivo y la presencia de celulares en algunos centros.

Finalmente, pone el foco en el contexto social y familiar como uno de los principales obstáculos para la reinserción, porque el contacto sin controles con esos entornos facilitaría, según su mirada, el ingreso de drogas y reforzaría las trayectorias delictivas.

“EVIDENCIA Vs PERCEPCIÓN SOCIAL”

El actual camarista Juan Benavides conoce el tema de cerca por haber sido durante 14 años fiscal del fuero de responsabilidad penal juvenil en La Plata. Desde esa experiencia advierte que el debate sobre la responsabilidad penal juvenil debe partir de la evidencia y no de la percepción social, argumento que sostiene en las estadísticas de la Procuración General bonaerense: la incidencia de los menores en el total de los delitos es baja y no presenta un crecimiento desmedido.

Según datos difundidos en julio de 2025 por la subsecretaría de política criminal del ministerio de justicia y derechos humanos de la Provincia, los delitos con intervención de adolescentes pasaron de representar el 4,3% del total de los hechos investigados en el año 2012, al 2,1 en 2024. El promedio de la década, según estas estadísticas, fue del 3,0%

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“La justicia penal no debe funcionar de espaldas a la sociedad, pero tampoco puede legislar ni decidir en función del temor. La respuesta judicial debe ser equilibrada, basada en datos y orientada a la pacificación social”, sostiene Benavides, convencido de que la principal demanda social no es únicamente la sanción, sino la reducción de la reincidencia.

El objetivo del sistema, señala, debe ser que el paso del joven por el proceso penal no se convierta en un tiempo muerto, sino en una instancia de transformación. “El éxito no se mide por el rigor del encierro, sino por la reintegración del adolescente a la comunidad”, resume.

Hace dos meses, la legislatura Bonaerense promulgó la Ley 15.571 de Ejecución Penal Juvenil, que regula el cumplimiento de condenas y medidas cautelares para adolescentes de entre 16 y 18 años. Para Benavides, esa normativa consolida un cambio de paradigma: del enfoque retributivo hacia un modelo de responsabilización subjetiva, con planes de ejecución individualizados, metas educativas, de formación laboral y seguimiento técnico.

En esa lógica, el encierro se concibe como un recurso excepcional y puede cesar si el joven alcanza los objetivos del proceso. “Si la finalidad pedagógica y de responsabilización se cumplió, la continuidad del encierro pierde sentido”, explica.

Otro de los ejes de la reforma es la especialización del sistema y la incorporación de prácticas restaurativas, que buscan que el menor comprenda el daño causado, lo repare cuando sea posible y que la víctima tenga un lugar efectivo en el proceso. Para el magistrado, este enfoque supera la falsa dicotomía entre “mano dura” e “impunidad”, al proponer una responsabilidad penal efectiva con sentido constructivo.

Respecto del debate por la baja de la edad de imputabilidad, Benavides adopta una posición cautelosa. La considera una decisión de política criminal que, por sí sola, no garantiza mayor seguridad. “La seguridad colectiva no se logra desplazando una barrera cronológica”, afirma. Y advierte que, en caso de avanzarse en esa dirección para delitos de extrema gravedad, el mayor riesgo es la “adultización” del proceso penal juvenil.

“La eventual baja de la edad no puede implicar trasladar mecánicamente las lógicas del sistema de adultos ni renunciar al principio de especialidad”, concluye.