Insisten con el debate sobre la ciberludopatía

Pese al desapego del Gobierno y de muchos gobernadores provinciales por una epidemia silenciosa que crece con especial incidencia en el segmento de adolescentes y jóvenes, y que muestra su peor cara en medio de la crisis económica, la Coalición Cívica no tira la toalla e insiste con el tratamiento de iniciativas que apuntan a dar un combate frontal al flagelo de la ludopatía y las apuestas en línea.

En 2024, la diputada nacional y entonces presidenta de la comisión de Prevención de Adicciones, Mónica Frade, se puso al hombro la construcción de consensos para la aprobación de un proyecto que tras meses de discusiones vio la luz con la media sanción que obtuvo el 27 de noviembre de ese año.

El Senado, sin embargo, cajoneó la iniciativa durante todo el 2025 al punto tal que dejo caer el proyecto y perdió estado parlamentario: ganó el lobby de las corporaciones de apuestas y juegos de azar. “No tenía mucha expectativa pero me había reunido con (la titular del Senado, Victoria) Villarruel. Ella me dijo que iba a hacer lo posible. También le escribí a (la senadora justicialista Lucía) Corpacci, que era la presidenta de la comisión de Salud, cabecera del tratamiento en el Senado”, recordó Frade.

Y siguió con el relato de lo sucedido: “Hicieron dos reuniones informativas. Yo me había ofrecido a llevar gente y no quisieron. Cuando vi todos los movimientos que hacían, era obvio que lo iban a dejar caer”, se lamentó la diputada de la Coalición Cívica, quien se declaró “indignada” porque se echó a perder “seis meses de arduo trabajo” en la Cámara baja.

Contra los gobernadores

Sobre las razones que pesaron en la Cámara alta para dejar sin estado parlamentario la media sanción de Diputados, Frade no anduvo con vueltas y apuntó contra los gobernadores: “Priorizaron la recaudación”.

Entre otros puntos, aquel proyecto buscaba prohibir la publicidad, promoción y sponsoreo de los juegos de azar tradicionales y los juegos en línea, tanto en medios de comunicación físicos o de internet, como en cartelería en la vía pública, indumentaria deportiva y espacios privados de uso público.

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Solamente se admitía la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos y otras casas de apuestas o agencias de lotería.

Además se proponían penas de tres a ocho años a que organizara o administrara cualquier sistema de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.

El carácter restrictivo de la normativa abrió debates sobre los alcances del Congreso para avanzar, por ejemplo, en cuestiones que pueden considerarse de competencia provincial.

Como contrapartida a esa mirada, quienes impulsaron este texto en la Cámara baja resaltaron que el Poder Legislativo puede avanzar porque la regulación está estrictamente vinculada a un cuestión de salud pública. La problemática afecta a miles de adolescentes y jóvenes.

En la PRovincia

Ante la imposibilidad de avanzar en el Congreso por los compromisos del Gobierno y de muchos mandatarios provinciales con los dueños del negocio del juego, desde la Coalición Cívica presentaron un proyecto similar en la Cámara de Diputados bonaerense con el objetivo de reforzar los mecanismos de control sobre la ciberludopatía, con foco en la protección de menores y sectores vulnerables.

La iniciativa presentada por la legisladora bonaerense Romina Braga (Coalición Cívica) incorpora restricciones publicitarias y políticas de prevención para enfrentar el crecimiento de la adicción al juego digital. También limita los medios de pago al uso de efectivo o tarjetas de débito y prohibe el uso de sistemas de crédito para cargar saldo.

A la vez que introduce limitaciones para transferencias desde cuentas de menores, y propone topes de depósito para apuestas.

Para la modalidad de apuestas en línea, el proyecto propone la identificación biométrica obligatoria de los usuarios en las plataformas de juego online al inicio de cada sesión, con verificación en tiempo real para garantizar que queden afuera del acceso los menores de edad.

Otro punto saliente del proyecto es que establece el bloqueo de sitios de apuestas en establecimientos educativos para preveir el acceso desde escuelas.

A su vez se exige que las plataformas y sistemas de juego en línea cumplan una serie de requisitos de juego responsable que permitan a los consumidores acceder a información cierta sobre las apuestas en las que participan, su historial de usuario, el tiempo en línea, mecanismos de autoexclusión, posibilidad de establecer límites y alertas de tiempo y dinero y secciones de ayuda y asistencia.

Otro aspecto clave del proyecto es que crea un registro de autoexclusión voluntaria, que sirve para que la persona que considera que tiene problemas con el juego pueda autoexcluirse de manera temporal o permanente, y los establecimientos y plataformas online deberán hacer cumplir esta prohibición.

También se prohíben las promociones o bonos de captación que incentiven las apuestas, y por el contrario se fomentan las políticas de juego responsable con campañas de concientización y dispositivos de asistencia para personas que atraviesan problemas de ludopatía.

Según se señala en los fundamentos del proyecto, “el juego virtual puede generar procesos adictivos más rápidos que el juego presencial”, y “su expansión a través de dispositivos móviles y billeteras virtuales plantea nuevos desafíos regulatorios”.

“La práctica de las apuestas deportivas en línea se ha convertido en una tendencia cada vez más extendida entre los adolescentes, marcando una evolución en la problemática de la ludopatía. Este fenómeno ha trasladado la adicción de los tradicionales bingos y casinos al ámbito digital, especialmente a través de dispositivos móviles”, explica Braga.

En ese sentido, en el proyecto se agrega que “esta preocupante tendencia también ha alcanzado el ámbito familiar, donde el dinero destinado a los adolescentes a través de billeteras virtuales se desvía hacia las apuestas”.s jóvenes, generando discusiones y debates similares a los que surgen sobre otros consumos, como alcohol, drogas y redes sociales”, concluyó la diputada provincial.