El Gobierno busca frenar en la Corte la Ley de Financiamiento Universitario

Al límite del plazo legal para cumplir con la transferencia de fondos a las universidades nacionales, el Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema con el objetivo de suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificara una medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con la norma.

El planteo oficial busca que el recurso tenga efecto suspensivo, lo que permitiría postergar el pago de aproximadamente 2,5 billones de pesos destinados a recomponer salarios docentes y no docentes, así como becas estudiantiles.

ARGUMENTOS DEL EJECUTIVO

Desde el Gobierno sostienen que la ley es “de imposible aplicación” porque no establece una fuente de financiamiento específica. En esa línea, advierten que el fallo judicial implica ordenar gastos sin previsión presupuestaria, lo que —afirman— pone en riesgo el equilibrio fiscal y vulnera el principio de división de poderes.

También remarcan que, según la normativa vigente, toda erogación debe contar con partidas aprobadas por el Congreso. En ese sentido, cuestionan que ni en el debate legislativo ni en el Presupuesto 2026 se hayan definido los recursos para sostener la medida.

UN ESCENARIO JUDICIAL INCIERTO

El caso ahora queda en manos de la Corte Suprema, aunque dentro del propio Gobierno reconocen que es poco probable que el máximo tribunal trate el planteo en esta instancia, ya que se trata de una medida cautelar y no de una sentencia definitiva.

En paralelo, el Ejecutivo solicitó que los jueces de la Corte se excusen por su vínculo con el sistema universitario y que el caso sea analizado por conjueces, un pedido que suma tensión institucional al conflicto.

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OBLIGACIÓN DE PAGO Y PRESIÓN FINANCIERA

De no concederse el efecto suspensivo, el Estado quedaría obligado a realizar las transferencias de manera inmediata. Sin embargo, fuentes oficiales admiten que actualmente no cuentan con los fondos necesarios para afrontar ese gasto, lo que podría implicar el regreso del déficit fiscal.

En el ámbito universitario, en tanto, crece la presión para que se cumpla la ley. Rectores y especialistas advierten sobre la necesidad urgente de recomponer salarios y convocar a paritarias, en un contexto en el que las transferencias a las universidades acumulan una caída real significativa en los últimos años.

TRASFONDO POLÍTICO Y CONFLICTO ABIERTO

La ley fue sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial, en el marco de una alianza opositora que impulsó la recomposición del financiamiento universitario. Desde entonces, el conflicto escaló en la Justicia y ahora suma un nuevo capítulo en la Corte.

Mientras tanto, el sistema universitario evalúa medidas de protesta ante la posibilidad de nuevos incumplimientos, en un escenario donde la discusión por los recursos se entrelaza con la estrategia económica del Gobierno y sus objetivos de equilibrio fiscal.