Ley de Discapacidad: la letra chica del proyecto oficial

El Gobierno nacional avanzó con el envío al Congreso de un paquete de reformas que impactan de lleno en dos áreas sensibles: discapacidad y salud mental. En el primer caso, la iniciativa propone cambios estructurales en el sistema de pensiones no contributivas por invalidez; en el segundo, busca actualizar el marco normativo vigente para ampliar el alcance de las políticas públicas en materia de salud mental. Ambas propuestas ingresaron por el Senado, en una jugada política que apunta a aprovechar la correlación de fuerzas en esa Cámara.

El proyecto de discapacidad, denominado “Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, pone el foco en el control del sistema. Entre sus principales herramientas se destacan auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de requisitos médicos, sociales y documentales.

Para ello, se prevé un cruce sistemático de información entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS, con el objetivo de detectar inconsistencias. En caso de irregularidades, la autoridad de aplicación podrá disponer la suspensión preventiva del beneficio.

Desde el oficialismo argumentan que la medida responde a un crecimiento sostenido del sistema: según datos citados en el proyecto, las pensiones pasaron de 76.000 en 2003 a más de 1,2 millones en 2023.

Reempadronamiento obligatorio

Otro de los puntos centrales es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios. El plazo será de 90 días, con posibilidad de prórroga, y exigirá la actualización de datos personales, socioeconómicos y médicos.

El incumplimiento implicará la suspensión automática de la pensión, un aspecto que genera preocupación en organizaciones sociales, que advierten sobre barreras de acceso, especialmente en sectores vulnerables o con dificultades de movilidad.

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La reglamentación, según el texto, deberá contemplar modalidades presenciales, remotas o mixtas para garantizar accesibilidad.

Cambios en el monto

La iniciativa mantiene el criterio de que la pensión por discapacidad equivalga al 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad de aplicar incrementos adicionales por zona desfavorable o por condiciones específicas de invalidez.

Además, modifica aspectos vinculados al financiamiento del sistema, estableciendo que tanto las pensiones como la atención médica asociada serán cubiertas con partidas asignadas al Ministerio de Salud, con compensaciones desde el Tesoro.

Fin de la compatibilidad con el empleo formal

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la compatibilidad entre la pensión y el empleo registrado. A diferencia del esquema actual, que permitía mantener el beneficio si los ingresos no superaban un determinado umbral, el nuevo proyecto establece la incompatibilidad total con cualquier vínculo laboral formal.

Este punto abre un debate sobre el impacto en la inserción laboral de las personas con discapacidad, ya que podría desincentivar el acceso al empleo formal.

El proyecto también redefine el rol de las provincias y habilita la firma de convenios para descentralizar la implementación del sistema. Cada jurisdicción podrá organizar el programa en su territorio, aunque deberá respetar un “piso mínimo prestacional” común en términos de calidad y cobertura.

Este enfoque busca combinar estándares nacionales con flexibilidad local, aunque también plantea interrogantes sobre posibles desigualdades entre distritos.

Salud mental: ampliación del enfoque

En paralelo, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, que apunta a ampliar el alcance de la normativa vigente. La iniciativa incorpora de manera más explícita políticas de prevención, tratamiento, rehabilitación y recuperación, en un intento por abordar la problemática de manera integral.

A diferencia del enfoque original de la ley, que priorizaba la desmanicomialización y el abordaje comunitario, la nueva propuesta busca reforzar la capacidad del sistema para intervenir en distintas etapas del padecimiento. Esto incluye no solo la atención de cuadros agudos, sino también el seguimiento a largo plazo y la reinserción social de los pacientes.

En términos prácticos, la ampliación del alcance podría traducirse en una mayor articulación entre niveles de atención —hospitales generales, centros de salud y dispositivos comunitarios— y en la incorporación de estrategias más activas de detección temprana.

También se abre la puerta a redefinir el rol del Estado en la provisión de servicios, en un contexto donde el sistema de salud mental enfrenta tensiones por falta de recursos, desigualdades territoriales y creciente demanda.

Cuestionamientos

Las modificaciones ya despertaron críticas de sectores de la oposición y de organizaciones vinculadas a la discapacidad, que advierten sobre un posible endurecimiento excesivo en el acceso a los beneficios. En particular, cuestionan el reempadronamiento obligatorio con plazos acotados, el riesgo de suspensiones automáticas y la incompatibilidad total con el empleo formal, al considerar que podrían dejar afuera del sistema a personas en situación de vulnerabilidad o desalentar su inserción laboral. También expresaron preocupación por la eliminación de programas de inclusión y por la falta de precisiones sobre el impacto real de los controles en la detección de irregularidades.