El sector empresario respaldó el proyecto de la Corte Suprema de Justicia para reformar la selección de jueces

El proyecto de reforma del sistema de concursos para la selección de magistrados impulsado por la Corte Suprema de Justicia obtuvo el apoyo de los empresarios. Durante la jornada del miércoles, las principales cámaras del sector manifestaron su respaldo explícito a la iniciativa, considerándola una herramienta vital para fortalecer la calidad institucional y la transparencia en el Poder Judicial.

La propuesta, que lleva las firmas de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, con el aval del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, busca atacar uno de los déficits más persistentes de la justicia argentina: la opacidad y la demora en la cobertura de vacantes.

Desde el Grupo de los Seis (G6), que nuclea a las cámaras de comercio, construcción, bolsa, bancos, industria y agricultura, destacaron que el nuevo reglamento está orientado a "reducir la discrecionalidad y fortalecer la objetividad". Para el empresariado, el mérito y la idoneidad técnica deben prevalecer sobre los acuerdos políticos.

En sintonía, la AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina) advirtió sobre las "debilidades críticas" del sistema actual, señalando que la falta de previsibilidad impacta directamente en la eficacia judicial. "Resulta fundamental que el Consejo de la Magistratura avance con celeridad", señalaron desde la entidad.

Por su parte, IDEA y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) coincidieron en que la reforma aporta confianza e hicieron un llamado a la integridad, subrayando que la independencia de los jueces es lo que los mantiene "alejados del favoritismo y las presiones".

El sector empresario puso el foco en cambios técnicos específicos que consideran "avances significativos", como menor peso a las entrevistas personales, anonimato en las evaluaciones para garantizar que las pruebas escritas se califiquen sin conocer la identidad del postulante y concursos anticipados, para agilizar la cobertura de las más de 200 vacantes que hoy paralizan diversos fueros del país.

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Para los líderes de negocios, esta no es solo una discusión jurídica, sino económica. Según el comunicado del G6, un Poder Judicial independiente es una "condición esencial para la inversión y el desarrollo económico". La lógica es clara: sin reglas de juego estables y jueces imparciales, la incertidumbre institucional frena la llegada de capitales.

El proyecto ya se encuentra en manos del Consejo de la Magistratura. Ahora, la presión de los sectores productivos se traslada a este organismo, al que le exigen la aprobación inmediata del reglamento para normalizar un sistema judicial que hoy opera con una estructura incompleta y bajo sospecha de discrecionalidad.