Acusan a EE UU de acuñar monedas con oro ilegal

Una investigación del New York Times encendió alarmas sobre el origen del oro utilizado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Según el informe, parte del metal precioso que respalda monedas oficiales vendidas como “100% estadounidenses” provendría en realidad de circuitos ilegales vinculados a carteles del narcotráfico y redes internacionales de extracción irregular.

Cada año, la Casa de la Moneda comercializa más de 1.000 millones de dólares en monedas de inversión, muchas de ellas con la icónica figura de la Dama Libertad o el águila calva, símbolo de garantía estatal. Sin embargo, la investigación sostiene que detrás de esa certificación existe una cadena de suministro opaca que mezcla oro de distintas procedencias, incluyendo minas controladas por organizaciones criminales como el Clan del Golfo.

El recorrido del mineral revela un entramado complejo: oro proveniente de Colombia, Perú o México, pasando por casas de empeño o intermediarios, e incluso explotaciones en África y Centroamérica. En algunos casos, se menciona material extraído de zonas ambientalmente devastadas o de sitios de alto valor cultural, como cementerios indígenas en Honduras. Una vez integrado al circuito formal, ese oro pierde su rastro y termina siendo refinado y utilizado en monedas oficiales.

UN PROBLEMA DE VIEJA DATA

El problema no es nuevo. Desde 1985, el Congreso estadounidense prohíbe el uso de oro extranjero para este tipo de productos, con el objetivo de evitar abusos asociados a la minería en contextos de violaciones de derechos humanos. No obstante, el informe indica que esa restricción habría sido eludida durante décadas, tanto por administraciones demócratas como republicanas.

El auge del precio del oro -que ronda los 5.000 dólares por onza- agrava la situación. La demanda global, impulsada por inversores que buscan refugio ante crisis económicas o conflictos, incentiva la expansión de mercados ilegales. Este fenómeno no solo alimenta economías criminales, sino que también contribuye a conflictos armados, deterioro ambiental y redes de lavado de dinero.

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