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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió desplazar de su cargo a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que su nombre apareciera vinculado al escándalo por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados con La Libertad Avanza.
Según trascendió, la funcionaria le pidió la renuncia a Massaccesi, uno de sus colaboradores más cercanos dentro del ministerio. El abogado finalmente formalizó su salida tras quedar en el centro de la controversia.
El ahora exjefe de Gabinete había gestionado un crédito hipotecario por casi 420 millones de pesos, uno de los montos más elevados dentro de la lista de préstamos concedidos a integrantes de distintos organismos del Estado, entre ellos ministerios, secretarías, el Banco Central y el Congreso.
Fuentes cercanas a la ministra indicaron que la decisión de apartar a Massaccesi no implica necesariamente una evaluación sobre la legalidad o la forma en que fueron otorgados los créditos. Sin embargo, remarcaron que la obtención de ese préstamo resulta incompatible con la política de austeridad que el Gobierno busca sostener en la administración pública.
En ese sentido, en Capital Humano aseguran que existe una política de “tolerancia cero” frente a situaciones que puedan contradecir el perfil de bajo gasto que intenta proyectar la cartera.
De acuerdo con fuentes oficiales, Pettovello se enteró de la situación de Massaccesi luego de que circulara en redes sociales un listado con los nombres de funcionarios que habían accedido a créditos hipotecarios del Banco Nación.
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En el entorno de la ministra señalaron que no habría existido una consulta previa del funcionario acerca de la conveniencia de tomar ese préstamo mientras ocupaba un cargo dentro del ministerio.
Aunque otros integrantes de Capital Humano también figuran entre los beneficiarios de créditos, el de Massaccesi habría sido el único otorgado después de su ingreso al área.
Massaccesi, hijo del exgobernador de Río Negro Horacio Massaccesi, había sido designado formalmente en agosto de 2024 como jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano.
Su llegada al cargo se produjo en medio de tensiones internas dentro del oficialismo, luego de la salida del productor Fernando Szereszevsky, quien había sido uno de los principales colaboradores de Pettovello.
La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó una denuncia judicial para que se investigue el otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios del equipo económico del Gobierno y legisladores de La Libertad Avanza. Según la presentación, algunos de esos préstamos habrían alcanzado montos equivalentes a hasta 350.000 dólares.
Frade pidió que la Justicia determine si las operaciones se ajustaron estrictamente a los procedimientos habituales de la entidad o si, por el contrario, se flexibilizaron los requisitos que se aplican al resto de los clientes. La legisladora sostuvo que es necesario esclarecer si los fondos administrados por el banco se utilizaron para otorgar beneficios políticos.
Desde el Banco Nación rechazaron las acusaciones y defendieron la legalidad del proceso de otorgamiento de créditos. La directora de la entidad, Carolina Píparo, aseguró que no existieron excepciones ni discrecionalidad en las evaluaciones.
Según explicó, todos los préstamos se analizan mediante un proceso digital que contempla los ingresos y la capacidad de pago del solicitante y de sus eventuales codeudores. “Las condiciones son iguales para todos”, señaló la funcionaria, al remarcar que el banco otorga nueve de cada diez créditos hipotecarios en el país.
En la misma línea, fuentes de la entidad afirmaron que los beneficiarios cumplían con los requisitos establecidos y que el puntaje crediticio les permitía acceder a los montos concedidos.
La denuncia se apoya en información difundida a partir de la base de datos de la Central de Deudores del Banco Central, procesada por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, que sigue la evolución de las deudas declaradas por personas políticamente expuestas.
Entre los funcionarios mencionados aparecen integrantes del equipo económico y dirigentes del oficialismo. Según los datos citados, algunos de los créditos más altos corresponden a Juan Pedro Inchauspe, integrante del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo y director del BICE, ambos con préstamos equivalentes a unos 350.000 dólares.
La presentación judicial también menciona a otros funcionarios y legisladores que habrían accedido a financiamiento hipotecario por montos elevados.
En su presentación, Frade solicitó diversas medidas de prueba para determinar si existieron irregularidades. Entre ellas, pidió que el Banco Nación remita los legajos crediticios completos de los beneficiarios, así como las actas de directorio en las que se aprobaron los préstamos.
Además, solicitó la intervención de peritos contadores para evaluar si las operaciones pudieron generar perjuicios económicos para la entidad y si las condiciones de los créditos —tasas, plazos y garantías— se ajustaron a las normas vigentes.
La investigación también apunta a establecer si hubo vínculos jerárquicos o de otra naturaleza entre quienes aprobaron los créditos y los beneficiarios, y si pudo configurarse algún delito, como tráfico de influencias u otras figuras contempladas en el Código Penal.
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