Abren una instancia que podría cerrar la causa contra Tapia y Toviggino

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, comenzaron a transitar una instancia judicial que podría derivar en el cierre de la causa en la que fueron procesados por presunta retención indebida de impuestos y aportes.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante abrió un procedimiento para analizar la posibilidad de una reparación integral del daño, luego de un planteo presentado por la defensa de Toviggino durante su indagatoria. La estrategia apunta a que, si se acredita la reparación del perjuicio económico, el expediente pueda extinguirse.

En esta etapa deberán opinar todas las partes involucradas: además de Toviggino y Tapia, también los otros dirigentes procesados —Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo—, el fiscal Claudio Navas Rial y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante.

Según argumentó la defensa de Toviggino, la deuda impositiva y previsional que originó la investigación ya fue cancelada por la AFA antes de que se presentara la denuncia penal.

De acuerdo con esa postura, la entidad abonó 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes, junto con los intereses correspondientes, lo que permitiría considerar que el perjuicio económico ya fue reparado.

Los abogados sostienen que el caso puede encuadrarse en el artículo 59 del Código Penal, que prevé la extinción de la acción penal cuando existe conciliación o reparación integral del daño. Ese mecanismo fue utilizado, por ejemplo, en la causa por la fiesta de Olivos que involucró al ex presidente Alberto Fernández y a la ex primera dama Fabiola Yáñez.

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La discusión judicial se centra en si ese mecanismo puede aplicarse en este caso. El régimen penal tributario no contempla expresamente la reparación del daño para el delito de apropiación indebida de tributos, que es el cargo por el cual fueron procesados los dirigentes.

Sin embargo, la defensa argumenta que la normativa reciente vinculada al llamado principio de “inocencia fiscal” apunta a evitar la persecución penal en determinadas deudas cuando existen mecanismos de regularización.

Mientras se analiza el planteo, los procesamientos continúan vigentes, al igual que los embargos dispuestos en la causa y la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino.